Referencias documentales

El Senado de Dakota del Sur, a pesar de tener una mayoría republicana, aprobó de manera contundente el proyecto de ley SB 110, que impone estrictas normas de privacidad a los proveedores de servicios de internet (ISP). La medida «resucitó» tras haber sido rechazada inicialmente en comité y establece que los ISPs no pueden usar, vender ni compartir información personal de sus clientes sin obtener primero su consentimiento expreso (opt-in). El senador Michael Rohl, impulsor de la ley, defendió la necesidad de proteger los datos digitales de los ciudadanos ante la falta de una ley federal integral. Por su parte, la industria de telecomunicaciones ha criticado la medida, argumentando que crea un mosaico de regulaciones estatales inconsistentes que dificultan la prestación de servicios de banda ancha. El proyecto ahora se dirige a la Cámara de Representantes y al despacho del gobernador para su posible conversión en ley.

El artículo detalla las prioridades legislativas del Fiscal General de Dakota del Sur, Marty Jackley, para la sesión de 2026. Entre los puntos clave destaca la creación de protecciones para los datos de ADN, exigiendo que las empresas que recolectan material genético informen claramente sobre sus políticas de privacidad y prohíban la venta de esta información sin consentimiento expreso. También se propone penalizar la creación y difusión de deepfakes de contenido sexual no consentido, clasificándolos como un delito grave. Además, el paquete incluye medidas para combatir el tráfico de drogas en prisiones y agilizar el acceso de los investigadores a datos de usuarios en casos de delitos por internet contra menores. Finalmente, se busca actualizar las leyes de reuniones públicas para permitir sesiones ejecutivas cerradas cuando se discutan vulnerabilidades de ciberseguridad, equilibrando la transparencia gubernamental con la seguridad de la infraestructura estatal.

Esta guía detalla el marco legal de protección de datos en Dakota del Norte, destacando la Ley de Notificación de Brechas de Seguridad (N.D. Cent. Code §§ 51-30-01 a 51-30-07). Establece que cualquier entidad que sufra una vulneración de datos no encriptados debe notificar a los residentes afectados y, si la brecha supera las 250 personas, informar obligatoriamente al Fiscal General. Además, se analiza la nueva ley H.B. 1127, vigente desde agosto de 2025, que impone requisitos estrictos de ciberseguridad a corporaciones financieras no bancarias, incluyendo la creación de programas de seguridad por escrito y evaluaciones de riesgo. El documento subraya que, aunque no existe una ley de privacidad integral para consumidores como en otros estados, el Fiscal General tiene facultades para sancionar prácticas engañosas relacionadas con la gestión de datos personales.

Esta categoría agrupa las transmisiones mensuales de la radio WQUD 107.7 FM, donde Todd McGreevy y Aaron Dail analizan en profundidad los reportajes de investigación del River Cities’ Reader. El contenido se centra en temas críticos de gobernanza local y libertades civiles en la región de Quad Cities (Illinois/Iowa). Entre los temas recurrentes destacan las denuncias sobre el uso de lectores automáticos de matrículas (ALPR) como herramientas de rastreo sin orden judicial y la falta de transparencia en las oficinas electorales locales. Los diálogos también abordan el impacto de la inteligencia artificial en la propaganda moderna, la defensa de la libertad de expresión y la fiscalización de la burocracia estatal. El podcast se posiciona como un espacio de escepticismo ante las narrativas oficiales, instando a la audiencia a cuestionar el uso de datos personales por parte del gobierno y a exigir una rendición de cuentas rigurosa a sus representantes locales.

Este artículo anuncia la introducción de un paquete de proyectos de ley bipartidistas en Michigan diseñados para establecer «barreras de seguridad» en el uso de la tecnología de lectores automáticos de matrículas (ALPR). La legislación busca equilibrar la eficacia de estas herramientas en la lucha contra el crimen con la protección de las libertades civiles de los ciudadanos. Entre las medidas propuestas, se incluyen límites estrictos sobre cuánto tiempo pueden las agencias policiales conservar los datos de las matrículas (proponiendo un máximo de 30 días si no hay una investigación activa) y la prohibición de vender esta información a terceros o utilizarla para fines no relacionados con la seguridad pública. Los legisladores argumentan que, sin una regulación clara, el uso indiscriminado de esta tecnología podría derivar en una vigilancia masiva injustificada, por lo que es imperativo codificar protocolos de transparencia y rendición de cuentas.

