Referencias documentales

La Supreme Court of Pennsylvania en el caso Commonwealth v. Kurtz, concluye que la aceptación de la política de privacidad de Google implica una renuncia a determinadas expectativas de privacidad. El tribunal consideró legítimo que la policía accediera al historial de búsquedas de Google sin orden judicial mediante una “reverse keyword search”, al entender que los usuarios conocen que sus datos son recopilados y tratados por terceros. Según la sentencia, Google informa de forma expresa de que no puede esperarse privacidad al usar sus servicios, lo que equivaldría a un consentimiento válido. Aunque la decisión permitió identificar al autor de un delito grave, plantea serias dudas sobre la protección del derecho a la intimidad, el alcance del consentimiento digital y la erosión de las garantías constitucionales frente a la vigilancia estatal en entornos digitales.

El Gobernador de Pensilvania plantea objetivos relativos a los derechos digitales en sus propuestas presupuestarias para el año 2026. Entre ellos, la modernización de servicios públicos digitales, la conectividad, la gobernanza de infraestructuras tecnológicas y las salvaguardas frente a usos de IA. En primer lugar, se menciona el refuerzo de herramientas de experiencia digital del gobierno (CODE PA) para mejorar procesos y transparencia administrativa, lo que apunta a una relación más eficaz de la ciudadanía con servicios públicos digitales. En segundo lugar, se aborda el impulso a centros de datos y a la economía de la IA, pero condicionado a estándares de “desarrollo responsable” (energía, agua, transparencia y participación comunitaria), conectando tecnología con rendición de cuentas y sostenibilidad. Por último, se proponen protecciones para un uso seguro de IA, especialmente respecto de menores y colectivos vulnerables: verificación de edad, avisos a progenitores ante señales de autolesión/violencia, recordatorios de que se interactúa con IA, y límites a contenido sexual o violento con menores, además de alfabetización digital.

En estados como Pensilvania ya se empiezan a materializar los riesgos que la inteligencia artificial plantea para los derechos digitales vinculados a la identidad personal. Jennifer Rothman, experta en derecho de la publicidad y privacidad, analiza cómo las tecnologías de clonación de voz, deepfakes y réplicas digitales tensionan los límites entre propiedad intelectual, privacidad y libertad de expresión. Rothman advierte que los marcos jurídicos actuales, incluidos proyectos legislativos como el NO FAKES Act, pueden legitimar usos engañosos de la identidad humana al permitir licencias amplias y transferibles sobre nombre, voz o imagen, incluso sin control efectivo de la persona afectada. El texto subraya el peligro de convertir la identidad en un activo comercial alienable, erosionando derechos fundamentales y facilitando la manipulación del público. Frente a ello, defiende que el consentimiento específico y la no decepción pública sean criterios centrales, alertando también contra un exceso de protección que pueda vulnerar la libertad de información y expresión.

A colación de un litigio clave en Pensilvania sobre el control y acceso a copias digitales de archivos históricos públicos. El conflicto enfrenta a un genealogista y activista del acceso a la información con la Pennsylvania Historical and Museum Commission y la empresa privada Ancestry, a raíz de un acuerdo de 2008 que permitió a esta última digitalizar millones de documentos históricos estatales. El debate jurídico gira en torno a si esas copias digitales y sus metadatos constituyen registros públicos accesibles conforme a la Right-to-Know Law, pese a estar en manos de un contratista privado. Mientras la agencia sostiene que no posee los archivos y Ancestry defiende su carácter propietario, el demandante argumenta que la digitalización forma parte de una función pública. La decisión judicial puede redefinir el alcance del acceso ciudadano a datos históricos digitalizados.

Recientemente se ha instaurado un programa piloto en Pensilvania para probar libros electorales electrónicos conectados a internet (e-pollbooks) durante las próximas primarias. La iniciativa, impulsada por el Departamento de Estado, busca evaluar si esta conexión mejora la eficiencia administrativa, permitiendo actualizar en tiempo real los listados de votantes, supervisar la apertura de colegios, controlar la participación y verificar con mayor rapidez la coherencia entre votantes registrados y papeletas emitidas. Desde la perspectiva de derechos digitales, el debate se centra en el equilibrio entre modernización tecnológica, seguridad electoral y confianza ciudadana. Mientras algunos responsables electorales destacan la reducción de errores y la mejora en el acceso efectivo al derecho de voto, otros advierten de riesgos de ciberseguridad y de percepciones de vulnerabilidad del sistema democrático. El programa excluye expresamente la conexión a internet de máquinas de votación y escrutinio, limitando el impacto tecnológico al ámbito administrativo del proceso electoral.

