Referencias documentales

El informe presenta orientaciones prácticas para docentes de primaria y secundaria con el objetivo de fortalecer la alfabetización digital, promover el uso seguro y responsable de las tecnologías y aumentar la resiliencia frente a la desinformación. Proporciona conocimientos pedagógicos especializados, ejemplos de actividades y consejos para fomentar el pensamiento crítico, crear un ambiente de confianza y abordar temas sensibles en el aula. Estas directrices forman parte del Plan de Acción de Educación Digital 2021–2027 de la Comisión Europea y son el resultado del trabajo de un grupo de expertos, con enfoque en mejorar la sensibilización y el conocimiento sobre desinformación y competencias digitales entre estudiantes y educadores.

El blog presenta los derechos digitales como la extensión de los derechos humanos al entorno digital, asegurando privacidad, libertad, igualdad, seguridad y acceso a la información. Destaca iniciativas internacionales y europeas, como la Declaración Europea de Derechos y Principios Digitales, que promueve inclusión, participación, sostenibilidad y seguridad digital. A nivel nacional, la Carta de Derechos Digitales de España organiza estos derechos en categorías que incluyen libertades digitales, igualdad e inclusión, participación democrática, derechos laborales y empresariales en entornos digitales, y derechos en contextos específicos como educación e identidad digital. Además, en el texto se subraya la importancia de mecanismos de cumplimiento y seguimiento, ejemplificados por el Observatorio de Derechos Digitales, encargado de monitorizar, promover y garantizar la efectividad de estos derechos, fortaleciendo la protección y participación de la ciudadanía en la sociedad digital.

El artículo informa que un juez federal invalidó una disposición de la ley de 2021 sobre el impuesto a la publicidad digital en Maryland que impedía a las empresas informar a los consumidores sobre el origen del recargo fiscal. Según la sentencia, dicha disposición violaba la Primera Enmienda al restringir la capacidad de las compañías para comunicar a sus clientes cómo el impuesto afectaba los precios. Aunque la parte impugnada quedó sin efecto, el impuesto general sigue vigente por ahora. La demanda, presentada por grupos de la industria tecnológica, argumentaba que la cláusula buscaba proteger a los legisladores de críticas públicas. El estado no apelará la decisión y evaluará los próximos pasos.

El informe establece un plan estratégico de la Unión Europea para mejorar el entorno digital de la infancia. Describe el contexto y objetivos de la iniciativa BIK+, que busca hacer de Internet un lugar más seguro, inclusivo y beneficioso para niñas, niños y adolescentes, promoviendo su bienestar, derechos y habilidades digitales. El plan aborda áreas clave como prevención del daño en línea, educación digital y protección frente a riesgos como el acoso y la desinformación, así como la colaboración entre instituciones, plataformas, familias y sociedad civil para crear un ecosistema digital más seguro para menores. El informe incluye directrices, principios y acciones dirigidas a mejorar la seguridad, confianza y participación positiva de los menores en Internet dentro del mercado único digital europeo.

La página web “Digital Services Act: Questions and Answers” explica de forma clara y estructurada las preguntas frecuentes sobre la Ley de Servicios Digitales (DSA) de la Unión Europea, un conjunto de normas para regular las responsabilidades de los servicios digitales en toda la UE. Cubre qué es la DSA, por qué es necesaria y cómo interactúa con otras normas como el RGPD, y aclara diferencias con el Digital Markets Act (DMA). Describe cómo protege la DSA a los usuarios, reforzando derechos fundamentales, facilitando la denuncia de contenidos ilícitos, aumentando transparencia publicitaria, prohibiendo dark patterns y ofreciendo opciones de recursos ante moderación de contenidos. También detalla quién hace cumplir la DSA, el papel de los coordinadores nacionales y qué se considera plataformas de muy gran tamaño. La página responde además a cuestiones sobre responsabilidad de contenido y protección de menores en línea.

El estatuto ORS 336.477 de Oregón reconoce que los estudiantes de secundaria tienen derecho a ejercer la libertad de expresión y de prensa en medios escolares patrocinados, incluso si esos medios no son financiados por la escuela. Se permite que los estudiantes definan el contenido noticioso u opinativo, con límites: no pueden publicar difamaciones, invasión de privacidad injustificada, violar leyes aplicables, ni incitar a actos ilegales o interrupciones sustanciales. Los estudiantes afectados o sus tutores pueden iniciar acciones civiles, y los distritos escolares deben adoptar políticas escritas que regulen el tiempo, lugar y modo de la expresión

El informe presenta una herramienta de autoevaluación creada por el High‑Level Expert Group on AI (AI HLEG) de la Comisión Europea para ayudar a desarrolladores y responsables de IA a aplicar los principios de una IA confiable en la práctica. Publicada el 17 de julio de 2020 tras un proceso piloto con más de 350 participantes, convierte los requisitos éticos de las Ethics Guidelines for Trustworthy AI en un listado dinámico de verificación. Estos requisitos son: agencia humana y supervisión, robustez técnica y seguridad, privacidad y gobernanza de datos, transparencia, diversidad, no discriminación y equidad, bienestar ambiental y social y rendición de cuentas. ALTAI permite que las organizaciones evalúen si sus sistemas de IA cumplen estos principios y adoptan medidas concretas para mitigar riesgos y asegurar que los usuarios se beneficien de la IA sin exponerse a peligros innecesarios; también existe como herramienta web interactiva.

El artículo explica que la regulación europea de IA está avanzando de forma irregular y con muchas incógnitas. El Reglamento de IA europeo es la primera normativa global de este tipo que clasifica sistemas según riesgo y fija obligaciones y prohibiciones para proteger seguridad y derechos fundamentales. Su aplicación progresiva ya ha comenzado para sistemas de alto riesgo, pero muchas empresas aún no saben cómo cumplirla y hay dudas sobre plazos, requisitos y el impacto que tendrá en la innovación y competitividad. El reto principal es armonizar la protección de derechos, la transparencia y la responsabilidad con la necesidad de fomentar el desarrollo tecnológico en Europa, evitando desventajas frente a otras regiones con marcos menos estrictos

El artículo analiza cómo el uso de deepfakes por parte del gobierno Estadounidense podría vulnerar derechos constitucionales como la libertad de expresión, la privacidad y el debido proceso. Propone que el nombre, imagen y semejanza digital de una persona deben considerarse parte de su identidad y propiedad, protegidas por la Primera Enmienda. También recomienda legislación federal que obligue al gobierno a etiquetar contenidos generados por IA y proteja a denunciantes de abusos tecnológicos.

Este estudio analiza cómo las bibliotecas públicas en Alabama ofrecen servicios de información para comunidades LGBTQ+ en un contexto marcado por políticas restrictivas como “Don’t Say Gay”. A través de un análisis de contenido web, se identifica cómo estas instituciones resisten críticamente la censura y promueven el acceso equitativo a recursos informativos. El artículo destaca el papel de las bibliotecas como espacios de inclusión y defensa de derechos en el entorno digital.