Referencias documentales

La web aborda los beneficios y los riesgos de la IA. LA ofrecepotenciales beneficios a la sociedad y la economía, incluyendo mejoras en salud, transporte, educación, energía e industria, optimización de procesos y aumento de eficiencia. Sin embargo, su uso conlleva riesgos significativos: discriminación y sesgos algorítmicos, violación de la privacidad, perfilado y manipulación de comportamiento, ciberseguridad insuficiente y dependencia tecnológica. La Unión Europea busca equilibrar estos beneficios y riesgos mediante el Reglamento de Inteligencia Artificial (AI Act), que clasifica los sistemas de IA según su nivel de riesgo, prohíbe prácticas peligrosas y establece obligaciones de transparencia, supervisión humana y responsabilidad. El enfoque europeo promueve una IA centrada en las personas, segura, ética y confiable, compatible con los valores fundamentales de la UE, y fomenta un desarrollo innovador que impulse la competitividad y la protección de derechos en todos los sectores de la sociedad.

El documento recoge declaraciones de varias delegaciones de Estados miembros tras la aprobación de unas Conclusiones del Consejo sobre el empoderamiento digital para proteger y hacer cumplir los derechos fundamentales en la era digital. Cada delegación expresa su apoyo o reservas respecto al texto general, destacando la importancia de proteger los derechos fundamentales en entornos digitales y garantizar la igualdad y dignidad humana, así como observaciones sobre conceptos como “género” y la definición de “discurso de odio”. El documento complementa las Conclusiones principales aportando matices nacionales sobre interpretación y aplicación de principios relacionados con la protección de derechos en el contexto digital.

El documento contiene Conclusiones del Consejo de la UE sobre la Carta de Derechos Fundamentales en el contexto de la inteligencia artificial (IA) y el cambio digital. El Consejo subraya la necesidad de que la transformación digital y el uso de tecnologías como la IA respeten y promuevan los valores y derechos fundamentales consagrados en la Carta de la UE, garantizando dignidad humana, libertad, igualdad, democracia, Estado de derecho y derechos humanos. Reconoce que la IA puede aportar beneficios en salud, servicios públicos y protección de derechos, pero también plantea riesgos (discriminación, opacidad, sesgo, amenazas a libertad de expresión y privacidad). Aboga por un enfoque centrado en las personas, con seguridad, transparencia, supervisión humana, protección de datos y medidas que aseguren que la digitalización y la IA respeten la igualdad, no discriminación y derechos sociales y democráticos

Este documento presenta las Conclusiones del Consejo de la UE que subrayan la importancia de las tecnologías digitales y la inteligencia artificial (IA) para la competitividad, innovación y desarrollo de Europa, especialmente tras la pandemia de COVID‑19. Reconoce que las tecnologías digitales pueden mejorar la vida de las personas y contribuir a la protección y promoción de los derechos fundamentales y la democracia, siempre que se desarrollen y utilicen de forma responsable, centrada en las personas y respetuosa con los valores europeos. También señala que el uso indebido de estas tecnologías puede implicar riesgos para los derechos de los ciudadanos. El texto enfatiza la necesidad de abordar estos riesgos, promoviendo transparencia, supervisión humana, cumplimiento de normas existentes y adaptación de marcos legales para asegurar la compatibilidad de la IA con los derechos consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE.

La web explica que la Declaración sobre derechos y principios digitales es un acuerdo interinstitucional del Consejo de la UE, el Parlamento Europeo y la Comisión que define un marco de derechos y valores europeos en la transformación digital, poniendo a las personas en el centro de ese proceso. Promueve una transformación digital inclusiva, justa, segura y sostenible que respete los valores fundamentales de la UE, como la dignidad, la libertad, la igualdad, el estado de derecho y la democracia, y asegure que la tecnología beneficie a individuos, empresas y sociedad. El texto recalca la importancia de privacidad, control individual de datos, acceso a servicios y educación digitales, conectividad, libertad de elección frente a algoritmos e IA, participación en el espacio público digital, y seguridad online, especialmente para niños y jóvenes. La declaración servirá de referencia para responsables políticos, empresas y otros agentes al desarrollar tecnologías y políticas digitales.

