Referencias documentales

En la era de los datos abiertos sobre las resoluciones judiciales, la protección de los datos personales de los justiciables se convierte, más que nunca, una prioridad. Desde la adopción de la ley de 7 de octubre de 2016 para una República digital, las decisiones judiciales han de ponerse a disposición del público de forma gratuita, respetando la privacidad de las personas afectadas. Por ello, esta puesta a disposición debe ir precedida de un análisis del riesgo de identificación de las personas. Resulta así importante reflexionar sobre las condiciones de difusión de los datos relativos a la identidad, por cuanto contribuyen a la elaboración de perfiles de las personas por parte de los motores de búsqueda. La seudonimización no excluye por completo el riesgo de que una persona pueda ser identificada, lo que invita a una especial vigilancia.

Análisis crítico de la Ley de la República Digital francesa (Loi sur la République numérique, o Loi Lemaire), como ejemplo de un nuevo enfoque sobre la participación ciudadana en el proceso legislativo. La autora destaca cómo las tecnologías digitales permiten una mayor intervención de la ciudadanía en la redacción de leyes, participando en la elaboración de proyectos de ley y en el debate parlamentario. No obstante, también advierte de los importantes riesgos que presenta, como la concentración de participación (posibilidad de que unos pocos ciudadanos especialmente activos controlen el proceso) y la consiguiente falta de representatividad, o la probable infiltración de grupos de interés (lobbies) en estos procesos.

Documento que define una “Carta de los derechos digitales en Internet”, basada en el pleno reconocimiento de la libertad, la igualdad, la dignidad y la diversidad de toda persona. La garantía de estos derechos constituye una condición esencial para el funcionamiento democrático de las instituciones y para evitar el predominio de poderes públicos o privados que conduzcan a una sociedad de vigilancia, control y selección social. Internet se configura como un espacio central para la autoorganización de personas y grupos y como un instrumento fundamental para promover la participación democrática y la igualdad sustancia

La Guida dei diritti di cittadinanza digitali fue publicada por la Agenzia per l’Italia Digitale conforme al artículo 17 del Codice dell’Amministrazione Digitale con el objetivo de informar a ciudadanos y empresas sobre sus derechos digitales en la relación con la administración pública. La guía presenta en lenguaje claro los principales derechos de ciudadanía digital —como el acceso seguro y rápido a servicios públicos en línea, la identidad digital, la accesibilidad de sitios web, las comunicaciones electrónicas y los pagos digitales— y ofrece orientaciones sobre cómo ejercerlos. Sirve como herramienta de difusión y sensibilización para facilitar la comprensión y la concreción efectiva de estos derechos en la práctica diaria, promoviendo la inclusión digital y la transparencia institucional.

El documento examina la Carta de los Derechos en Internet impulsada en Italia como antecedente de un auténtico Bill of Rights digital, concebido para garantizar una ciudadanía digital plena, inclusiva y respetuosa con la dignidad humana. La Carta se articula en catorce principios fundamentales, entre los que destacan el acceso universal a Internet como derecho fundamental, la neutralidad de la red, la protección de los datos personales, el derecho al olvido y la tutela de la identidad digital. El texto subraya la necesidad de eliminar las brechas sociales, económicas, culturales, generacionales y de género, promoviendo al mismo tiempo la alfabetización y la educación digital. Se destaca el valor cultural y político de la iniciativa, entendida como instrumento para constitucionalizar los derechos en el espacio digital y reforzar la participación democrática, situando a Italia como referente internacional en la protección jurídica del ciberespacio

El informe describe los objetivos y mecanismos para alcanzar la Década Digital de la UE, incluyendo metas concretas en cuatro áreas: infraestructuras digitales (como redes de alta velocidad), competencias digitales y habilidades, digitalización de empresas, y servicios públicos digitales. Establece un ciclo anual de cooperación entre la Comisión Europea y los Estados miembros para coordinar políticas e inversiones que impulsen la adopción y uso de tecnologías digitales en toda Europa, reducir brechas y fomentar la competitividad. La publicación forma parte del marco general de la Estrategia Digital de la Unión Europea, que guía la transición hacia una economía digital sostenible e inclusiva para 2030.

El informe presenta la Década Digital de Europa, la estrategia de la Unión Europea para guiar la transformación digital hasta 2030 con una visión centrada en las personas, la equidad y los valores europeos. Establece un programa estratégico conjunto entre la Comisión y los Estados miembros con objetivos medibles en conectividad, capacidades digitales, digitalización de empresas y servicios públicos, y mecanismos para supervisar el progreso hacia las metas de 2030. El marco incluye proyectos transnacionales, hojas de ruta nacionales y una declaración de derechos y principios digitales que deben respetarse en el mundo digital. Su propósito es empoderar a los ciudadanos y las empresas, reducir brechas digitales, fomentar habilidades digitales, impulsar servicios públicos en línea y asegurar que la transformación digital sea inclusiva, segura y beneficiosa para todos.

La página web explica que la Ley de Servicios Digitales (Digital Services Act, DSA) como reglamento de la Unión Europea que establece normas claras y obligatorias para los servicios en línea y plataformas digitales que operan en toda la UE, como redes sociales, mercados en línea y tiendas de aplicaciones, con el objetivo de crear un entorno digital más seguro, responsable y transparente. La DSA protege los derechos de los usuarios reforzando la lucha contra contenido ilegal y nocivo, ofreciendo mecanismos de transparencia en moderación de contenidos, requisitos sobre publicidad y protección de menores, y opciones de recursos para decisiones de moderación. También adapta las obligaciones según el tamaño y el impacto de cada plataforma y posibilita una aplicación uniforme en los Estados miembros bajo supervisión nacional y de la Comisión Europea.

Estonia se consolida como referente en digitalización de servicios públicos, alcanzando pleno acceso a historiales de salud electrónicos antes de 2030 y liderazgo en adopción de servicios en la nube, mientras el uso de IA empresarial se ha más que duplicado; sin embargo, sigue rezagada respecto a la media de la UE en conectividad VHCN/5G y en digitalización de pymes, y existe escasez de especialistas TIC cualificados. El país moviliza cientos de millones de euros de los fondos de recuperación y cohesión para avanzar en transformación digital y aspira a ser un “gobierno digital más ecológico”. Según el Eurobarómetro 2025, 69 % de los ciudadanos considera importante garantizar que las empresas europeas puedan crecer y competir globalmente además de que la digitalización facilita su vida.

Francia dispone de infraestructura digital robusta y liderazgo tecnológico en inteligencia artificial e ICT verdes, pero la digitalización de empresas, especialmente PYMEs, va más lenta que la media de la UE. Su hoja de ruta nacional incluye 33 medidas con €18,6 mil millones, con fuerte inversión pública para alcanzar los objetivos de la Década Digital. Francia registra crecimiento de habilidades digitales básicas (aunque persisten brechas según nivel educativo), y presta atención a simplificar trámites administrativos digitales y soluciones tecnológicas soberanas. En servicios públicos digitales el rendimiento es medio, con recomendaciones para acelerarlos y expandir capacidades transfronterizas. El país también lidera en herramientas para reducción del impacto medioambiental de las TIC. Según el Eurobarómetro, la mayoría de ciudadanos valora que la digitalización facilita la vida y considera importante que las autoridades mitiguen desinformación online y apoyen el crecimiento de empresas europeas competitivas.