Referencias documentales

En estados como Pensilvania ya se empiezan a materializar los riesgos que la inteligencia artificial plantea para los derechos digitales vinculados a la identidad personal. Jennifer Rothman, experta en derecho de la publicidad y privacidad, analiza cómo las tecnologías de clonación de voz, deepfakes y réplicas digitales tensionan los límites entre propiedad intelectual, privacidad y libertad de expresión. Rothman advierte que los marcos jurídicos actuales, incluidos proyectos legislativos como el NO FAKES Act, pueden legitimar usos engañosos de la identidad humana al permitir licencias amplias y transferibles sobre nombre, voz o imagen, incluso sin control efectivo de la persona afectada. El texto subraya el peligro de convertir la identidad en un activo comercial alienable, erosionando derechos fundamentales y facilitando la manipulación del público. Frente a ello, defiende que el consentimiento específico y la no decepción pública sean criterios centrales, alertando también contra un exceso de protección que pueda vulnerar la libertad de información y expresión.

La web explica que la Declaración sobre derechos y principios digitales es un acuerdo interinstitucional del Consejo de la UE, el Parlamento Europeo y la Comisión que define un marco de derechos y valores europeos en la transformación digital, poniendo a las personas en el centro de ese proceso. Promueve una transformación digital inclusiva, justa, segura y sostenible que respete los valores fundamentales de la UE, como la dignidad, la libertad, la igualdad, el estado de derecho y la democracia, y asegure que la tecnología beneficie a individuos, empresas y sociedad. El texto recalca la importancia de privacidad, control individual de datos, acceso a servicios y educación digitales, conectividad, libertad de elección frente a algoritmos e IA, participación en el espacio público digital, y seguridad online, especialmente para niños y jóvenes. La declaración servirá de referencia para responsables políticos, empresas y otros agentes al desarrollar tecnologías y políticas digitales.

Irlanda muestra un sólido desempeño en infraestructura y servicios públicos digitales, con amplia cobertura de redes de muy alta capacidad y liderazgo en ciberseguridad. Mantiene un ecosistema dinámico de startups, aunque el crecimiento de especialistas TIC se desacelera y persisten limitaciones en el acceso a servicios de e-salud. La hoja de ruta nacional para la Década Digital contempla 81 medidas con una inversión de 9.200 millones de euros (casi el 1 % del PIB), orientadas a conectividad, digitalización empresarial y transición verde. Según el Eurobarómetro de la Comisión Europea, el 77 % de la población considera que la digitalización facilita su vida, el 92 % apoya medidas contra la desinformación y el 93 % respalda fortalecer la competitividad global de las empresas europeas. Además, una clara mayoría estima prioritario que las tecnologías digitales contribuyan a la transición ecológica.

El informe explica que Hungría tiene una infraestructura digital sólida, con una cobertura de banda ancha y redes avanzadas bien desarrolladas, y el acceso a registros de salud electrónicos (e‑Health) está por encima de la media de la UE. No obstante, la digitalización de las pymes y la adopción de tecnologías avanzadas como IA siguen rezagadas, principalmente por la escasez de habilidades digitales. El país cuenta con una hoja de ruta de 44 medidas y 2 489 M € para impulsar su transformación digital. Persisten brechas digitales entre zonas urbanas y rurales y grupos con menor educación, lo que exige políticas de inclusión. El informe incluye recomendaciones para acelerar la digitalización empresarial y fomentar la inclusión y formación digital. También destaca inversiones en semiconductores y otras tecnologías de base. Según el Eurobarómetro, la mayoría de los ciudadanos valora que la digitalización facilite la vida y ven importante combatir la desinformación en línea.

Grecia avanza en la conectividad gigabit y cobertura 5G, situándose entre los más altos de la UE y acogerá una de las primeras IA Factories, pero la adopción de tecnologías digitales por pymes sigue siendo un reto. Su hoja de ruta incluye 125 medidas con 6,1 ‭ miles millones € para la transformación digital. El país ha lanzado un proyecto de infraestructura eID integrado con carteras gubernamentales y la app “Kids Wallet” para proteger a menores en línea. Aun así, falta personal TIC y parte de los servicios públicos digitales aún no están completamente online. Grecia también impulsa inversiones en centros de datos verdes y una parte significativa del plan de recuperación apoya la digitalización. Según el Eurobarómetro, la mayoría percibe que la digitalización facilita la vida y valora mitigar la desinformación.