Este artículo analiza el complejo y cambiante panorama de las leyes de privacidad de datos en los Estados Unidos que entran en vigor a partir de 2024. Ante la ausencia de una legislación federal integral, los autores destacan cómo diversos estados —incluyendo Texas, Oregón, Montana y Florida— han implementado sus propias normativas para proteger la información de los consumidores. El texto enfatiza la necesidad de que las empresas revisen y actualicen urgentemente sus políticas de privacidad para cumplir con requisitos específicos sobre el manejo de datos sensibles y los derechos de los usuarios. Además, advierte que las organizaciones deben adoptar marcos de cumplimiento flexibles que les permitan navegar por este mosaico de regulaciones estatales, evitando así sanciones y garantizando la transparencia en el tratamiento de la información personal en un entorno digital cada vez más regulado.

El episodio analiza los desafíos críticos de la privacidad de datos en las industrias de salud y servicios financieros, las cuales operan bajo regímenes regulatorios estrictos como la Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico (HIPAA) y la Ley Gramm-Leach-Bliley (GLBA). Los autores destacan que, ante el aumento de ciberataques y filtraciones, las organizaciones deben ir más allá del simple cumplimiento normativo, adoptando una postura proactiva en la gestión de riesgos. El texto subraya la importancia de implementar controles de acceso rigurosos, encriptación de datos y programas de capacitación continua para empleados. Asimismo, advierte sobre la creciente convergencia de las leyes estatales de privacidad de los consumidores con estas regulaciones federales, lo que obliga a las empresas a armonizar sus políticas internas para proteger la integridad de la información confidencial y evitar sanciones legales o daños reputacionales severos.

En junio de 2024, el Departamento de Trabajo e Industria de Pensilvania anunció 4,9 millones de dólares en subvenciones para 50 organizaciones comunitarias con el fin de mejorar la alfabetización digital de buscadores de empleo. El programa busca enseñar competencias básicas, ciudadanía digital y manejo de información en comunidades con escaso acceso a internet de alta velocidad. Esta fue la quinta ronda de fondos desde 2021. Computer Reach recibió 100.000 dólares para gestionar programas de capacitación como Digital Navigator en seis condados. La iniciativa se apoya en la plataforma Northstar, reconocida a nivel nacional para evaluar habilidades digitales.

El gobernador Josh Shapiro firmó la ley SB 649, que crea nuevas sanciones penales contra quienes utilicen inteligencia artificial para producir imágenes, videos o voces falsificadas sin consentimiento con fines de fraude o daño. A partir de ahora, fiscales podrán acusar a los responsables de cometer un delito grave de tercer grado, aplicable en casos como estafas mediante voces clonadas de familiares para engañar a adultos mayores. Esta norma amplía leyes previas contra material íntimo no consensuado y abusos sexuales infantiles generados por IA. La iniciativa responde al aumento de fraudes digitales, que afectan sobre todo a personas mayores: en 2023-24 se registraron casi 18.500 casos de explotación financiera, el doble que en 2017.

La Ley de Acceso Fiduciario a Activos Digitales de Pensilvania regula cómo se gestionan los activos digitales tras la muerte o incapacidad del propietario, garantizando que los fiduciarios puedan acceder legalmente a ellos como parte de la herencia digital. Permite dos vías de autorización: mediante herramientas en línea del custodio o a través de documentos de planificación patrimonial (testamentos, fideicomisos o poderes). La ley establece procedimientos claros para divulgar los activos digitales, protege a los custodios si actúan de buena fe y asegura que los deseos del propietario se respeten, evitando que los activos se pierdan debido a restricciones de términos de servicio o ausencia de autorización previa.