Referencias documentales

El artículo explica que la regulación europea de IA está avanzando de forma irregular y con muchas incógnitas. El Reglamento de IA europeo es la primera normativa global de este tipo que clasifica sistemas según riesgo y fija obligaciones y prohibiciones para proteger seguridad y derechos fundamentales. Su aplicación progresiva ya ha comenzado para sistemas de alto riesgo, pero muchas empresas aún no saben cómo cumplirla y hay dudas sobre plazos, requisitos y el impacto que tendrá en la innovación y competitividad. El reto principal es armonizar la protección de derechos, la transparencia y la responsabilidad con la necesidad de fomentar el desarrollo tecnológico en Europa, evitando desventajas frente a otras regiones con marcos menos estrictos

El documento aborda la revisión de la ePrivacy Directive (2002/58/EC) aboga por un nuevo marco jurídico más claro, fuerte y actualizado que complemente y especifique las protecciones del GDPR, sin rebajar el nivel actual. Insiste en proteger la confidencialidad de las comunicaciones electrónicas como un derecho fundamental para todos los servicios, incluidos VoIP, mensajería móvil, IoT y redes Wi‑Fi públicas. El consentimiento debe ser genuino y libre, sin “muros de cookies”, y ampliarse la protección del tráfico y datos de localización. Se solicita que el nuevo instrumento permita el uso de cifrado de extremo a extremo sin puertas traseras y que mejore la protección contra comunicaciones no solicitadas, requiriendo consentimiento previo. Asimismo, el EDPS recomienda extender el alcance y armonizar la aplicación para cubrir tecnologías modernas y garantizar mecanismos eficaces de consentimiento y revocación.

La web explica que la Declaración sobre derechos y principios digitales es un acuerdo interinstitucional del Consejo de la UE, el Parlamento Europeo y la Comisión que define un marco de derechos y valores europeos en la transformación digital, poniendo a las personas en el centro de ese proceso. Promueve una transformación digital inclusiva, justa, segura y sostenible que respete los valores fundamentales de la UE, como la dignidad, la libertad, la igualdad, el estado de derecho y la democracia, y asegure que la tecnología beneficie a individuos, empresas y sociedad. El texto recalca la importancia de privacidad, control individual de datos, acceso a servicios y educación digitales, conectividad, libertad de elección frente a algoritmos e IA, participación en el espacio público digital, y seguridad online, especialmente para niños y jóvenes. La declaración servirá de referencia para responsables políticos, empresas y otros agentes al desarrollar tecnologías y políticas digitales.

El Proyecto Arizona House Bill 2991 (2026) propone nuevas reglas para plataformas de social media y contenido online que afectan a menores. Define términos técnicos como “infinite scrolling” y “daily active users”, prohíbe contratos con usuarios menores de 14 años sin consentimiento parental, exige eliminar cuentas de menores sin consentimiento y borrar permanentemente sus datos personales salvo retención legal. También requiere que sitios con contenido “dañino para menores” implementen verificación de edad con métodos que protejan la privacidad

Este documento presenta las Conclusiones del Consejo de la UE que subrayan la importancia de las tecnologías digitales y la inteligencia artificial (IA) para la competitividad, innovación y desarrollo de Europa, especialmente tras la pandemia de COVID‑19. Reconoce que las tecnologías digitales pueden mejorar la vida de las personas y contribuir a la protección y promoción de los derechos fundamentales y la democracia, siempre que se desarrollen y utilicen de forma responsable, centrada en las personas y respetuosa con los valores europeos. También señala que el uso indebido de estas tecnologías puede implicar riesgos para los derechos de los ciudadanos. El texto enfatiza la necesidad de abordar estos riesgos, promoviendo transparencia, supervisión humana, cumplimiento de normas existentes y adaptación de marcos legales para asegurar la compatibilidad de la IA con los derechos consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE.

Se pone de manifiesto la creciente incorporación de sistemas de seguimiento masivo en espacios físicos mediante herramientas como Placer.ai, contratadas por municipios estadounidenses para recopilar datos de localización y perfiles demográficos con fines de desarrollo económico y marketing personalizado. A partir del caso de Old Town (Maine), se examinan los riesgos que supone trasladar al entorno urbano las lógicas de la publicidad dirigida propias de internet. El autor conecta esta práctica con la jurisprudencia del Tribunal Supremo en Carpenter v. United States, donde se reconoció una expectativa razonable de privacidad respecto a los datos de localización. Se plantea así si la normalización de la vigilancia comercial en espacios públicos erosiona progresivamente dicha expectativa, diluyendo las fronteras entre seguimiento digital y físico y generando posibles efectos disuasorios sobre la libertad y la intimidad.

Se trata de una web donde se explica el AI Act Service Desk como un punto de apoyo oficial de la Comisión Europea para facilitar la interpretación y aplicación del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial (AI Act), que entró en vigor el 1 de agosto de 2024 y se implementará hasta 2027. Ofrece a ciudadanos, empresas, administraciones y otros interesados la posibilidad de enviar preguntas al equipo de expertos del AI Office sobre cómo entender y cumplir las obligaciones del AI Act mediante un formulario en línea accesible con EU Login, aceptando consultas en todas las lenguas oficiales de la UE. Este servicio forma parte de la plataforma única de información que centraliza recursos, herramientas interactivas (como un comprobador de cumplimiento y un explorador del texto del AI Act) y guías para ayudar a navegar el marco regulatorio europeo sobre IA y apoyar una implementación coherente y accesible en toda la Unión.

El informe establece un plan estratégico de la Unión Europea para mejorar el entorno digital de la infancia. Describe el contexto y objetivos de la iniciativa BIK+, que busca hacer de Internet un lugar más seguro, inclusivo y beneficioso para niñas, niños y adolescentes, promoviendo su bienestar, derechos y habilidades digitales. El plan aborda áreas clave como prevención del daño en línea, educación digital y protección frente a riesgos como el acoso y la desinformación, así como la colaboración entre instituciones, plataformas, familias y sociedad civil para crear un ecosistema digital más seguro para menores. El informe incluye directrices, principios y acciones dirigidas a mejorar la seguridad, confianza y participación positiva de los menores en Internet dentro del mercado único digital europeo.

A pesar de proteger el derecho a la privacidad, la legislación europea (RGPD, DSA) presenta limitaciones a la hora de garantizar la seguridad de los datos de los menores. Por el contrario, Estados Unidos ha promulgado leyes específicas que en principio resultan más eficaces. El trabajo examina de qué manera estas legislaciones intentan proteger la información personal de los niños, al tiempo que pone de relieve los obstáculos jurídicos que es necesario superar para garantizar su seguridad y preservar su futuro digital.

Este artículo analiza las tendencias legislativas en leyes de privacidad de datos en EE. UU., destacando propuestas en Oklahoma como el SB 546. La ley reconoce como datos personales elementos como direcciones IP, historial de navegación e inferencias sobre preferencias. También se observa una expansión en la definición de “datos sensibles” y se otorga autoridad de aplicación al fiscal general estatal. La publicación anticipa actualizaciones legislativas continuas durante 2025.