Referencias documentales

El artículo detalla que, tras siete años de debates legislativos, Oklahoma está a punto de aprobar una ley integral de privacidad. El 19 de febrero de 2026, la Cámara de Representantes aprobó el proyecto SB 546 por 84-4, adoptando un texto de compromiso que se alinea principalmente con el modelo de la Virginia Consumer Data Protection Act. La norma se aplicaría a empresas que controlen o procesen datos de al menos 100.000 habitantes del estado o 25.000 consumidores si el 50 % de sus ingresos proviene de la venta de datos. Incluye derechos de acceso, supresión y exclusión de publicidad dirigida, así como evaluaciones de impacto para ciertas actividades de tratamiento. Si es promulgada, entrará en vigor el 1 de enero de 2027, con un periodo de subsanación de 30 días y aplicación exclusiva por parte del fiscal general.

El artículo explica que Oklahoma modificó por primera vez desde 2008 su ley de notificación de brechas de datos mediante el proyecto de ley SB 626, cuyas disposiciones entran en vigor el 1 de enero de 2026. La reforma amplía la definición de “información personal” para incluir identificadores electrónicos y datos biométricos como huellas dactilares o escaneos de retina. También introduce la obligación de notificar al fiscal general cuando una brecha afecte a 500 residentes o más, dentro de los 60 días posteriores a la notificación a los individuos.

El artículo —Parte I de un análisis más amplio— examina las nuevas leyes de Luisiana de 2025 sobre privacidad infantil en entornos digitales, centradas especialmente en el uso de aplicaciones, tiendas de apps y plataformas en línea por parte de menores. Aunque el contenido completo está protegido detrás de DataGuidance, las referencias públicas de la autora y de DataGuidance indican que esta primera parte se enfoca en las protecciones online, similar a medidas adoptadas en Texas y otros estados.

El artículo describe nuevas iniciativas legislativas en Virginia destinadas a limitar el comportamiento de chatbots de IA, especialmente en interacciones sensibles con menores. La propuesta surge tras un caso en el que un joven buscó apoyo emocional en un chatbot antes de suicidarse, motivando a legisladores a reforzar las salvaguardias. Se plantean restricciones para impedir que agentes conversacionales imiten apoyo terapéutico y exigir redirecciones hacia asistencia humana cuando detecten lenguaje de riesgo. También se proponen medidas contra deepfakes y sistemas automatizados de compra masiva de entradas. Estas iniciativas forman parte de un esfuerzo estatal más amplio para revisar y actualizar la regulación de IA bajo una orden ejecutiva del gobernador.

El artículo explica que una nueva ley de Virginia entró en vigor limitando a los menores a una hora diaria de uso de redes sociales, salvo que un padre autorice más tiempo mediante verificación de edad. La normativa, firmada por el gobernador Glenn Youngkin, exige que las plataformas identifiquen si un usuario es menor y apliquen los límites correspondientes. Sus defensores sostienen que busca establecer controles para reducir la exposición de los jóvenes a los efectos negativos del uso excesivo de redes sociales. La medida llega en un contexto en el que varios estados intentan regular el uso de redes sociales por parte de menores. La ley enfrenta una impugnación judicial presentada por NetChoice, que argumenta que la regulación es inconstitucional. Otros estados han tenido resultados diversos en la implementación de leyes similares.

El artículo explica que, a partir del 1 de enero de 2026, Virginia aplica una nueva ley que limita a una hora diaria el uso de redes sociales para menores de 16 años, salvo que un progenitor otorgue un consentimiento verificable. Las plataformas deben identificar la edad de los usuarios mediante métodos razonables y usar cualquier dato recogido exclusivamente para verificación de edad. La norma forma parte de una actualización de la Consumer Data Protection Act del estado. Sus defensores afirman que la medida busca reducir la exposición excesiva a redes sociales y mejorar la salud mental juvenil. La ley enfrenta una demanda de grupos de la industria tecnológica que argumentan preocupaciones de libertad de expresión. El artículo también ofrece consejos prácticos para que las familias fomenten hábitos digitales saludables.

El artículo explica que, ante la creciente integración de inteligencia artificial en el gobierno estatal, la jefa de privacidad de Carolina del Norte, Martha Wewer, considera que la clasificación de datos es el paso fundamental para adoptar la tecnología de forma segura. Wewer, quien asumió el cargo en mayo de 2025, lidera un proyecto para identificar y clasificar los datos estatales según su sensibilidad, ubicación y posibles riesgos, con el fin de determinar qué conjuntos pueden usarse en sistemas de IA, cuáles requieren anonimización y cuáles no son adecuados. También destaca que el gobernador Josh Stein firmó una orden ejecutiva para crear un marco estatal de IA, un consejo de liderazgo y un acelerador dentro del Departamento de Tecnología, reforzando la prioridad gubernamental de un uso seguro y confiable de la IA. Wewer subraya que una clasificación adecuada permitirá evitar filtraciones de datos sensibles y mejorar la coordinación entre agencias, que ya protegen la información pero requieren procesos más estandarizados para afrontar los desafíos de la IA.

El artículo informa que el 5 de febrero de 2026 Carolina del Sur aprobó la Age-Appropriate Code Design (SC AACD), convirtiéndose en el quinto estado en adoptar un código de diseño apropiado para menores. La ley entró en vigor inmediatamente y establece estrictos requisitos de privacidad y seguridad para servicios en línea razonablemente accesibles a menores, incluyendo un deber de cuidado en el diseño, límites en el uso de datos y obligaciones de evaluación. Asimismo, impone responsabilidad civil significativa, con posibilidad de daños triplicados y responsabilidad personal para empleados por violaciones dolosas. La norma enfrenta ya un desafío legal por parte de una asociación del sector. El texto también explica que el alcance del SC AACD se basa en criterios de conocimiento efectivo de la edad del usuario o de si un servicio está dirigido a menores bajo COPPA, lo que lo hace más estrecho que otros códigos estatales.

Polonia tiene conectividad fija robusta, destaca en digitalización de servicios públicos y avanza en computación cuántica e IA, pero las pymes adoptan lentamente tecnologías avanzadas y el despliegue de 5G está retrasado. El nivel de habilidades digitales es bajo, con brechas urbano‑rurales, y hay escasez de especialistas TIC, lo que frena la innovación empresarial. El país cuenta con una hoja de ruta de 55 medidas y €12,4 mil millones (≈1,47 % del PIB) para acelerar la transformación digital. Polonia reconoce la importancia de la transformación digital verde e impulsa financiación significativa desde el Plan de Recuperación y fondos de cohesión. Según el Eurobarómetro, la mayoría de ciudadanos cree que la digitalización facilita la vida y que es importante combatir la desinformación online y apoyar el crecimiento de empresas europeas.

Portugal muestra crecimiento estable en digitalización de servicios públicos, con alto acceso a historiales de salud electrónicos y redes de conectividad robustas (5G y gigabit), aunque su uso está por debajo de la media europea. La adopción de IA y tecnologías avanzadas por las empresas es lenta, y las habilidades digitales básicas están por debajo del promedio de la UE, con brechas según nivel educativo y edad. El país tiene 157 medidas y €2.15 mil millones para impulsar la transformación digital y está implementando la agenda Digital and Smart Nation, abordando también desafíos territoriales y ambientales. El acceso a servicios digitales ha mejorado, hay crecimiento de especialistas TIC (incluidas mujeres), y los ciudadanos valoran positivamente la digitalización y la necesidad de mitigar la desinformación en línea.