Referencias documentales

Se pone de manifiesto la creciente incorporación de sistemas de seguimiento masivo en espacios físicos mediante herramientas como Placer.ai, contratadas por municipios estadounidenses para recopilar datos de localización y perfiles demográficos con fines de desarrollo económico y marketing personalizado. A partir del caso de Old Town (Maine), se examinan los riesgos que supone trasladar al entorno urbano las lógicas de la publicidad dirigida propias de internet. El autor conecta esta práctica con la jurisprudencia del Tribunal Supremo en Carpenter v. United States, donde se reconoció una expectativa razonable de privacidad respecto a los datos de localización. Se plantea así si la normalización de la vigilancia comercial en espacios públicos erosiona progresivamente dicha expectativa, diluyendo las fronteras entre seguimiento digital y físico y generando posibles efectos disuasorios sobre la libertad y la intimidad.

El 12 de junio de 2025, Vermont aprobó la Age-Appropriate Design Code Act, que entrará en vigor el 1 de enero de 2027. La ley obliga a las empresas que ofrecen servicios digitales accesibles para menores a evitar prácticas invasivas de privacidad y a aplicar métodos de verificación de edad. También exige un deber mínimo de cuidado para prevenir angustia emocional, uso compulsivo y discriminación por identidad. La normativa busca garantizar un entorno digital seguro y ético para los menores.

La web aborda los beneficios y los riesgos de la IA. LA ofrecepotenciales beneficios a la sociedad y la economía, incluyendo mejoras en salud, transporte, educación, energía e industria, optimización de procesos y aumento de eficiencia. Sin embargo, su uso conlleva riesgos significativos: discriminación y sesgos algorítmicos, violación de la privacidad, perfilado y manipulación de comportamiento, ciberseguridad insuficiente y dependencia tecnológica. La Unión Europea busca equilibrar estos beneficios y riesgos mediante el Reglamento de Inteligencia Artificial (AI Act), que clasifica los sistemas de IA según su nivel de riesgo, prohíbe prácticas peligrosas y establece obligaciones de transparencia, supervisión humana y responsabilidad. El enfoque europeo promueve una IA centrada en las personas, segura, ética y confiable, compatible con los valores fundamentales de la UE, y fomenta un desarrollo innovador que impulse la competitividad y la protección de derechos en todos los sectores de la sociedad.

La web explica que la IA es una tecnología digital que permite a los sistemas realizar tareas que normalmente requieren intervención humana, aprendiendo de datos y mejorando con el tiempo. La IA se usa en sectores como salud, educación, transporte, energía e industria para automatizar procesos, mejorar diagnósticos, personalizar aprendizaje y optimizar recursos. Aunque aporta beneficios sociales, económicos y medioambientales, también plantea riesgos como discriminación, sesgos, intrusión en la privacidad o manipulación de comportamiento. Por ello, la Unión Europea trabaja para promover una IA centrada en las personas, fiable, segura y respetuosa con valores europeos. El Reglamento de Inteligencia Artificial de la UE, primer marco legal de este tipo en el mundo, establece normas para usos específicos de IA, prohíbe prácticas de riesgo y busca equilibrar la innovación con la protección de derechos fundamentales.

La página web “Digital Services Act: Questions and Answers” explica de forma clara y estructurada las preguntas frecuentes sobre la Ley de Servicios Digitales (DSA) de la Unión Europea, un conjunto de normas para regular las responsabilidades de los servicios digitales en toda la UE. Cubre qué es la DSA, por qué es necesaria y cómo interactúa con otras normas como el RGPD, y aclara diferencias con el Digital Markets Act (DMA). Describe cómo protege la DSA a los usuarios, reforzando derechos fundamentales, facilitando la denuncia de contenidos ilícitos, aumentando transparencia publicitaria, prohibiendo dark patterns y ofreciendo opciones de recursos ante moderación de contenidos. También detalla quién hace cumplir la DSA, el papel de los coordinadores nacionales y qué se considera plataformas de muy gran tamaño. La página responde además a cuestiones sobre responsabilidad de contenido y protección de menores en línea.

Publicada el 19 de octubre de 2025, esta guía analiza el explosivo panorama de leyes de privacidad en EE. UU., proyectando que 20 estados tendrán leyes integrales vigentes a finales de 2025. Detalla ocho nuevas leyes que entraron en vigor durante 2025, incluyendo las de Delaware, Iowa, Nebraska, Nueva Hampshire, Nueva Jersey, Tennessee, Minnesota y Maryland. La guía desglosa sus umbrales de aplicabilidad, derechos del consumidor (acceso, eliminación, corrección, exclusión de venta de datos y publicidad dirigida), y obligaciones para las empresas. También destaca las variaciones clave entre estados, como los diferentes plazos para subsanar incumplimientos, las definiciones de «datos sensibles» y las exenciones (para pequeñas empresas o entidades reguladas por leyes federales como HIPAA). El objetivo es proporcionar una hoja de ruta estratégica para que los profesionales de cumplimiento naveguen por este mosaico regulatorio.

Este artículo analiza las tendencias legislativas en leyes de privacidad de datos en EE. UU., destacando propuestas en Oklahoma como el SB 546. La ley reconoce como datos personales elementos como direcciones IP, historial de navegación e inferencias sobre preferencias. También se observa una expansión en la definición de “datos sensibles” y se otorga autoridad de aplicación al fiscal general estatal. La publicación anticipa actualizaciones legislativas continuas durante 2025.

A pesar de proteger el derecho a la privacidad, la legislación europea (RGPD, DSA) presenta limitaciones a la hora de garantizar la seguridad de los datos de los menores. Por el contrario, Estados Unidos ha promulgado leyes específicas que en principio resultan más eficaces. El trabajo examina de qué manera estas legislaciones intentan proteger la información personal de los niños, al tiempo que pone de relieve los obstáculos jurídicos que es necesario superar para garantizar su seguridad y preservar su futuro digital.

La aparición de objetos conectados y aplicaciones dedicadas al bienestar ha favorecido la recopilación de datos relativos a la salud por parte de las empresas digitales. Ante las limitaciones de la legislación en materia de protección de datos, y gracias a la renovación de las normas de competencia, el Estado trata de recuperar cierto control sobre esta información. Presentándose a sí mismo como una plataforma, ocupa un lugar destacado en los mecanismos de gobernanza de los datos. Como regulador, favorece así la aparición de una nueva administración sanitaria.

La noticia alerta de que las propuestas de “Digital Omnibus” de la Comisión Europea —presentadas como un paquete de simplificación normativa— en realidad supondrían un retroceso grave en las protecciones de derechos humanos digitales en la UE, debilitando marcos como el GDPR, ePrivacy y el AI Act que protegen la privacidad, limitan la vigilancia y evitan decisiones automatizadas injustas. Denuncian que el proceso se está llevando a cabo con poca transparencia y sin supervisión democrática adecuada, lo que podría facilitar seguimiento constante de personas, control de dispositivos y acceso a datos sensibles, y permitir que empresas e instituciones esquiven responsabilidades y obligaciones de rendición de cuentas. Las organizaciones instan a la Comisión a detener estos cambios, reafirmar un enfoque basado en derechos y mantener mecanismos efectivos de defensa y responsabilidad para proteger a la ciudadanía en el entorno digital.