Referencias documentales

El documento se refiere a las personas en situación de analfabetismo digital (“illectronisme”), que define como aquellas que carecen de las competencias digitales básicas o que no hacen uso de Internet. El mismo afecta a algo más de un 15% de las personas que residen en Francia (con la exclusión del territorio de Mayotte), y se extiende con mayor amplitud entre las personas de la tercera edad, las clases socioeconómicas más pobres, los habitantes de los departamentos de ultramar, aquellos que tienen menor formación académica o las personas que viven solas o en pareja pero sin hijos. Se apunta, no obstante, un descenso del analfabetismo digital en el período comprendido entre 2019 y 2021.

En 2021, el 15,4 % de las personas mayores de 15 años residentes en Francia se encuentran en
situación de analfabetismo digital: el 13,9 % no ha utilizado Internet en los últimos tres meses y el 1,5 % lo ha utilizado, pero no posee las competencias digitales básicas. El analfabetismo digital aumenta notablemente con la edad y es más frecuente entre las personas con menos recursos. Además, el 28 % de los usuarios de Internet tienen capacidades digitales débiles, es decir, carecen de competencias en uno, dos o tres de los cinco ámbitos siguientes: búsqueda de información, comunicación en línea, uso de programas informáticos, protección de la vida privada y resolución de problemas en línea. No obstante, el analfabetismo digital ha disminuido 3 puntos entre 2019 y 2021, en el contexto de la crisis sanitaria.

El blog explica que la Declaración Europea sobre los Derechos y Principios Digitales refleja el compromiso de la Unión Europea con una transformación digital centrada en las personas y conforme a valores y derechos fundamentales como dignidad, libertad, igualdad y solidaridad. La Declaración promueve conectividad, educación y formación digitales, condiciones laborales justas, acceso a servicios públicos digitales, inclusión, participación en el espacio público digital, seguridad y empoderamiento digital, así como sostenibilidad y respeto de derechos tanto online como offline. Aunque no es jurídicamente vinculante, se considera parte del constitucionalismo digital europeo y puede influir en políticas públicas y en la interpretación de la Carta de Derechos Fundamentales, además de reforzar iniciativas nacionales como la Carta de Derechos Digitales de España y orientar futuros marcos regulatorios en áreas como inteligencia artificial, ciberseguridad y datos.

El blog analiza la Declaración Europea sobre los Derechos y Principios Digitales para la Década Digital, proclamada conjuntamente por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión en enero de 2023 como parte de la transformación digital de la UE. Señala que es un documento no vinculante basado en los valores de la Unión —dignidad humana, libertad, igualdad y solidaridad— que expone principios y derechos digitales para guiar políticas públicas y futuras regulaciones en materia digital. Destaca compromisos de promover derechos fundamentales en entornos digitales, incluida la participación política, la seguridad, los servicios públicos, la sostenibilidad y la protección frente a la ciberdelincuencia. El texto resalta retos y oportunidades para que los Estados adapten sus agendas públicas, como el derecho a la desconexión digital, conectividad asequible, interoperabilidad, salvaguardas jurídicas frente a algoritmos, diversidad cultural en contenidos y salud física y mental en contextos digitales.

El artículo critica la Declaración Europea sobre los Derechos y Principios Digitales para la Década Digital como un texto políticamente ambicioso pero jurídicamente débil, publicado en el Diario Oficial de la UE el 23 de enero de 2023 tras negociaciones entre Estados miembros, Parlamento y Comisión Europea. Señala que aunque la declaración enuncia principios como poner a los ciudadanos en el centro, inclusión, libertad de elección, educación digital, seguridad y sostenibilidad, no crea derechos directamente aplicables ni añade mucho valor jurídico nuevo para las personas en comparación con la protección ya existente en la legislación de la UE. El texto replica valores previos, carece de mecanismos de ejecución y deja la aplicación efectiva a políticas futuras y a instrumentos ya existentes, por lo que algunos principios quedan vagos o incompletos

El texto describe el nuevo Plan Estatal de Banda Ancha de Pensilvania, elaborado como paso previo a la preparación del plan quinquenal requerido por la NTIA para acceder a fondos federales del Infrastructure Investment and Jobs Act. El plan se centra en cuatro áreas clave: infraestructura y disponibilidad del servicio, equidad y asequibilidad digital, acceso a dispositivos y alfabetización/soporte técnico. Identifica brechas significativas, pues entre 2,6 millones de residentes aún carecen de acceso o competencias digitales. Además, plantea medidas como programas de comunidades “Broadband ready”, políticas dig once, reducción de trabas administrativas, capacitación laboral e impulso de programas de apoyo a la alfabetización digital. El objetivo es garantizar conectividad asequible, universal y sostenible en el Estado.

Este estudio evalúa el programa de conectividad por vales de banda ancha en Alabama, diseñado para mejorar el acceso a internet entre hogares con estudiantes en edad escolar. Se analizan datos de participación, efectividad y distribución geográfica, revelando que el programa ayudó a reducir la brecha digital en zonas rurales y de bajos ingresos. Los autores proponen recomendaciones para mejorar futuras iniciativas de conectividad financiadas con fondos públicos.

La tesis analiza los factores que dificultan la expansión de Internet de banda ancha en comunidades rurales de Louisiana. A través de entrevistas con legisladores, líderes empresariales y funcionarios públicos, se identifican barreras como la financiación, la accesibilidad y la infraestructura. Utilizando el modelo de las tres corrientes de Kingdon, se propone un marco teórico para entender cómo los problemas, políticas y dinámicas políticas pueden converger para cerrar la brecha digital en zonas rurales.

El informe establece un plan estratégico de la Unión Europea para mejorar el entorno digital de la infancia. Describe el contexto y objetivos de la iniciativa BIK+, que busca hacer de Internet un lugar más seguro, inclusivo y beneficioso para niñas, niños y adolescentes, promoviendo su bienestar, derechos y habilidades digitales. El plan aborda áreas clave como prevención del daño en línea, educación digital y protección frente a riesgos como el acoso y la desinformación, así como la colaboración entre instituciones, plataformas, familias y sociedad civil para crear un ecosistema digital más seguro para menores. El informe incluye directrices, principios y acciones dirigidas a mejorar la seguridad, confianza y participación positiva de los menores en Internet dentro del mercado único digital europeo.

El estudio aborda la gobernanza de datos y la IA desde una perspectiva de “justicia de datos”, que prioriza la equidad, la representación de intereses plurales y la creación de bienes públicos dentro de la economía de datos. Analiza cómo el actual marco de la UE —incluyendo el AI Act, el Data Governance Act y el Data Act— articula la producción de valor de datos tanto para fines públicos como privados, pero advierte que carece de una visión normativa global que equilibrie poder, acceso y beneficios. Propone cuatro capacidades para una buena gobernanza: infraestructuras públicas fuertes, inclusividad, mecanismos efectivamente responsables y responsabilidad global. El estudio también explora modelos alternativos de gobernanza de datos (trusts, cooperativas, soberanía de datos) y ofrece opciones políticas para democratizar el control de datos y la IA, fortalecer el valor público y garantizar que los derechos y beneficios se distribuyan de forma equitativa en la sociedad europea.