Referencias documentales

Primeros principios intergubernamentales sobre IA, adoptados el 22 de mayo de 2019 y actualizados en mayo de 2024. Respaldados por el G20 en la Cumbre de Osaka. Establecen cinco principios de confiabilidad. La OCDE confirma que la UE, el Consejo de Europa, los EE.UU. y la ONU han adoptado su definición de sistema de IA en sus marcos regulatorios. 47 adherentes.

Primer instrumento de vocación universal sobre ética de la IA, adoptado por unanimidad de los 193 Estados miembros el 23 de noviembre de 2021. Establece diez principios incluyendo proporcionalidad, equidad, privacidad, supervisión humana, transparencia, explicabilidad y rendición de cuentas. Ha servido de referencia conceptual para la negociación del Convenio Marco del Consejo de Europa sobre IA (CETS n.º 225), que lo cita expresamente en su Memorando Explicativo.

Publicada el 19 de octubre de 2025, esta guía analiza el explosivo panorama de leyes de privacidad en EE. UU., proyectando que 20 estados tendrán leyes integrales vigentes a finales de 2025. Detalla ocho nuevas leyes que entraron en vigor durante 2025, incluyendo las de Delaware, Iowa, Nebraska, Nueva Hampshire, Nueva Jersey, Tennessee, Minnesota y Maryland. La guía desglosa sus umbrales de aplicabilidad, derechos del consumidor (acceso, eliminación, corrección, exclusión de venta de datos y publicidad dirigida), y obligaciones para las empresas. También destaca las variaciones clave entre estados, como los diferentes plazos para subsanar incumplimientos, las definiciones de «datos sensibles» y las exenciones (para pequeñas empresas o entidades reguladas por leyes federales como HIPAA). El objetivo es proporcionar una hoja de ruta estratégica para que los profesionales de cumplimiento naveguen por este mosaico regulatorio.

Esl estado de Rhode Island plantea una nueva legislación (S 2203) sobre privacidad genética en el ámbito de las empresas de tests genéticos directos al consumidor, enmarcándola dentro de una tendencia más amplia que incluye a otros estados como Dakota del Sur y Vermont. En el caso de Rhode Island, la iniciativa establece un régimen exigente basado en información clara, consentimiento expreso y control efectivo del usuario sobre sus datos genéticos y muestras biológicas. Obliga a informar de manera accesible sobre los usos de los datos, a recabar consentimientos separados para usos secundarios, conservación de muestras y cesiones a terceros, y a garantizar derechos de acceso, supresión y revocación del consentimiento. El texto subraya que, aunque Rhode Island comparte objetivos con otros estados, cada legislación introduce matices distintos en obligaciones, excepciones y alcance, evidenciando un mosaico regulatorio estatal en evolución frente a los riesgos para la intimidad genética.

Se pone de manifiesto la creciente incorporación de sistemas de seguimiento masivo en espacios físicos mediante herramientas como Placer.ai, contratadas por municipios estadounidenses para recopilar datos de localización y perfiles demográficos con fines de desarrollo económico y marketing personalizado. A partir del caso de Old Town (Maine), se examinan los riesgos que supone trasladar al entorno urbano las lógicas de la publicidad dirigida propias de internet. El autor conecta esta práctica con la jurisprudencia del Tribunal Supremo en Carpenter v. United States, donde se reconoció una expectativa razonable de privacidad respecto a los datos de localización. Se plantea así si la normalización de la vigilancia comercial en espacios públicos erosiona progresivamente dicha expectativa, diluyendo las fronteras entre seguimiento digital y físico y generando posibles efectos disuasorios sobre la libertad y la intimidad.

El texto explica la agenda legislativa de 2026 de la ACLU of New Mexico, enfocada en proteger libertades civiles frente a amenazas como la expansión del uso de tecnologías de vigilancia. Destaca el apoyo a proyectos como el Driver Privacy and Safety Act, que busca limitar el uso y el intercambio de datos captados por lectores automáticos de matrículas para evitar su empleo por autoridades externas, protegiendo así la privacidad y movilidad de residentes.

El Proyecto Arizona House Bill 2991 (2026) propone nuevas reglas para plataformas de social media y contenido online que afectan a menores. Define términos técnicos como “infinite scrolling” y “daily active users”, prohíbe contratos con usuarios menores de 14 años sin consentimiento parental, exige eliminar cuentas de menores sin consentimiento y borrar permanentemente sus datos personales salvo retención legal. También requiere que sitios con contenido “dañino para menores” implementen verificación de edad con métodos que protejan la privacidad

El estudio analiza el uso de tecnologías biométricas impulsadas por IA en la Unión Europea y su impacto sobre derechos fundamentales y principios éticos. Examina casos como el reconocimiento facial en espacios públicos, la identificación remota, clasificación biométrica y sistemas de “reconocimiento de emociones”, subrayando que estas tecnologías pueden vulnerar la privacidad, la protección de datos y la libertad individual. Frente a los marcos legales actuales, centrados en la identificación, la investigación identifica lagunas regulatorias que dejan sin cubrir desarrollos emergentes que también afectan derechos y democracias. El documento sitúa estos debates dentro del contexto del proyecto de Reglamento de IA de la UE, proponiendo opciones políticas para fortalecer la protección de derechos, garantizar transparencia, justicia y responsabilidad en el despliegue de tecnologías biométricas y asegurar que la regulación atienda a los riesgos y a los rápidos avances técnicos

El documento contiene Conclusiones del Consejo de la UE sobre la Carta de Derechos Fundamentales en el contexto de la inteligencia artificial (IA) y el cambio digital. El Consejo subraya la necesidad de que la transformación digital y el uso de tecnologías como la IA respeten y promuevan los valores y derechos fundamentales consagrados en la Carta de la UE, garantizando dignidad humana, libertad, igualdad, democracia, Estado de derecho y derechos humanos. Reconoce que la IA puede aportar beneficios en salud, servicios públicos y protección de derechos, pero también plantea riesgos (discriminación, opacidad, sesgo, amenazas a libertad de expresión y privacidad). Aboga por un enfoque centrado en las personas, con seguridad, transparencia, supervisión humana, protección de datos y medidas que aseguren que la digitalización y la IA respeten la igualdad, no discriminación y derechos sociales y democráticos

La web explica que la IA es una tecnología digital que permite a los sistemas realizar tareas que normalmente requieren intervención humana, aprendiendo de datos y mejorando con el tiempo. La IA se usa en sectores como salud, educación, transporte, energía e industria para automatizar procesos, mejorar diagnósticos, personalizar aprendizaje y optimizar recursos. Aunque aporta beneficios sociales, económicos y medioambientales, también plantea riesgos como discriminación, sesgos, intrusión en la privacidad o manipulación de comportamiento. Por ello, la Unión Europea trabaja para promover una IA centrada en las personas, fiable, segura y respetuosa con valores europeos. El Reglamento de Inteligencia Artificial de la UE, primer marco legal de este tipo en el mundo, establece normas para usos específicos de IA, prohíbe prácticas de riesgo y busca equilibrar la innovación con la protección de derechos fundamentales.