Referencias documentales

El informe es un estudio encargado por la Comisión Europea para aumentar la transparencia sobre el consumo energético del sector de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), evaluando el impacto energético de determinadas acciones y servicios digitales cotidianos y recopilando estimaciones existentes para cuantificar su huella. El documento proporciona estimaciones claras del consumo de energía asociado a diez tipos de acciones y servicios digitales, analiza factores conductuales que influyen en la demanda energética y ofrece material de comunicación para difundir estos resultados. El objetivo es identificar mecanismos que permitan mitigar el creciente consumo energético del sector digital en línea con los objetivos del Green Deal Europeo y del plan REPowerEU, facilitando decisiones políticas informadas sobre eficiencia y sostenibilidad en tecnologías digitales.

El informe establece un plan estratégico de la Unión Europea para mejorar el entorno digital de la infancia. Describe el contexto y objetivos de la iniciativa BIK+, que busca hacer de Internet un lugar más seguro, inclusivo y beneficioso para niñas, niños y adolescentes, promoviendo su bienestar, derechos y habilidades digitales. El plan aborda áreas clave como prevención del daño en línea, educación digital y protección frente a riesgos como el acoso y la desinformación, así como la colaboración entre instituciones, plataformas, familias y sociedad civil para crear un ecosistema digital más seguro para menores. El informe incluye directrices, principios y acciones dirigidas a mejorar la seguridad, confianza y participación positiva de los menores en Internet dentro del mercado único digital europeo.

El documento contiene Conclusiones del Consejo de la UE sobre la Carta de Derechos Fundamentales en el contexto de la inteligencia artificial (IA) y el cambio digital. El Consejo subraya la necesidad de que la transformación digital y el uso de tecnologías como la IA respeten y promuevan los valores y derechos fundamentales consagrados en la Carta de la UE, garantizando dignidad humana, libertad, igualdad, democracia, Estado de derecho y derechos humanos. Reconoce que la IA puede aportar beneficios en salud, servicios públicos y protección de derechos, pero también plantea riesgos (discriminación, opacidad, sesgo, amenazas a libertad de expresión y privacidad). Aboga por un enfoque centrado en las personas, con seguridad, transparencia, supervisión humana, protección de datos y medidas que aseguren que la digitalización y la IA respeten la igualdad, no discriminación y derechos sociales y democráticos

Este documento presenta las Conclusiones del Consejo de la UE que subrayan la importancia de las tecnologías digitales y la inteligencia artificial (IA) para la competitividad, innovación y desarrollo de Europa, especialmente tras la pandemia de COVID‑19. Reconoce que las tecnologías digitales pueden mejorar la vida de las personas y contribuir a la protección y promoción de los derechos fundamentales y la democracia, siempre que se desarrollen y utilicen de forma responsable, centrada en las personas y respetuosa con los valores europeos. También señala que el uso indebido de estas tecnologías puede implicar riesgos para los derechos de los ciudadanos. El texto enfatiza la necesidad de abordar estos riesgos, promoviendo transparencia, supervisión humana, cumplimiento de normas existentes y adaptación de marcos legales para asegurar la compatibilidad de la IA con los derechos consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE.

El informe ofrece directrices éticas para el uso de la IA y de los datos en contextos educativos, orientadas principalmente a docentes y agentes educativos para que comprendan tanto las oportunidades como los riesgos de la IA en la enseñanza y el aprendizaje. Señala que las tecnologías de IA pueden aportar valor añadido a la educación cuando se usan de forma positiva, crítica y ética, pero también pueden provocar problemas si se implementan sin atención a valores fundamentales. Las directrices promueven prácticas que protejan a las personas y refuercen la calidad educativa, fomentando la reflexión sobre cuestiones como la equidad, la transparencia y el impacto en estudiantes y profesorado. En conjunto, buscan orientar la adopción responsable de IA y de los datos en educación, ayudando al personal docente a aprovechar su potencial sin vulnerar derechos ni introducir aplicaciones tecnológicas que puedan ser perjudiciale

El artículo analiza la nueva ley de Indiana (SB 141), que reforma el proceso de identificación por testigos para evitar condenas erróneas. A partir de julio de 2025, se exigirán instrucciones claras a los testigos, alineaciones con personas de rasgos similares y declaraciones firmadas de identificación segura. La norma busca proteger a los ciudadanos frente a errores judiciales, destacando el impacto humano de las identificaciones incorrectas.

Esta publicación es una carta editorial escrita por J. Mitchell Miller en la revista American Journal of Criminal Justice. En ella se reflexiona sobre el papel de la revista en el contexto académico y social, destacando la importancia de mantener estándares éticos y científicos en la investigación criminal. Aunque no aborda directamente derechos digitales, su enfoque en la garantía de derechos y ética lo vincula con la protección en entornos digitales.

En las páginas 355-368 se aborda el papel de los sistemas automatizados e inteligentes en el derecho: cómo regular su diseño, uso y efectos, qué mecanismos de responsabilidad y transparencia deben exigirse, y cómo garantizar que las decisiones algorítmicas respeten derechos fundamentales. Se discuten estándares de auditoría, explicabilidad de decisiones y participación de organismos estatales para supervisar el desarrollo tecnológico

El artículo describe que un comité del Senado de Alabama aprobó el proyecto SB 63, destinado a regular el uso de inteligencia artificial por parte de aseguradoras al determinar la cobertura de servicios médicos. La medida no prohíbe la IA, pero exige que toda denegación de cobertura sea revisada y decidida por un profesional sanitario humano. También obliga a las aseguradoras a informar de forma “prominente y por escrito” cuando se utilice IA en el proceso de determinación de cobertura y prevé sanciones del Departamento de Seguros para aquellas compañías que incumplan los requisitos de divulgación o de revaluación humana tras una denegación automatizada. El Departamento de Seguros señaló que las aseguradoras usan IA con frecuencia, pero subrayó la necesidad de proteger la privacidad y garantizar una intervención humana en las denegaciones. Blue Cross Blue Shield de Alabama afirmó que no utiliza IA para determinar coberturas, manteniendo procesos guiados por revisión humana.

Maine ha aprobado recientemente una ley que regula el juego en línea mediante un modelo de licencias exclusivo para tribus reconocidas federalmente, permitiendo a cada una operar con una única licencia y contratar proveedores de gestión. La norma establece un sistema de control riguroso: verificación de identidad y edad, geolocalización, auditorías, límites publicitarios, conservación de registros durante tres años y mecanismos de autoexclusión. También impone fuertes requisitos de idoneidad y sanciones civiles y penales ante incumplimientos. Se fija un impuesto del 18% sobre ingresos ajustados, con asignaciones específicas a programas públicos de salud, vivienda y apoyo a veteranos. La ley busca fomentar el desarrollo económico tribal bajo un marco de integridad, protección del consumidor y prevención del juego problemático, entrando en vigor 90 días tras el cierre legislativo.