Referencias documentales

Este documento presenta las Conclusiones del Consejo de la UE que subrayan la importancia de las tecnologías digitales y la inteligencia artificial (IA) para la competitividad, innovación y desarrollo de Europa, especialmente tras la pandemia de COVID‑19. Reconoce que las tecnologías digitales pueden mejorar la vida de las personas y contribuir a la protección y promoción de los derechos fundamentales y la democracia, siempre que se desarrollen y utilicen de forma responsable, centrada en las personas y respetuosa con los valores europeos. También señala que el uso indebido de estas tecnologías puede implicar riesgos para los derechos de los ciudadanos. El texto enfatiza la necesidad de abordar estos riesgos, promoviendo transparencia, supervisión humana, cumplimiento de normas existentes y adaptación de marcos legales para asegurar la compatibilidad de la IA con los derechos consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE.

Esta publicación es una carta editorial escrita por J. Mitchell Miller en la revista American Journal of Criminal Justice. En ella se reflexiona sobre el papel de la revista en el contexto académico y social, destacando la importancia de mantener estándares éticos y científicos en la investigación criminal. Aunque no aborda directamente derechos digitales, su enfoque en la garantía de derechos y ética lo vincula con la protección en entornos digitales.

Informe sobre tecnologías y políticas de computación en la nube eficientes energéticamente. Aborda el crecimiento del consumo energético de los servicios en la nube en Europa y la necesidad de frenar su impacto ambiental dentro de la Estrategia Digital Europea, con el objetivo de lograr centros de datos sostenibles y energéticamente eficientes para 2030. El informe también analiza el aumento previsto del consumo eléctrico de los centros de datos, el papel de la computación en el borde y la falta de una única solución técnica para alcanzar los objetivos.

El informe presenta orientaciones prácticas para docentes de primaria y secundaria con el objetivo de fortalecer la alfabetización digital, promover el uso seguro y responsable de las tecnologías y aumentar la resiliencia frente a la desinformación. Proporciona conocimientos pedagógicos especializados, ejemplos de actividades y consejos para fomentar el pensamiento crítico, crear un ambiente de confianza y abordar temas sensibles en el aula. Estas directrices forman parte del Plan de Acción de Educación Digital 2021–2027 de la Comisión Europea y son el resultado del trabajo de un grupo de expertos, con enfoque en mejorar la sensibilización y el conocimiento sobre desinformación y competencias digitales entre estudiantes y educadores.

El informe establece un plan estratégico de la Unión Europea para mejorar el entorno digital de la infancia. Describe el contexto y objetivos de la iniciativa BIK+, que busca hacer de Internet un lugar más seguro, inclusivo y beneficioso para niñas, niños y adolescentes, promoviendo su bienestar, derechos y habilidades digitales. El plan aborda áreas clave como prevención del daño en línea, educación digital y protección frente a riesgos como el acoso y la desinformación, así como la colaboración entre instituciones, plataformas, familias y sociedad civil para crear un ecosistema digital más seguro para menores. El informe incluye directrices, principios y acciones dirigidas a mejorar la seguridad, confianza y participación positiva de los menores en Internet dentro del mercado único digital europeo.

El informe ofrece directrices éticas para el uso de la IA y de los datos en contextos educativos, orientadas principalmente a docentes y agentes educativos para que comprendan tanto las oportunidades como los riesgos de la IA en la enseñanza y el aprendizaje. Señala que las tecnologías de IA pueden aportar valor añadido a la educación cuando se usan de forma positiva, crítica y ética, pero también pueden provocar problemas si se implementan sin atención a valores fundamentales. Las directrices promueven prácticas que protejan a las personas y refuercen la calidad educativa, fomentando la reflexión sobre cuestiones como la equidad, la transparencia y el impacto en estudiantes y profesorado. En conjunto, buscan orientar la adopción responsable de IA y de los datos en educación, ayudando al personal docente a aprovechar su potencial sin vulnerar derechos ni introducir aplicaciones tecnológicas que puedan ser perjudiciale

La inteligencia artificial se encuentra en una fase de desarrollo que permite plantearse su regulación por parte del derecho. Sus aplicaciones se están materializando y ya no es necesario proyectarse en el futuro para imaginar tanto los avances como los riesgos. De hecho, ya existe un proyecto de normativa, ya que la Comisión Europea publicó el 21 de abril de 2021 una propuesta de reglamento por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial. Los trabajos preparatorios ya están muy avanzados, ya se trate de evaluar las situaciones actuales, comprobar la adaptabilidad de las normas del derecho positivo, preparar las orientaciones que deben adoptarse y las decisiones que deben tomarse, o incluso plantearse los métodos, entre el enfoque ético y el enfoque prescriptivo.
En este contexto, académicos de renombre han aunado sus reflexiones para que cada estudio en su ámbito de especialidad contribuya a una presentación completa de las cuestiones que plantea el desarrollo de la inteligencia artificial.

El informe es un estudio encargado por la Comisión Europea para aumentar la transparencia sobre el consumo energético del sector de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), evaluando el impacto energético de determinadas acciones y servicios digitales cotidianos y recopilando estimaciones existentes para cuantificar su huella. El documento proporciona estimaciones claras del consumo de energía asociado a diez tipos de acciones y servicios digitales, analiza factores conductuales que influyen en la demanda energética y ofrece material de comunicación para difundir estos resultados. El objetivo es identificar mecanismos que permitan mitigar el creciente consumo energético del sector digital en línea con los objetivos del Green Deal Europeo y del plan REPowerEU, facilitando decisiones políticas informadas sobre eficiencia y sostenibilidad en tecnologías digitales.

La página web explica que el Código de Conducta de la UE para centros de datos, desarrollado por el Joint Research Center (JRC) de la Comisión Europea, es una iniciativa voluntaria que fomenta mejores prácticas para hacer que los centros de datos sean más innovadores, sostenibles y seguros, reduciendo su elevado consumo energético y su impacto ambiental. Utiliza métricas como la eficiencia energética (PUE) para evaluar y mejorar el rendimiento y anima a los operadores a aplicar medidas que reduzcan el uso de energía sin comprometer las funciones críticas. La UE también reconoce anualmente a los centros de datos que implementan con éxito estas prácticas con reducciones significativas en consumo y emisiones. El código se complementa con otras políticas y programas de la Comisión para promover la eficiencia energética, la sostenibilidad y la financiación de infraestructuras de computación en la UE.

Incorporada al Derecho desde la Ley de bioética de 2011, la neuroética se ha integrado en la esfera jurídica bajo la forma de un régimen especial: el derecho de las neurotecnologías. Inscrito en el ámbito del derecho de la bioética, era obvio que este régimen tuviera en cuenta el riesgo sanitario que generan estas tecnologías. Con todo, la justificación de la creación de normas específicas para las técnicas neurocientíficas reside, principalmente, en la existencia de un riesgo de otra naturaleza: el riesgo conductual. Partiendo de esta premisa, apenas tomada en consideración por el legislador, se proponen medidas para cada familia de neurotecnologías. Así, en lo que respecta a las técnicas de imagen cerebral, se hace necesario restringir los fines autorizados y corregir las modalidades del consentimiento. En lo que respecta a las técnicas de neuromodulación, es preciso limitar los fines de uso y adaptar las normas en materia de responsabilidad.