Referencias documentales

Este artículo detalla un proyecto de ley bipartidista presentado en Ohio (HB 573) que busca prohibir el uso de algoritmos de Inteligencia Artificial para fijar precios mediante la recopilación de datos de competidores. La propuesta surge ante la preocupación de que estas herramientas tecnológicas faciliten una colusión tácita o coordinada, permitiendo que las empresas inflen los costos de productos y servicios de manera artificial, perjudicando al consumidor final. La legislación apunta específicamente a sectores sensibles como la vivienda y el comercio minorista, donde el uso de software de terceros para alinear precios ha sido objeto de escrutinio nacional. El objetivo primordial es proteger la libre competencia en el mercado estatal y evitar que la automatización se convierta en un mecanismo para la manipulación de precios o la formación de monopolios digitales.

Este registro legislativo detalla la propuesta HB 4875 de Illinois, la cual busca regular el uso de materiales protegidos por derechos de autor en el entrenamiento de sistemas de Inteligencia Artificial generativa. La ley obligaría a los desarrolladores de IA a mantener un registro detallado de todos los conjuntos de datos utilizados para entrenar sus modelos y a hacer pública esta información. El objetivo principal es garantizar que los creadores de contenido sean notificados y, potencialmente, compensados cuando sus obras se utilicen para alimentar algoritmos comerciales. Además, el proyecto de ley establece mecanismos de cumplimiento y sanciones para las empresas que no cumplan con estos estándares de transparencia, abordando las crecientes preocupaciones éticas y legales sobre la propiedad intelectual en la era de la automatización y la creación de contenido sintético.

El Gobernador de Pensilvania plantea objetivos relativos a los derechos digitales en sus propuestas presupuestarias para el año 2026. Entre ellos, la modernización de servicios públicos digitales, la conectividad, la gobernanza de infraestructuras tecnológicas y las salvaguardas frente a usos de IA. En primer lugar, se menciona el refuerzo de herramientas de experiencia digital del gobierno (CODE PA) para mejorar procesos y transparencia administrativa, lo que apunta a una relación más eficaz de la ciudadanía con servicios públicos digitales. En segundo lugar, se aborda el impulso a centros de datos y a la economía de la IA, pero condicionado a estándares de “desarrollo responsable” (energía, agua, transparencia y participación comunitaria), conectando tecnología con rendición de cuentas y sostenibilidad. Por último, se proponen protecciones para un uso seguro de IA, especialmente respecto de menores y colectivos vulnerables: verificación de edad, avisos a progenitores ante señales de autolesión/violencia, recordatorios de que se interactúa con IA, y límites a contenido sexual o violento con menores, además de alfabetización digital.

La Maine Artificial Intelligence Task Force Report (octubre 2025) presenta una hoja de ruta estratégica para integrar la inteligencia artificial en el desarrollo económico, educativo, sanitario y gubernamental del estado, equilibrando innovación y protección frente a riesgos. El informe parte de la premisa de que la IA es una fuerza estructural que transformará empleo, servicios públicos y mercados, por lo que Maine debe actuar de forma proactiva. Entre sus recomendaciones destacan fortalecer la alfabetización en IA, modernizar la infraestructura digital y energética, preparar a la fuerza laboral ante posibles disrupciones, proteger la privacidad y mitigar sesgos algorítmicos, y promover usos responsables en el sector público. También propone liderazgo en ámbitos como salud rural y apoyo municipal. El enfoque combina competitividad económica con salvaguardas regulatorias, transparencia y supervisión continua.

El estudio examina los desafíos éticos y sociales de la «tormenta tecnológica» que se aproxima debido a la convergencia de tecnologías digitales como inteligencia artificial (IA), internet de las cosas (IoT), robótica, blockchain y realidad aumentada/virtual, junto con redes 5G/6G. Analiza cómo esta combinación de tecnologías emergentes creará sistemas sociotécnicos complejos con características como autonomía, interconectividad, opacidad y gran recolección de datos, planteando retos para la privacidad, la equidad, la sostenibilidad energética y la justicia social. El estudio identifica nueve desafíos clave, como impactos en la vida íntima, riesgos cibernéticos y concentración de poder tecnológico, y propone opciones de política pública: gestionar infraestructuras digitales como bienes comunes, instituir un observatorio europeo de tecnologías convergentes, aumentar la alfabetización digital, promover el «diseño para valores» y fomentar la innovación digital orientada a retos sociales.

