Fortaleciendo el acceso al conocimiento y el análisis crítico sobre los derechos digitales, este buscador permite explorar de forma ágil una cuidada selección de materiales y documentos, con fuentes confiables y actualizadas.
La Ley Revisada de Connecticut sobre el Acceso Fiduciario Uniforme a los Activos Digitales (2016) otorga a los fiduciarios una autoridad limitada para acceder a cuentas en línea si está explícitamente autorizado en un testamento o poder notarial. Este acceso puede ayudar a las familias a proteger activos, prevenir el robo de identidad y gestionar legados digitales. Sin embargo, las leyes federales de privacidad, como la Ley de Comunicaciones Almacenadas, restringen a los proveedores la divulgación de datos privados, lo que a menudo genera conflictos con los fiduciarios. Para evitar complicaciones, las personas pueden asignar directamente derechos de gestión de cuentas a través de los propios proveedores de servicios (por ejemplo, el “Contacto de legado” de Facebook o el “Administrador de cuentas inactivas” de Google). Una planificación explícita garantiza que la información digital sea preservada, controlada y legalmente accesible por personas de confianza.
Internet et presse écrite : liberté de communication et neutralité des réseaux
Camille Broyelle y Judith Rochfeld | 2020
¿La distribución de la prensa escrita, regulada por la ley Bichet del 2 de abril de 1947, y la distribución de contenidos en Internet plantean los mismos retos en materia de libertad de comunicación y no discriminación? Si bien la obligación de distribución o transporte «neutral» de contenidos se aplica en ecosistemas muy diferentes y en condiciones materiales y económicas que no se basan en las mismas premisas, ¿podemos hoy en día descubrir retos comunes que hagan interesante una comparación de sus respectivos regímenes? En otras palabras, ¿cómo garantizar la libertad de comunicación en contextos distintos y cómo razonar de manera más homogénea con respecto a estos sectores que en un principio no se consideraban vecinos? La cuestión se plantea de nuevo con la profunda reforma de la ley Bichet llevada a cabo por la ley del 18 de octubre de 2019 y el irreversible auge de la distribución de la prensa por Internet.
Cyberdroit 2020/2021. 8e éd. – Le droit à l’épreuve de l’internet
Christiane Féral-Schuhl | 2020
Internet plantea retos constantemente renovados a todos los ámbitos del derecho. Ahora que el dispositivo nacional de protección de datos personales se basa tanto en el RGPD como en la ley modificada de Informática y Libertades, ¿cuáles son las normas para la recopilación, el uso y la conservación de datos personales? ¿Cómo se ejerce el derecho al olvido, a la portabilidad o al control de los datos tras el fallecimiento? ¿Cómo puede el empleador garantizar el respeto de la vida privada del empleado que utiliza sus propios equipos informáticos en su actividad profesional? ¿Cómo debe organizar el procedimiento de notificación de alertas? ¿Cómo se armonizan las normas de transparencia y lealtad aplicables al comercio electrónico con las disposiciones europeas de protección del consumidor en línea? ¿Qué lugar y qué marco jurídico se debe otorgar al pago en bitcoins? Ya sea internauta o no, ciudadano, padre, menor, consumidor, creador de sitios web, empleado, empresario, responsable de una misión de interés general, abogado o magistrado, el lector encontrará en esta séptima edición muchas respuestas.
L’avenir des données personnelles sur les réseaux sociaux de la personne décédée.
Lucas Massard | 2020
La entrada de blog explora la regulación del acceso a los datos personales contenidos en cuentas de redes sociales tras el fallecimiento de una persona.
