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Maine’s ISP Privacy Law Does Not Violate the First Amendment, Much as ISPs Would Like for It To
Arianna Demas | 2020
El artículo de la ACLU defiende la ley de privacidad de Maine que obliga a los proveedores de servicios de Internet (ISP) a obtener el consentimiento de los usuarios antes de usar o vender su información personal. La ley protege datos sensibles como ubicación, historial de navegación y salud, y ha sido cuestionada por los ISP por supuesta violación de la Primera Enmienda. La ACLU argumenta que la ley regula el discurso comercial y protege la privacidad del consumidor.
Free Speech Isn’t a Free Pass for Privacy Violations
Margot E. Kaminski and Scott Skinner-Thompson | 2020
El artículo de Slate analiza cómo empresas como Clearview AI y grupos de ISP han invocado la Primera Enmienda para evitar regulaciones de privacidad. Se critica el uso del discurso comercial como escudo legal frente a leyes como la de Maine, que exige consentimiento para compartir datos. También se cuestiona la legitimidad de recolectar imágenes faciales de redes sociales, subrayando los riesgos de discriminación y vigilancia masiva
El Plan de Acción 2020 de ConnectME aborda la expansión del acceso a banda ancha en zonas rurales de Maine. Reconoce que la baja densidad poblacional dificulta la inversión privada y propone un modelo de planificación comunitaria con asociaciones público-privadas. El informe destaca la importancia de velocidades de subida adecuadas para el desarrollo económico, educativo y sanitario, y plantea que la equidad digital es clave para reducir desigualdades estructurales
William Francis Galvin - Secretary of the Commonwealth | 2020
Este documento oficial del Estado de Massachusetts ofrece una guía práctica sobre la Ley de Registros Públicos, incluyendo definiciones, procedimientos y excepciones. Explica cómo los ciudadanos pueden solicitar información a las administraciones públicas, el papel del Responsable de Acceso a los Registros (RAO), y las condiciones bajo las cuales se puede denegar el acceso. Promueve la transparencia y el derecho de los ciudadanos a interactuar digitalmente con las instituciones públicas.
La Ley Revisada de Connecticut sobre el Acceso Fiduciario Uniforme a los Activos Digitales (2016) otorga a los fiduciarios una autoridad limitada para acceder a cuentas en línea si está explícitamente autorizado en un testamento o poder notarial. Este acceso puede ayudar a las familias a proteger activos, prevenir el robo de identidad y gestionar legados digitales. Sin embargo, las leyes federales de privacidad, como la Ley de Comunicaciones Almacenadas, restringen a los proveedores la divulgación de datos privados, lo que a menudo genera conflictos con los fiduciarios. Para evitar complicaciones, las personas pueden asignar directamente derechos de gestión de cuentas a través de los propios proveedores de servicios (por ejemplo, el “Contacto de legado” de Facebook o el “Administrador de cuentas inactivas” de Google). Una planificación explícita garantiza que la información digital sea preservada, controlada y legalmente accesible por personas de confianza.
The Brussels Effect: How the European Union Rules the World
Bradford, Anu | 2020
Obra que acuña y desarrolla el concepto de ‘efecto Bruselas’: el mecanismo por el cual los estándares regulatorios de la UE se convierten en estándares globales de facto a través de la adaptación voluntaria de empresas y terceros países. El capítulo 5 analiza la economía digital y el RGPD como modelo global. Referencia sistemática en la doctrina sobre gobernanza digital.
ACLU of Massachusetts Technology for Liberty Program (ft. Kade Crockford) | Inside Politicz #45
Inside Politicz | 2020
El episodio aborda el trabajo del Technology for Liberty Program de la ACLU de Massachusetts, centrado en garantizar que los avances tecnológicos no vulneren derechos fundamentales. Se destacan logros como el caso Carpenter v. United States, que obligó a las autoridades a obtener orden judicial para rastrear móviles. El programa combate la vigilancia masiva (drones, reconocimiento facial, rastreo digital) y promueve transparencia en el sistema judicial mediante el proyecto Data for Justice. Crockford subraya que la privacidad no está muerta: es un problema político que requiere leyes estrictas frente al poder corporativo y estatal para proteger derechos digitales.
Teachers Bridging the Digital Divide in Rural Schools with 1:1 Computing
Jillian R. Power, Ann T. Musgrove, Bryan H. Nichols | 2020
El artículo presenta un estudio mixto sobre la implementación de computación 1:1 en escuelas rurales de Florida. Se analiza cómo los docentes adoptan esta tecnología, influenciados por su utilidad y facilidad de uso. La investigación muestra que el uso de dispositivos fomenta la alfabetización digital, la colaboración y la evaluación estudiantil, mejorando el compromiso y la personalización del aprendizaje. El estudio destaca el papel de los docentes en reducir la brecha digital en contextos rurales.
Esta publicación es una carta editorial escrita por J. Mitchell Miller en la revista American Journal of Criminal Justice. En ella se reflexiona sobre el papel de la revista en el contexto académico y social, destacando la importancia de mantener estándares éticos y científicos en la investigación criminal. Aunque no aborda directamente derechos digitales, su enfoque en la garantía de derechos y ética lo vincula con la protección en entornos digitales.
Why three coastal Florida cities are turning to tech to achieve sustainability
George Earle, Natalie Hollier, Tom Glover y Carolyn Volper | 2020
El artículo explora cómo tres ciudades costeras de Florida están adoptando tecnologías inteligentes para enfrentar desafíos ambientales como el cambio climático, el aumento del nivel del mar y el turismo masivo. Mediante sensores, plataformas de datos, sistemas de energía inteligente y alertas tempranas, estas ciudades buscan mejorar la calidad de vida, proteger infraestructuras críticas y garantizar la resiliencia frente a desastres naturales. Se promueve un enfoque escalable y equitativo para municipios pequeños.
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Garantía 
IA 
Igualdad 
Libertad 
Participación