Este estudio del Parlamento Europeo analiza las implicaciones de la transformación digital en grupos sociales vulnerables, como personas con menores ingresos y nivel educativo, personas mayores, personas con discapacidades, grupos étnicos minoritarios y quienes viven en zonas remotas o aisladas. Examina la literatura académica, datos secundarios y tres estudios de caso sobre desigualdad digital en el comercio electrónico, servicios financieros digitales y acceso a la información. El informe revisa la legislación de la UE relacionada con estas áreas y muestra que el digital divide continúa afectando más a ciertos grupos, con brechas persistentes en uso de Internet, e‑commerce y servicios digitales. Propone recomendaciones de políticas europeas, como crear un Observatorio Europeo sobre la Brecha Digital, revalorizar la legislación digital considerando su impacto en vulnerables e incluir programas de cohesión que reduzcan dichas brechas.

El estudio aborda la gobernanza de datos y la IA desde una perspectiva de “justicia de datos”, que prioriza la equidad, la representación de intereses plurales y la creación de bienes públicos dentro de la economía de datos. Analiza cómo el actual marco de la UE —incluyendo el AI Act, el Data Governance Act y el Data Act— articula la producción de valor de datos tanto para fines públicos como privados, pero advierte que carece de una visión normativa global que equilibrie poder, acceso y beneficios. Propone cuatro capacidades para una buena gobernanza: infraestructuras públicas fuertes, inclusividad, mecanismos efectivamente responsables y responsabilidad global. El estudio también explora modelos alternativos de gobernanza de datos (trusts, cooperativas, soberanía de datos) y ofrece opciones políticas para democratizar el control de datos y la IA, fortalecer el valor público y garantizar que los derechos y beneficios se distribuyan de forma equitativa en la sociedad europea.

Malta ha alcanzado cobertura total de VHCN y 5G y muestra un buen nivel de digitalización empresarial, con un 81,3 % de empresas adoptando tecnologías digitales y un 17,3 % utilizando IA, por encima de la media de la UE. El país destaca por la digitalización avanzada de servicios públicos, que funcionan bien tanto para ciudadanos como para empresas. La población tiene un 63 % de competencias digitales básicas, aunque persisten brechas ligadas al nivel educativo y la proporción de especialistas TIC (5,2 %) sigue siendo mejorable, especialmente en equilibrio de género. La hoja de ruta incluye 66 medidas con un presupuesto de ~285 M € (~1,27 % del PIB) para 2025, alineadas con objetivos de inclusión digital y sostenibilidad. Se recomienda fortalecer la adopción tecnológica en pymes y promover carreras TIC entre mujeres.

En el informe se explica que Países Bajos lidera en innovación digital, con infraestructura de conectividad sólida y alta cobertura de banda ancha y 5G, y una estrategia tecnológica nacional que prioriza semiconductores, IA, ciberseguridad y tecnologías cuánticas, aunque afronta reducción de inversión pública en innovación y educación digital. Las PYMEs rezagan en adopción de tecnologías clave como IA y se recomienda mejorar coordinación y recursos para su digitalización. El país destaca por un perfil fuerte de habilidades digitales y compromiso con combatir la desinformación y proteger a niños en línea, pero enfrenta escasez de especialistas TIC y desequilibrios de género en el sector. Se lanzó un Plan de Digitalización Sostenible y la transformación digital recibe financiación a través de fondos de recuperación y cohesión del RRP y fondos de cohesión. La mayoría de ciudadanos considera que la digitalización facilita la vida y que es clave mitigar fake news y apoyar el crecimiento de empresas europeas competitivas.

Polonia tiene conectividad fija robusta, destaca en digitalización de servicios públicos y avanza en computación cuántica e IA, pero las pymes adoptan lentamente tecnologías avanzadas y el despliegue de 5G está retrasado. El nivel de habilidades digitales es bajo, con brechas urbano‑rurales, y hay escasez de especialistas TIC, lo que frena la innovación empresarial. El país cuenta con una hoja de ruta de 55 medidas y €12,4 mil millones (≈1,47 % del PIB) para acelerar la transformación digital. Polonia reconoce la importancia de la transformación digital verde e impulsa financiación significativa desde el Plan de Recuperación y fondos de cohesión. Según el Eurobarómetro, la mayoría de ciudadanos cree que la digitalización facilita la vida y que es importante combatir la desinformación online y apoyar el crecimiento de empresas europeas.