El libro tiene como finalidad recordar el legado intelectual de Stefano Rodotà mediante una reflexión sistemática sobre la Carta de Derechos de Internet, concebida como instrumento de garantía de libertad, transparencia e igualdad en el entorno digital. El texto subraya la importancia de difundir sus contenidos entre la ciudadanía como medio para fortalecer la conciencia jurídica y promover un uso responsable de las tecnologías. Se destaca el papel central de la educación digital como condición indispensable para el ejercicio efectivo de la ciudadanía activa y para la superación del analfabetismo tecnológico ampliamente extendido en Italia. A través de propuestas formativas y divulgativas, la obra pretende sensibilizar a usuarios y sociedad civil sobre los derechos y deberes existentes en la dimensión virtual. En este sentido, se concibe la Carta como una herramienta pedagógica y normativa orientada a consolidar una cultura digital basada en la dignidad y los derechos fundamentales.
Energy-efficient Cloud Computing Technologies and Policies for an Eco-friendly Cloud Market
Montevecchi, F., Stickler, T., Hintemann, R. y Hinterholzer, S | 2020
Informe sobre tecnologías y políticas de computación en la nube eficientes energéticamente. Aborda el crecimiento del consumo energético de los servicios en la nube en Europa y la necesidad de frenar su impacto ambiental dentro de la Estrategia Digital Europea, con el objetivo de lograr centros de datos sostenibles y energéticamente eficientes para 2030. El informe también analiza el aumento previsto del consumo eléctrico de los centros de datos, el papel de la computación en el borde y la falta de una única solución técnica para alcanzar los objetivos.
Development of the EU Green Public Procurement (GPP) Criteria for Data Centres, Server Rooms and Cloud Services
Dodd, N., Alfieri, F., De Oliveira Gama Caldas, M., Maya-Drysdale, L., Viegand, J., Flucker, S., Tozer, R., Whitehead, B., Wu, A. y Brocklehurst, F | 2020
Se trata de un informe técnico encargado por la Unión Europea que establece criterios de Compra Pública Verde (GPP) para ayudar a las autoridades públicas a adquirir centros de datos, salas de servidores y servicios en la nube de forma que se consigan mejoras ambientales concretas. Su objetivo es orientar las compras hacia soluciones que contribuyan a los objetivos europeos de energía, clima y eficiencia de recursos, al tiempo que se reducen los costes a lo largo del ciclo de vida de los equipos y servicios. El informe propone criterios ambientales basados en indicadores verificables y buenas prácticas para integrar estos requisitos en los procesos de contratación pública, fomentando así infraestructura digital más eficiente y sostenible en la Unión Europea.
ACLU of Massachusetts Technology for Liberty Program (ft. Kade Crockford) | Inside Politicz #45
Inside Politicz | 2020
El episodio aborda el trabajo del Technology for Liberty Program de la ACLU de Massachusetts, centrado en garantizar que los avances tecnológicos no vulneren derechos fundamentales. Se destacan logros como el caso Carpenter v. United States, que obligó a las autoridades a obtener orden judicial para rastrear móviles. El programa combate la vigilancia masiva (drones, reconocimiento facial, rastreo digital) y promueve transparencia en el sistema judicial mediante el proyecto Data for Justice. Crockford subraya que la privacidad no está muerta: es un problema político que requiere leyes estrictas frente al poder corporativo y estatal para proteger derechos digitales.
Teachers Bridging the Digital Divide in Rural Schools with 1:1 Computing
Jillian R. Power, Ann T. Musgrove, Bryan H. Nichols | 2020
El artículo presenta un estudio mixto sobre la implementación de computación 1:1 en escuelas rurales de Florida. Se analiza cómo los docentes adoptan esta tecnología, influenciados por su utilidad y facilidad de uso. La investigación muestra que el uso de dispositivos fomenta la alfabetización digital, la colaboración y la evaluación estudiantil, mejorando el compromiso y la personalización del aprendizaje. El estudio destaca el papel de los docentes en reducir la brecha digital en contextos rurales.
Esta publicación es una carta editorial escrita por J. Mitchell Miller en la revista American Journal of Criminal Justice. En ella se reflexiona sobre el papel de la revista en el contexto académico y social, destacando la importancia de mantener estándares éticos y científicos en la investigación criminal. Aunque no aborda directamente derechos digitales, su enfoque en la garantía de derechos y ética lo vincula con la protección en entornos digitales.