Referencias documentales

El informe presenta orientaciones prácticas para docentes de primaria y secundaria con el objetivo de fortalecer la alfabetización digital, promover el uso seguro y responsable de las tecnologías y aumentar la resiliencia frente a la desinformación. Proporciona conocimientos pedagógicos especializados, ejemplos de actividades y consejos para fomentar el pensamiento crítico, crear un ambiente de confianza y abordar temas sensibles en el aula. Estas directrices forman parte del Plan de Acción de Educación Digital 2021–2027 de la Comisión Europea y son el resultado del trabajo de un grupo de expertos, con enfoque en mejorar la sensibilización y el conocimiento sobre desinformación y competencias digitales entre estudiantes y educadores.

La noticia explica que la Comisión Europea ha iniciado una nueva investigación formal contra la plataforma X (antes Twitter) y su sistema de IA Grok bajo la DSA para evaluar si la empresa ha identificado y mitigado correctamente los riesgos sistémicos asociados con las funcionalidades de Grok en la UE, especialmente el posible reparto y generación de contenido ilegal o dañino, incluidos materiales manipulados sexualmente explícitos y posiblemente material relacionado con abuso sexual infantil. La investigación también extiende procedimientos previos sobre los sistemas de recomendación de X para comprobar si cumple sus obligaciones de gestión de riesgos conforme a la DSA, y la Comisión recopilará pruebas y podrá imponer medidas adicionales si no se ajusta la plataforma a esos requisitos.

La página web “Digital Services Act: Questions and Answers” explica de forma clara y estructurada las preguntas frecuentes sobre la Ley de Servicios Digitales (DSA) de la Unión Europea, un conjunto de normas para regular las responsabilidades de los servicios digitales en toda la UE. Cubre qué es la DSA, por qué es necesaria y cómo interactúa con otras normas como el RGPD, y aclara diferencias con el Digital Markets Act (DMA). Describe cómo protege la DSA a los usuarios, reforzando derechos fundamentales, facilitando la denuncia de contenidos ilícitos, aumentando transparencia publicitaria, prohibiendo dark patterns y ofreciendo opciones de recursos ante moderación de contenidos. También detalla quién hace cumplir la DSA, el papel de los coordinadores nacionales y qué se considera plataformas de muy gran tamaño. La página responde además a cuestiones sobre responsabilidad de contenido y protección de menores en línea.

El informe examina cómo los sitios web y aplicaciones que infringen los derechos de propiedad intelectual (IPR) generan ingresos mediante la venta de espacios publicitarios y qué tipos de anuncios se muestran en ellos. El estudio, realizado por el grupo White Bullet para la UE, monitorizó miles de sitios y apps infractores entre enero y noviembre de 2024 para medir el volumen estimado de impresiones publicitarias, los tipos de anuncios (incluyendo marcas conocidas, contenido patrocinado y publicidad fraudulenta) y los sectores con mayor presencia publicitaria. Los resultados muestran un uso significativo de publicidad de marcas legítimas en páginas y apps infractoras, lo que puede darles una apariencia de legitimidad y confundir a los consumidores sobre la legalidad del contenido. El informe también estima los ingresos publicitarios asociados y contextualiza los resultados respecto al Memorando de Entendimiento sobre publicidad y derechos de IP, con el fin de apoyar políticas para limitar los ingresos ilícitos derivados de la publicidad en plataformas que vulneran IPR.

El artículo explica que entran en vigor nuevas exigencias de la Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea, que imponen a los modelos de IA generativa —como ChatGPT, Gemini o Grok— obligaciones de transparencia y seguridad para evitar posibles multas de hasta el 7 % de la facturación global o 35 millones € por infracciones. Bajo esta normativa, los sistemas de IA deben implementar criterios que respeten los derechos de autor y cumplir con normas de protección y trazabilidad, alineándose con el marco legal europeo para garantizar la protección de contenidos protegidos y la no vulneración de derechos fundamentales. El régimen forma parte de un despliegue progresivo de la regulación hasta 2027, en el que los desarrolladores deben demostrar conformidad para operar en el mercad

