Referencias documentales

El informe establece un plan estratégico de la Unión Europea para mejorar el entorno digital de la infancia. Describe el contexto y objetivos de la iniciativa BIK+, que busca hacer de Internet un lugar más seguro, inclusivo y beneficioso para niñas, niños y adolescentes, promoviendo su bienestar, derechos y habilidades digitales. El plan aborda áreas clave como prevención del daño en línea, educación digital y protección frente a riesgos como el acoso y la desinformación, así como la colaboración entre instituciones, plataformas, familias y sociedad civil para crear un ecosistema digital más seguro para menores. El informe incluye directrices, principios y acciones dirigidas a mejorar la seguridad, confianza y participación positiva de los menores en Internet dentro del mercado único digital europeo.

El libro aborda cómo los derechos humanos digitales surgieron y se consolidaron en la UE como respuesta a los desafíos planteados por el uso masivo de datos y la gobernanza digital. Examina la evolución histórica del concepto de derechos humanos digitales, mostrando cómo países europeos y actores no estatales influyeron en su incorporación al marco jurídico europeo, desde los años 1970 hasta la actualidad. El texto analiza las responsabilidades compartidas entre gobierno y sector privado, casos concretos de políticas nacionales y supranacionales, y los procesos mediante los cuales la protección de datos pasó a considerarse un derecho fundamental ante la expansión tecnológica. También reflexiona sobre las implicaciones sociopolíticas y legales de los derechos digitales en ámbitos como privacidad, participación pública y gobernanza del dato dentro de la UE

La web explica que la Declaración sobre derechos y principios digitales es un acuerdo interinstitucional del Consejo de la UE, el Parlamento Europeo y la Comisión que define un marco de derechos y valores europeos en la transformación digital, poniendo a las personas en el centro de ese proceso. Promueve una transformación digital inclusiva, justa, segura y sostenible que respete los valores fundamentales de la UE, como la dignidad, la libertad, la igualdad, el estado de derecho y la democracia, y asegure que la tecnología beneficie a individuos, empresas y sociedad. El texto recalca la importancia de privacidad, control individual de datos, acceso a servicios y educación digitales, conectividad, libertad de elección frente a algoritmos e IA, participación en el espacio público digital, y seguridad online, especialmente para niños y jóvenes. La declaración servirá de referencia para responsables políticos, empresas y otros agentes al desarrollar tecnologías y políticas digitales.

El estudio examina los desafíos éticos y sociales de la «tormenta tecnológica» que se aproxima debido a la convergencia de tecnologías digitales como inteligencia artificial (IA), internet de las cosas (IoT), robótica, blockchain y realidad aumentada/virtual, junto con redes 5G/6G. Analiza cómo esta combinación de tecnologías emergentes creará sistemas sociotécnicos complejos con características como autonomía, interconectividad, opacidad y gran recolección de datos, planteando retos para la privacidad, la equidad, la sostenibilidad energética y la justicia social. El estudio identifica nueve desafíos clave, como impactos en la vida íntima, riesgos cibernéticos y concentración de poder tecnológico, y propone opciones de política pública: gestionar infraestructuras digitales como bienes comunes, instituir un observatorio europeo de tecnologías convergentes, aumentar la alfabetización digital, promover el «diseño para valores» y fomentar la innovación digital orientada a retos sociales.

El Plan Estratégico de Seguridad Nacional de Illinois 2021-2025 establece una hoja de ruta para enfrentar amenazas naturales, tecnológicas y humanas. Incluye objetivos como mejorar la ciberseguridad, compartir inteligencia, coordinar la seguridad nacional y proteger infraestructuras críticas. Promueve una cultura de concienciación digital, la formación de profesionales en ciberseguridad y la colaboración entre sectores públicos y privados para garantizar la resiliencia del Estado ante riesgos emergentes.

En este vídeo los expertos hablan de dos tipos de ciberataques; business email compromise, y ramsomware, y del compromiso de las autoridades en frenarlos. Los expertos avisan también de la importancia de la prevención de situaciones vulnerables, entre ellas, mayor precaución en épocas vacacionales con un gran volumen de transacciones online como puede ser la Navidad. Para evitar esto se recomienda llevar evaluaciones de ciberseguridad e identificar las debilidades en las infraestructuras digitales de las organizaciones, educción y formación de los trabajadores para saber tomar medidas preventivas o incluso saber reaccionar ante situaciones de riesgo. Además los expertos hacen llamamiento a una alta implicación de todos los niveles gubernamentales y de las agencias de seguridad.

El estudio analiza el uso de tecnologías biométricas impulsadas por IA en la Unión Europea y su impacto sobre derechos fundamentales y principios éticos. Examina casos como el reconocimiento facial en espacios públicos, la identificación remota, clasificación biométrica y sistemas de “reconocimiento de emociones”, subrayando que estas tecnologías pueden vulnerar la privacidad, la protección de datos y la libertad individual. Frente a los marcos legales actuales, centrados en la identificación, la investigación identifica lagunas regulatorias que dejan sin cubrir desarrollos emergentes que también afectan derechos y democracias. El documento sitúa estos debates dentro del contexto del proyecto de Reglamento de IA de la UE, proponiendo opciones políticas para fortalecer la protección de derechos, garantizar transparencia, justicia y responsabilidad en el despliegue de tecnologías biométricas y asegurar que la regulación atienda a los riesgos y a los rápidos avances técnicos

Informe del Grupo de Expertos Gubernamentales que por consenso afirma la aplicabilidad del derecho internacional al comportamiento de los Estados en el ciberespacio. Desarrolla once normas voluntarias de comportamiento responsable estatal. Documento central del marco normativo internacional sobre ciberseguridad.

El artículo de la ACLU defiende la ley de privacidad de Maine que obliga a los proveedores de servicios de Internet (ISP) a obtener el consentimiento de los usuarios antes de usar o vender su información personal. La ley protege datos sensibles como ubicación, historial de navegación y salud, y ha sido cuestionada por los ISP por supuesta violación de la Primera Enmienda. La ACLU argumenta que la ley regula el discurso comercial y protege la privacidad del consumidor.

El informe presenta una herramienta de autoevaluación creada por el High‑Level Expert Group on AI (AI HLEG) de la Comisión Europea para ayudar a desarrolladores y responsables de IA a aplicar los principios de una IA confiable en la práctica. Publicada el 17 de julio de 2020 tras un proceso piloto con más de 350 participantes, convierte los requisitos éticos de las Ethics Guidelines for Trustworthy AI en un listado dinámico de verificación. Estos requisitos son: agencia humana y supervisión, robustez técnica y seguridad, privacidad y gobernanza de datos, transparencia, diversidad, no discriminación y equidad, bienestar ambiental y social y rendición de cuentas. ALTAI permite que las organizaciones evalúen si sus sistemas de IA cumplen estos principios y adoptan medidas concretas para mitigar riesgos y asegurar que los usuarios se beneficien de la IA sin exponerse a peligros innecesarios; también existe como herramienta web interactiva.