Referencias documentales

El factsheet explica el European Health Data Space (EHDS) como un marco regulatorio de la UE para crear un espacio común de datos sanitarios que permita un acceso y uso seguro de los datos de salud electrónicos en toda la Unión. Empodera a los ciudadanos dándoles control y acceso a sus datos de salud y facilita su intercambio seguro transfronterizo para atención médica (por ejemplo, historias clínicas o e‑prescripciones). Además, establece normas estrictas para el reuse de datos anonimizados o seudonimizados con fines de investigación, innovación, políticas y estadísticas de salud, fomentando un mercado único para servicios y productos de salud digital y apoyando mejores diagnósticos, tratamientos y toma de decisiones sanitarias. La regulación (publicada en marzo de 2025) impulsa interoperabilidad, seguridad y un entorno de datos sólido para profesionales, investigadores y reguladores.

La infografía expone cómo la digitalización de los sistemas sanitarios en la UE puede mejorar la atención médica, empoderar a los pacientes y fortalecer los sistemas de salud, aprovechando el potencial de los datos de salud. Propone que los ciudadanos tengan acceso seguro a sus datos sanitarios, incluso a través de fronteras, facilitando mejores diagnósticos, tratamientos personalizados y prevención de enfermedades; que estos datos sean compartidos de forma interoperable entre profesionales y Estados miembros; y que herramientas digitales fomenten la participación activa de los pacientes en su salud. El informe también identifica barreras—como la falta de infraestructuras comunes y formatos estandarizados—y subraya la necesidad de políticas y marcos que garanticen la seguridad, protección de la privacidad y calidad de la atención mediante tecnologías digitales, incluyendo inteligencia artificial y sistemas electrónicos de salud.

El artículo aborda la importancia de la inteligencia artificial explicable (XAI) en el contexto europeo y jurídico actual. Explica qué es la explicabilidad, por qué las explicaciones de decisiones algorítmicas son fundamentales para garantizar transparencia, rendición de cuentas y confianza en sistemas de IA, y cuándo es necesario proporcionarlas. El texto examina las diversas formas de explicación disponibles para que ciudadanos y personas afectadas comprendan las decisiones que toman los sistemas de IA y subraya su papel ético y legal al enfrentarse a los riesgos y desafíos que plantea la expansión de estas tecnologías

El informe examina cómo la IA puede amplificar discriminaciones existentes y perpetuar sesgos de género si no se incorpora una perspectiva socio‑técnica en su diseño y uso, analizando las estrategias de la UE, Suecia y España al respecto. Destaca que la UE incluye principios éticos y normas que pueden apoyar un enfoque de género, mientras que Suecia desarrolla iniciativas más explícitas para usar la IA en favor de la igualdad en ámbitos como educación, trabajo y salud. En España, aunque hay documentos base y referencias al género en sus estrategias, faltan proyectos concretos y medidas específicas. El informe ofrece recomendaciones como guías de implementación con perspectiva de género y sistemas de IA que aborden violencia de género, brecha salarial y salud.

El informe explora cómo se entienden, practican y protegen los derechos digitales en el Reino Unido, la UE y globalmente ante el avance tecnológico. Define “derechos digitales” como una combinación de derechos humanos fundamentales extendidos al espacio digital (como libertad de expresión e información) y nuevos derechos emergentes (por ejemplo, acceso digital y participación en el desarrollo tecnológico). Señala tendencias históricas en gobernanza digital, el papel de instrumentos como la Declaración Europea de Derechos Digitales y desafíos comunes, como la brecha entre derechos y poder de la industria tecnológica, lagunas en la aplicación y recursos para proteger derechos y la necesidad de marcos coherentes que incluyan acceso, inclusión y transparencia. El documento propone oportunidades para avanzar, incluyendo redes de derechos digitales, procesos deliberativos y mayor apoyo ciudadano para fortalecer la protección y la confianza en tecnologías emergentes.