El informe establece un plan estratégico de la Unión Europea para mejorar el entorno digital de la infancia. Describe el contexto y objetivos de la iniciativa BIK+, que busca hacer de Internet un lugar más seguro, inclusivo y beneficioso para niñas, niños y adolescentes, promoviendo su bienestar, derechos y habilidades digitales. El plan aborda áreas clave como prevención del daño en línea, educación digital y protección frente a riesgos como el acoso y la desinformación, así como la colaboración entre instituciones, plataformas, familias y sociedad civil para crear un ecosistema digital más seguro para menores. El informe incluye directrices, principios y acciones dirigidas a mejorar la seguridad, confianza y participación positiva de los menores en Internet dentro del mercado único digital europeo.

El informe estudia por primera vez la relación entre creadores de contenido digital y los derechos de propiedad intelectual (IP) en la UE. Analiza cómo 300 influencers de Instagram, TikTok y YouTube perciben, usan y respetan los derechos de autor, marcas y diseños en su actividad profesional, que para la mayoría es una fuente de ingresos. El informe muestra que solo una minoría tiene registrados sus propios derechos de IP, a pesar de que la posesión de estos está asociada a un mayor desarrollo empresarial. La mayoría de influencers se siente responsable de su contenido y evita promover productos falsificados o contenido pirata, aunque existe variación en la familiaridad con normas de IP. El informe también aborda el uso y riesgos de la inteligencia artificial y propone acciones futuras para aumentar la capacitación y sensibilización sobre IP entre los creadores y los legisladores

Web en la que se explica el Digital Fairness Act (DFA): una iniciativa legislativa de la Comisión Europea (actualmente en preparación) para reforzar la protección y la equidad del consumidor en el entorno digital, ampliando la legislación existente como el Digital Services Act. Está diseñado para luchar contra prácticas comerciales problemáticas online adaptadas a la era digital, como dark patterns (diseños manipulativos), diseños adictivos, personalización injusta, marketing engañoso de influencers, prácticas de suscripción complicadas y otros casos de explotación de vulnerabilidades de consumidores, con especial atención a menores. El acto también busca simplificar las reglas para las empresas y garantizar un marco coherente de protección para los usuarios. La Comisión abrió una consulta pública en 2025 y planea presentar la propuesta legislativa en el cuarto trimestre de 2026.

La página web explica que la Ley de Servicios Digitales (Digital Services Act, DSA) como reglamento de la Unión Europea que establece normas claras y obligatorias para los servicios en línea y plataformas digitales que operan en toda la UE, como redes sociales, mercados en línea y tiendas de aplicaciones, con el objetivo de crear un entorno digital más seguro, responsable y transparente. La DSA protege los derechos de los usuarios reforzando la lucha contra contenido ilegal y nocivo, ofreciendo mecanismos de transparencia en moderación de contenidos, requisitos sobre publicidad y protección de menores, y opciones de recursos para decisiones de moderación. También adapta las obligaciones según el tamaño y el impacto de cada plataforma y posibilita una aplicación uniforme en los Estados miembros bajo supervisión nacional y de la Comisión Europea.

La página web explica que la Ley de Mercados Digitales (Digital Markets Act, DMA) como conjunto de normas de la Unión Europea destinado a garantizar una competencia leal en el sector digital, especialmente entre los grandes actores tecnológicos y las pequeñas plataformas. Fue firmada por el Consejo y el Parlamento Europeo el 14 de septiembre de 2022 y entró en vigor el 2 de mayo de 2023. La DMA define criterios objetivos para identificar a las grandes plataformas dominantes, llamadas “guardianes de acceso”, que tienen una gran base de usuarios y una posición de mercado dominante. A estas empresas se les imponen obligaciones y prohibiciones (por ejemplo, no promocionar sus propios productos, no limitar métodos de pago ni reutilizar datos entre servicios) para evitar prácticas desleales y fomentar la innovación, la elección del consumidor y condiciones más justas para las pymes. El incumplimiento puede acarrear multas de hasta el 10 % o incluso 20 % del volumen de negocio global.