Referencias documentales

Con datos recopilados bajo la supervisión de la Junta de Revisión Institucional de la Universidad de New Hampshire, este estudio analiza las prácticas de bienestar en las fuerzas policiales Estadounidenses que investigan crímenes de explotación infantil en Internet (CSAM). Mediante entrevistas y encuestas a 54 comandantes y 155 agentes de agencias afiliadas, se detectaron altos niveles de estrés secundario y riesgo de trauma por exposición continua a material de abuso sexual infantil. Aunque un 62% de las agencias tiene programas de bienestar, persisten carencias significativas, especialmente en agencias afiliadas con menos recursos. Los principales obstáculos identificados fueron el estigma de buscar ayuda psicológica, la falta de personal, el exceso de material y la insuficiencia de recursos financieros y técnicos.

Alexis Schutte, concejala de Pawtucket, comparte su experiencia profesional en el sector tecnológico y resalta la vulnerabilidad ciudadana ante el hackeo de cuentas personales en redes sociales. Subraya la importancia de la ciberseguridad tanto a nivel doméstico (uso de contraseñas seguras) como político, recordando la necesidad de representación en el Comité de Ciberseguridad tras la salida de Jim Langevin. Además, llama a la ciudadanía a involucrarse en la vida pública local y estatal, destacando que pequeñas acciones como postularse a cargos o asistir a reuniones pueden generar cambios relevantes. Concluye apelando al lema estatal de Rhode Island: Hope.

El artículo analiza cómo las víctimas de brechas de ciberseguridad pueden demandar a agencias gubernamentales en Louisiana. Propone adoptar criterios federales para el «standing» legal, modificar la Ley de Notificación de Brechas de Seguridad de Bases de Datos de Louisiana (LDSBNL) para incluir daños por exposición de datos, y cerrar vacíos legales que permiten a las agencias evitar responsabilidad. El texto destaca la necesidad de reformas judiciales y legislativas ante el aumento de ciberataques.

Página web de la Comisión Europea que presenta la Ley de Ciberresiliencia (Cyber Resilience Act): normativa propuesta de la UE para reforzar la ciberseguridad de productos de hardware y software con elementos digitales, respondiendo al aumento de vulnerabilidades y costes del cibercrimen y al hecho de que muchos productos actuales carecen de requisitos de seguridad claros. La ley establece requisitos obligatorios de ciberseguridad a lo largo de todo el ciclo de vida de los productos, desde el diseño y desarrollo hasta las actualizaciones de seguridad y la transparencia de sus características, con el fin de reducir vulnerabilidades, facilitar el cumplimiento para fabricantes y permitir a usuarios y empresas elegir y usar productos de forma más segura. Busca armonizar el mercado interior y mejorar la protección de consumidores y negocios frente a amenazas digitales

El informe establece un plan estratégico de la Unión Europea para mejorar el entorno digital de la infancia. Describe el contexto y objetivos de la iniciativa BIK+, que busca hacer de Internet un lugar más seguro, inclusivo y beneficioso para niñas, niños y adolescentes, promoviendo su bienestar, derechos y habilidades digitales. El plan aborda áreas clave como prevención del daño en línea, educación digital y protección frente a riesgos como el acoso y la desinformación, así como la colaboración entre instituciones, plataformas, familias y sociedad civil para crear un ecosistema digital más seguro para menores. El informe incluye directrices, principios y acciones dirigidas a mejorar la seguridad, confianza y participación positiva de los menores en Internet dentro del mercado único digital europeo.

El libro aborda cómo los derechos humanos digitales surgieron y se consolidaron en la UE como respuesta a los desafíos planteados por el uso masivo de datos y la gobernanza digital. Examina la evolución histórica del concepto de derechos humanos digitales, mostrando cómo países europeos y actores no estatales influyeron en su incorporación al marco jurídico europeo, desde los años 1970 hasta la actualidad. El texto analiza las responsabilidades compartidas entre gobierno y sector privado, casos concretos de políticas nacionales y supranacionales, y los procesos mediante los cuales la protección de datos pasó a considerarse un derecho fundamental ante la expansión tecnológica. También reflexiona sobre las implicaciones sociopolíticas y legales de los derechos digitales en ámbitos como privacidad, participación pública y gobernanza del dato dentro de la UE

La web explica que la Declaración sobre derechos y principios digitales es un acuerdo interinstitucional del Consejo de la UE, el Parlamento Europeo y la Comisión que define un marco de derechos y valores europeos en la transformación digital, poniendo a las personas en el centro de ese proceso. Promueve una transformación digital inclusiva, justa, segura y sostenible que respete los valores fundamentales de la UE, como la dignidad, la libertad, la igualdad, el estado de derecho y la democracia, y asegure que la tecnología beneficie a individuos, empresas y sociedad. El texto recalca la importancia de privacidad, control individual de datos, acceso a servicios y educación digitales, conectividad, libertad de elección frente a algoritmos e IA, participación en el espacio público digital, y seguridad online, especialmente para niños y jóvenes. La declaración servirá de referencia para responsables políticos, empresas y otros agentes al desarrollar tecnologías y políticas digitales.

El estudio examina los desafíos éticos y sociales de la «tormenta tecnológica» que se aproxima debido a la convergencia de tecnologías digitales como inteligencia artificial (IA), internet de las cosas (IoT), robótica, blockchain y realidad aumentada/virtual, junto con redes 5G/6G. Analiza cómo esta combinación de tecnologías emergentes creará sistemas sociotécnicos complejos con características como autonomía, interconectividad, opacidad y gran recolección de datos, planteando retos para la privacidad, la equidad, la sostenibilidad energética y la justicia social. El estudio identifica nueve desafíos clave, como impactos en la vida íntima, riesgos cibernéticos y concentración de poder tecnológico, y propone opciones de política pública: gestionar infraestructuras digitales como bienes comunes, instituir un observatorio europeo de tecnologías convergentes, aumentar la alfabetización digital, promover el «diseño para valores» y fomentar la innovación digital orientada a retos sociales.

El programa estatal y local de subvenciones para la ciberseguridad (SLCGP) en Michigan, financiado por el Departamento de Seguridad Nacional, busca mejorar la postura de ciberseguridad de gobiernos locales mediante planes, evaluaciones, formación y adquisición de servicios y tecnologías. En 2023 se aprobaron proyectos que incluyen detección de amenazas, formación profesional, migración a dominios .gov y autenticación multifactor, fortaleciendo la resiliencia digital institucional.

El gobernador Phil Murphy anunció que Nueva Jersey prohíbe el uso de software y servicios de alto riesgo, incluyendo TikTok, en dispositivos estatales gestionados o provistos por el Estado. La medida, coordinada por el NJCCIC y la Oficina de Tecnología de la Información (OIT), exige a las agencias eliminar, bloquear e impedir la instalación de software de riesgo, y capacitar al personal sobre estos riesgos. Excepciones requieren aprobación justificada y mitigación de riesgos. La prohibición responde a preocupaciones de ciberseguridad y privacidad, dado que aplicaciones como TikTok pueden recopilar datos sensibles de los usuarios, exponiendo a los dispositivos estatales a vulnerabilidades.