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Vérification de majorité et protection des données à caractère personnel
Ludovic Pailler | 2023
La verificación de la mayoría de edad del internauta que accede a un sitio web con contenido pornográfico implica inevitablemente un tratamiento de datos personales. Los retos son significativos, dado que la relación entre la identidad de una persona y su actividad en Internet – incluida la consulta de sitios web de carácter pornográfico – permite deducir información íntima (así, la relativa a vida sexual o la orientación sexual) cuyo tratamiento se encuentra, en principio, prohibido.
La protection préventive du mineur sur Internet hors du cadre familial
Margot Musson | 2023
Internet puede resultar especialmente nocivo para los menores debido a su vulnerabilidad. Varias vías de mejora pueden ser planteadas para reforzar la eficacia de una protección preventiva, habida cuenta de la insuficiencia de los medios actuales.
Le blocage de l’accès aux sites pornographiques demandé directement aux fournisseurs d’accès à Internet
Margot Musson | 2023
Comentario de la sentencia de la Corte de Casación francesa de 18 de octubre de 2023 (Cass. 1re civ., 18 oct. 2023, n° 22-18.926 :JurisData n° 2023-017683). El Alto Tribunal francés sostiene que las asociaciones protectoras de los intereses del menor pueden requerir directamente a los proveedores de acceso a Internet para que adopten las medidas necesarias a los efectos de impedir el acceso a los sitios web de contenido pornográfico bajo el fundamento del art. 6-I.8 LCEN. No constituye una condición de admisibilidad de la demanda que previamente los actores se hayan dirigido contra otros servicios de intermediación en línea, en particular los prestadores de servicios de alojamiento de datos.
La ley n.º 2023-566, de 7 de julio de 2023, destinada a instaurar una mayoría de edad digital y a luchar contra el odio en línea ha fijado en 15 años la edad a la que un menor puede suscribir por sí solo un contrato de adhesión a una red social, siendo así que para registrarse antes de esa edad es necesaria la autorización de uno de los titulares de la patria potestad. La fijación de este umbral no se ha planteado ni resuelto siguiendo una lógica contractual. La medida está concebida y orientada a proteger a los menores de 15 años. No se trata en sí de un tipo de incapacidad, sino más bien de una prohibición para los proveedores de redes sociales de aceptar sus inscripciones, a menos que dispongan de la autorización de uno de los titulares de la patria potestad.
Si bien, en principio, los menores están sujetos a una incapacidad general para ejercer sus derechos, diversos mecanismos les reconocen una capacidad jurídica real en el ámbito digital. No obstante, un equilibrio entre la protección de sus intereses y el reconocimiento jurídico de su autonomía resulta siempre indispensable.
El informe es una versión accesible para niños de los Derechos y Principios Digitales Europeos, elaborada con la participación de menores para explicar de forma comprensible los derechos y valores que deben guiar la transformación digital en la Unión Europea. Presenta principios clave sobre cómo las tecnologías digitales deben colocar a las personas en el centro, promover inclusión y equidad, proteger la privacidad y la protección de datos personales, garantizar la seguridad en línea y reforzar la alfabetización digital. La publicación simplifica conceptos de la declaración más amplia de derechos digitales europeos, con el objetivo de hacerlos comprensibles y relevantes para niñas y niños, enfatizando la importancia de un entorno digital que respete la dignidad, libertad, igualdad y derechos fundamentales en el mundo digital.
La Declaración Europea sobre los Derechos y Principios Digitales
Moises Barrio | 2023
El blog explica que la Declaración Europea sobre los Derechos y Principios Digitales refleja el compromiso de la Unión Europea con una transformación digital centrada en las personas y conforme a valores y derechos fundamentales como dignidad, libertad, igualdad y solidaridad. La Declaración promueve conectividad, educación y formación digitales, condiciones laborales justas, acceso a servicios públicos digitales, inclusión, participación en el espacio público digital, seguridad y empoderamiento digital, así como sostenibilidad y respeto de derechos tanto online como offline. Aunque no es jurídicamente vinculante, se considera parte del constitucionalismo digital europeo y puede influir en políticas públicas y en la interpretación de la Carta de Derechos Fundamentales, además de reforzar iniciativas nacionales como la Carta de Derechos Digitales de España y orientar futuros marcos regulatorios en áreas como inteligencia artificial, ciberseguridad y datos.
El artículo explica el enfoque basado en el riesgo del Reglamento Europeo de IA. Detalla las diferencias entre sistemas de riesgo inaceptable, riesgo alto, riesgo limitado y riesgo bajo. También se aborda la necesidad de la regulación en un escenario cambiante en el que la protección de los derechos humanos en los entornos digitales es más importante que nunca.
Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad | 2023
Informe que analiza los derechos digitales como proyección de los derechos fundamentales en el entorno digital, su marco normativo en España y la UE y el grado de conocimiento y percepción ciudadana. Revisa la Carta de Derechos Digitales, la LOPDGDD y la normativa europea (RGPD, DSA, DMA) como ejes de protección de libertades, privacidad, igualdad y acceso a la tecnología. Examina actitudes sociales ante la digitalización, con valoración mayoritariamente positiva de sus beneficios futuros, junto a preocupaciones por ciberseguridad, uso indebido de datos personales, protección de menores y brechas digitales. Identifica déficits de información y concienciación sobre derechos digitales y señala la necesidad de reforzar garantías, educación digital y políticas públicas para un desarrollo tecnológico inclusivo y centrado en las personas