Este artículo detalla una demanda colectiva presentada en Illinois contra Microsoft, alegando que su plataforma «Teams» recolecta y almacena datos biométricos de los usuarios —específicamente huellas de voz— sin obtener el consentimiento previo y por escrito requerido por la ley BIPA. La demanda sostiene que las funciones de transcripción y subtitulado en tiempo real de la aplicación analizan las características vocales únicas de los participantes para identificar a los oradores, lo cual constituye una infracción a la privacidad si no se informa debidamente al usuario. El caso resalta el creciente escrutinio legal sobre las herramientas de colaboración remota y los riesgos de responsabilidad multimillonaria que enfrentan las grandes tecnológicas cuando sus funciones de inteligencia artificial interactúan con datos biométricos en jurisdicciones con leyes de privacidad estrictas como las de Illinois.

Este artículo analiza el creciente desafío que enfrentan los líderes del comercio electrónico B2B en 2026 debido a la proliferación de leyes estatales de privacidad en Estados Unidos. Aunque muchas de estas normativas son percibidas como leyes de consumo, el texto advierte que su impacto operativo se extiende profundamente a las transacciones entre empresas, ya que los sitios B2B recopilan datos personales críticos como correos electrónicos, identificadores IP y telemetría de uso. Los puntos de intersección clave incluyen la necesidad de realizar inventarios de datos precisos, actualizar los avisos de privacidad estado por estado y revisar los contratos con proveedores tecnológicos. En última instancia, el cumplimiento de la privacidad debe dejar de ser una función aislada de IT o legal para integrarse en las estrategias de marketing, análisis y soporte de cualquier plataforma moderna de comercio digital.

Este artículo analiza el complejo y cambiante panorama de las leyes de privacidad de datos en los Estados Unidos que entran en vigor a partir de 2024. Ante la ausencia de una legislación federal integral, los autores destacan cómo diversos estados —incluyendo Texas, Oregón, Montana y Florida— han implementado sus propias normativas para proteger la información de los consumidores. El texto enfatiza la necesidad de que las empresas revisen y actualicen urgentemente sus políticas de privacidad para cumplir con requisitos específicos sobre el manejo de datos sensibles y los derechos de los usuarios. Además, advierte que las organizaciones deben adoptar marcos de cumplimiento flexibles que les permitan navegar por este mosaico de regulaciones estatales, evitando así sanciones y garantizando la transparencia en el tratamiento de la información personal en un entorno digital cada vez más regulado.

El 1 de enero de 2026 marca un hito en la privacidad de EE. UU. con la implementación de nuevas leyes en Indiana, Kentucky y Rhode Island. Indiana (INCDPA) y Kentucky (KCDPA) presentan marcos favorables para las empresas, limitando la definición de «venta» de datos a transacciones estrictamente monetarias y omitiendo la obligación de reconocer señales de exclusión universal. Ambas leyes ofrecen un periodo de subsanación de 30 días para corregir infracciones. En cambio, Rhode Island (RIIDTPPA) es más estricto, exigiendo identificar a los terceros específicos que reciben datos y eliminando el periodo de gracia. Oregon introduce enmiendas críticas que prohíben la venta de geolocalización precisa y datos de menores de 16 años, además de activar el soporte obligatorio para mecanismos de exclusión universal como el GPC, junto con Delaware. Por último, California estrena DROP, una plataforma para gestionar solicitudes de eliminación masiva de datos ante corredores de información

A colación de un litigio clave en Pensilvania sobre el control y acceso a copias digitales de archivos históricos públicos. El conflicto enfrenta a un genealogista y activista del acceso a la información con la Pennsylvania Historical and Museum Commission y la empresa privada Ancestry, a raíz de un acuerdo de 2008 que permitió a esta última digitalizar millones de documentos históricos estatales. El debate jurídico gira en torno a si esas copias digitales y sus metadatos constituyen registros públicos accesibles conforme a la Right-to-Know Law, pese a estar en manos de un contratista privado. Mientras la agencia sostiene que no posee los archivos y Ancestry defiende su carácter propietario, el demandante argumenta que la digitalización forma parte de una función pública. La decisión judicial puede redefinir el alcance del acceso ciudadano a datos históricos digitalizados.