El artículo critica la Declaración Europea sobre los Derechos y Principios Digitales para la Década Digital como un texto políticamente ambicioso pero jurídicamente débil, publicado en el Diario Oficial de la UE el 23 de enero de 2023 tras negociaciones entre Estados miembros, Parlamento y Comisión Europea. Señala que aunque la declaración enuncia principios como poner a los ciudadanos en el centro, inclusión, libertad de elección, educación digital, seguridad y sostenibilidad, no crea derechos directamente aplicables ni añade mucho valor jurídico nuevo para las personas en comparación con la protección ya existente en la legislación de la UE. El texto replica valores previos, carece de mecanismos de ejecución y deja la aplicación efectiva a políticas futuras y a instrumentos ya existentes, por lo que algunos principios quedan vagos o incompletos

El artículo explica cómo la UE protege los derechos digitales de los ciudadanos poniendo énfasis en la European Declaration on Digital Rights and Principles for the Digital Decade y su integración en marcos legislativos como el AI Act. Destaca derechos como el acceso universal a la conectividad y a Internet de alta calidad, así como el derecho a la formación y educación digital para garantizar inclusión y participación plena sin discriminación. Se presta atención especial a los derechos de los menores en entornos digitales, incluyendo protección contra contenidos dañinos, traza­miento y manipulación. También aborda derechos laborales digitales, como el equilibrio entre trabajo online y vida privada, y la libertad de expresión, privacidad y participación en espacios digitales pluralistas. Finalmente, subraya la importancia de una transición digital sostenible que proteja la seguridad, la privacidad y el medio ambiente.

El informe del Observatorio Europeo 5G 2025 monitoriza los avances hacia los objetivos de conectividad de la Década Digital 2030, incluyendo cobertura 5G para áreas pobladas y gigabit para hogares. El Observatorio ha ampliado su alcance para comparar datos de países fuera de la UE, aportando contexto global. Se han destinado más de 300 millones € a investigación, despliegue y tecnologías 5G/6G. La cobertura 5G básica ha crecido en todos los Estados miembros, aunque los servicios 5G independientes (SA) siguen con despliegue limitado. Las redes privadas 5G experimentan rápido crecimiento, pese a su fase inicial. Con cobertura del 94,3 % de hogares, la UE se sitúa cerca de líderes globales como Corea del Sur o Japón. El progreso en la autorización de bandas clave (700 MHz, 3,6 GHz y 26 GHz) aún no se ha completado en todos los Estados miembros, y persisten desafíos en espectro y despliegue de infraestructuras avanzadas.

La web explica que la Declaración sobre derechos y principios digitales es un acuerdo interinstitucional del Consejo de la UE, el Parlamento Europeo y la Comisión que define un marco de derechos y valores europeos en la transformación digital, poniendo a las personas en el centro de ese proceso. Promueve una transformación digital inclusiva, justa, segura y sostenible que respete los valores fundamentales de la UE, como la dignidad, la libertad, la igualdad, el estado de derecho y la democracia, y asegure que la tecnología beneficie a individuos, empresas y sociedad. El texto recalca la importancia de privacidad, control individual de datos, acceso a servicios y educación digitales, conectividad, libertad de elección frente a algoritmos e IA, participación en el espacio público digital, y seguridad online, especialmente para niños y jóvenes. La declaración servirá de referencia para responsables políticos, empresas y otros agentes al desarrollar tecnologías y políticas digitales.

El sitio web de la Washington State Broadband Office (WSBO), parte del Washington State Department of Commerce, promueve el cierre de la brecha digital en el estado mediante iniciativas de acceso a internet de alta velocidad, equidad digital, inclusión tecnológica y despliegue de infraestructura. Incluye un Digital Equity Dashboard que visualiza la desigualdad de acceso, orienta a políticas para ampliar conectividad asequible y fiable, y coordina programas como Internet for All y proyectos de financiamiento BEAD en comunidades urbanas y rurales