El documento aborda la revisión de la ePrivacy Directive (2002/58/EC) aboga por un nuevo marco jurídico más claro, fuerte y actualizado que complemente y especifique las protecciones del GDPR, sin rebajar el nivel actual. Insiste en proteger la confidencialidad de las comunicaciones electrónicas como un derecho fundamental para todos los servicios, incluidos VoIP, mensajería móvil, IoT y redes Wi‑Fi públicas. El consentimiento debe ser genuino y libre, sin “muros de cookies”, y ampliarse la protección del tráfico y datos de localización. Se solicita que el nuevo instrumento permita el uso de cifrado de extremo a extremo sin puertas traseras y que mejore la protección contra comunicaciones no solicitadas, requiriendo consentimiento previo. Asimismo, el EDPS recomienda extender el alcance y armonizar la aplicación para cubrir tecnologías modernas y garantizar mecanismos eficaces de consentimiento y revocación.

La página “Adapting to the digital age” del Parlamento Europeo explica cómo la protección de datos personales es un derecho fundamental consagrado en el Artículo 8 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, aplicable tanto dentro de la UE como cuando se ofrece bienes o servicios a residentes en la UE. El texto subraya que los datos deben procesarse de forma justa, con consentimiento o base legal, y que las personas tienen derechos como acceso, rectificación, borrado, limitación, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos personales. La legislación de la UE (como el Paquete de Protección de Datos y el RGPD) establece obligaciones para quienes tratan datos y mecanismos de control y sanción por parte de autoridades independientes. El balance entre seguridad (como lucha contra crimen y terrorismo) y privacidad/datos personales también es enfatizado como esencial en la era digital.

Este estudio examina cómo las tecnologías digitales emergentes —como IA, vigilancia biométrica, algoritmos, apagones de internet y control de información— se han convertido en herramientas utilizadas por regímenes autoritarios y estados para reprimir derechos humanos y controlar sociedades, ampliando sus capacidades de vigilancia y limitando libertades. Señala que estas tecnologías, aunque pueden apoyar valores democráticos, en la práctica han profundizado problemas de derechos fundamentales, afectando la libertad de expresión e información, la privacidad, la no discriminación y el ejercicio de derechos civiles. El informe analiza marcos internacionales de derechos humanos, evalúa la herramienta de política exterior de la UE para contrarrestar tales abusos y propone recomendaciones para fortalecer las respuestas de la UE, incluyendo instrumentos legales más sólidos, cooperación multilateral y presión sobre terceros países y empresas tecnológicas.

l estudio presenta el seguimiento anual del objetivo eHealth de la Década Digital: que el 100 % de la población de la UE tenga acceso a sus registros electrónicos de salud (EHR) para 2030. A 31 de diciembre de 2024, la madurez media en los 27 Estados miembros era del 83 %, mejorando cuatro puntos respecto a 2023. Dieciséis países aumentaron su puntuación, con más tipos de datos disponibles y más proveedores sanitarios conectados. El cumplimiento del Reglamento de Identidad Digital Europea y la cobertura poblacional también han crecido. Aun así, persisten limitaciones: los proveedores conectados siguen siendo mayoritariamente del sector público, el acceso a categorías de datos (como imágenes médicas o dispositivos) es todavía reducido, y el acceso por representantes legales es limitado. Lograr el acceso seguro y completo de los EHR exige esfuerzos adicionales, en línea con el Reglamento europeo del Espacio Europeo de Datos de Salud.

Francia dispone de infraestructura digital robusta y liderazgo tecnológico en inteligencia artificial e ICT verdes, pero la digitalización de empresas, especialmente PYMEs, va más lenta que la media de la UE. Su hoja de ruta nacional incluye 33 medidas con €18,6 mil millones, con fuerte inversión pública para alcanzar los objetivos de la Década Digital. Francia registra crecimiento de habilidades digitales básicas (aunque persisten brechas según nivel educativo), y presta atención a simplificar trámites administrativos digitales y soluciones tecnológicas soberanas. En servicios públicos digitales el rendimiento es medio, con recomendaciones para acelerarlos y expandir capacidades transfronterizas. El país también lidera en herramientas para reducción del impacto medioambiental de las TIC. Según el Eurobarómetro, la mayoría de ciudadanos valora que la digitalización facilita la vida y considera importante que las autoridades mitiguen desinformación online y apoyen el crecimiento de empresas europeas competitivas.