Alemania destaca en tecnologías avanzadas como semiconductores y nodos de borde y su cobertura 5G casi alcanza el objetivo de la Década Digital, pero la disponibilidad de fibra hasta el hogar (FTTP) es baja, alrededor de la mitad de la media de la UE, y debe acelerarse el despliegue de redes de muy alta capacidad. El informe señala progresos en capacidades digitales básicas (p. ej., iniciativa DigitalPakt Schule) y en conectar profesionales sanitarios a historiales electrónicos, aunque faltan especialistas TIC y la adopción de eID es débil, lo que limita la digitalización de servicios públicos. Alemania también supera la media de la UE en el reciclaje de dispositivos electrónicos y ha asignado un presupuesto de 102 100 M € para su hoja de ruta digital, de los cuales 46 800 M € son públicos.

El libro aborda cómo los derechos humanos digitales surgieron y se consolidaron en la UE como respuesta a los desafíos planteados por el uso masivo de datos y la gobernanza digital. Examina la evolución histórica del concepto de derechos humanos digitales, mostrando cómo países europeos y actores no estatales influyeron en su incorporación al marco jurídico europeo, desde los años 1970 hasta la actualidad. El texto analiza las responsabilidades compartidas entre gobierno y sector privado, casos concretos de políticas nacionales y supranacionales, y los procesos mediante los cuales la protección de datos pasó a considerarse un derecho fundamental ante la expansión tecnológica. También reflexiona sobre las implicaciones sociopolíticas y legales de los derechos digitales en ámbitos como privacidad, participación pública y gobernanza del dato dentro de la UE

El informe establece un plan estratégico de la Unión Europea para mejorar el entorno digital de la infancia. Describe el contexto y objetivos de la iniciativa BIK+, que busca hacer de Internet un lugar más seguro, inclusivo y beneficioso para niñas, niños y adolescentes, promoviendo su bienestar, derechos y habilidades digitales. El plan aborda áreas clave como prevención del daño en línea, educación digital y protección frente a riesgos como el acoso y la desinformación, así como la colaboración entre instituciones, plataformas, familias y sociedad civil para crear un ecosistema digital más seguro para menores. El informe incluye directrices, principios y acciones dirigidas a mejorar la seguridad, confianza y participación positiva de los menores en Internet dentro del mercado único digital europeo.

La web explica que la identificación electrónica (eID) en la Unión Europea es una herramienta clave para garantizar acceso seguro a servicios en línea y transacciones digitales, actuando como prueba digital de identidad para personas y empresas, especialmente en ámbitos sensibles como la banca. Antes de 2014, la falta de una base jurídica común dificultaba el reconocimiento mutuo de identidades electrónicas entre Estados miembros; el Reglamento eIDAS de 2014 estableció ese marco y permitió la interoperabilidad transfronteriza, aunque con adopción limitada. Para responder a la expansión de servicios digitales y crecientes preocupaciones sobre privacidad, la UE ha actualizado el marco con el Reglamento de Identidad Digital Europea (EUDI) de 2024, que introduce carteras digitales de identidad seguras y privadas que dan a los ciudadanos control sobre sus datos personales y facilitan su uso en toda la UE. La Comisión ha fijado objetivos, como que todos los ciudadanos tengan acceso a una identificación electrónica segura reconocida en toda la Unión para 2030.

La web explica la Regulación sobre la Identidad Digital Europea (EUDI) que establece un marco legal para una identidad digital común en la Unión Europea que permitirá a ciudadanos y empresas disponer de carteras digitales de identidad fiables, seguras e interoperables en toda la UE. Estas carteras vinculan la identidad nacional con atributos personales (como carnés de conducir, títulos o cuentas bancarias) y permiten a los usuarios controlar qué datos comparten al acceder a servicios digitales públicos y privados, reduciendo el intercambio de datos innecesarios. El reglamento mejora el anterior marco eIDAS y armoniza la seguridad y ciberseguridad de las soluciones de identidad digital en la UE, promoviendo transparencia, confianza y facilidad de uso. Los Estados miembros deben ofrecer estas carteras digitales a más tardar a finales de 2026. Las carteras también facilitan firmas electrónicas, servicios de confianza y aumentan la seguridad y eficiencia en transacciones en línea, con beneficios para ciudadanos, gobiernos, proveedores de servicios y la sociedad en general.