Referencias documentales

El informe examina cómo se está implementando la IA en la atención sanitaria y por qué, pese a su potencial para mejorar eficiencia operativa, reducir cargas administrativas y apoyar diagnósticos y tratamientos, su adopción clínica real sigue siendo lenta. A través de revisión bibliográfica y consultas con actores sectoriales, identifica múltiples obstáculos tecnológicos y de datos, complejidades legales y regulatorias, desafíos organizativos y barreras sociales o culturales que dificultan el despliegue de IA en hospitales y sistemas sanitarios. El estudio también señala estrategias exitosas aplicadas globalmente que pueden servir de inspiración y plantea consideraciones para actuaciones futuras, proponiendo un marco de indicadores para monitorizar e integrar la IA de manera sostenible, equilibrando la innovación con la protección de los derechos fundamentales de pacientes y profesionales.

El informe evalúa los avances de la UE hacia los objetivos digitales de 2030. Identifica mejoras en cobertura básica de 5G y despliegue de nodos periféricos, pero señala que la UE sigue lejos de metas clave como IA, semiconductores, 5G autónoma, habilidades digitales y protección de grupos vulnerables. Las hojas de ruta nacionales suman inversiones de 288 600 millones € pero el informe pide más inversión pública y privada para fortalecer infraestructura y capacidades digitales. También se ofrecen resúmenes de 27 informes por país y se vincula con otros documentos de monitoreo y recomendaciones horizontales.

La web explica la Declaración Europea de Derecho y Principios Digitales que establece un marco para que la UE dirija la transformación digital conforme a valores europeos, poniendo a las personas en el centro y protegiendo sus derechos online y offline. Se articula en seis principios: poner a las personas y sus derechos en el centro; promover solidaridad e inclusión con acceso a servicios y habilidades digitales; garantizar libertad de elección y protección frente a contenidos dañinos; fomentar la participación democrática y control de datos; asegurar un entorno digital seguro y protegido para todos; y apoyar la sostenibilidad y el impacto ambiental de las tecnologías digitales. La declaración sirve de guía para políticas y legislación de la UE y se monitoriza periódicamente, con cifras que muestran percepciones de los ciudadanos sobre protección de derechos digitales, inclusión y sostenibilidad.

El informe describe los objetivos y mecanismos para alcanzar la Década Digital de la UE, incluyendo metas concretas en cuatro áreas: infraestructuras digitales (como redes de alta velocidad), competencias digitales y habilidades, digitalización de empresas, y servicios públicos digitales. Establece un ciclo anual de cooperación entre la Comisión Europea y los Estados miembros para coordinar políticas e inversiones que impulsen la adopción y uso de tecnologías digitales en toda Europa, reducir brechas y fomentar la competitividad. La publicación forma parte del marco general de la Estrategia Digital de la Unión Europea, que guía la transición hacia una economía digital sostenible e inclusiva para 2030.

El informe presenta la Década Digital de Europa, la estrategia de la Unión Europea para guiar la transformación digital hasta 2030 con una visión centrada en las personas, la equidad y los valores europeos. Establece un programa estratégico conjunto entre la Comisión y los Estados miembros con objetivos medibles en conectividad, capacidades digitales, digitalización de empresas y servicios públicos, y mecanismos para supervisar el progreso hacia las metas de 2030. El marco incluye proyectos transnacionales, hojas de ruta nacionales y una declaración de derechos y principios digitales que deben respetarse en el mundo digital. Su propósito es empoderar a los ciudadanos y las empresas, reducir brechas digitales, fomentar habilidades digitales, impulsar servicios públicos en línea y asegurar que la transformación digital sea inclusiva, segura y beneficiosa para todos.

El informe presenta 33 recomendaciones dirigidas a las instituciones de la UE y los Estados miembros para promover una inteligencia artificial confiable que combine sostenibilidad, crecimiento, competitividad e inclusión, al mismo tiempo que empodere, beneficie y proteja a las personas. El documento forma parte de la estrategia europea de IA y acompaña las orientaciones éticas sobre IA confiable, destacando la necesidad de políticas públicas e inversiones que refuercen la gobernanza, la transparencia, la seguridad y el respeto de derechos fundamentales, e impulse la adopción de IA que favorezca la economía de datos y la innovación responsable en Europa. La UE, como actor clave en el desarrollo e implementación de IA, debe apoyar la creación de un ecosistema robusto con normas claras y financiación estratégica, equilibrando la protección de las personas con el fomento de tecnologías avanzadas

El informe examina la situación actual del uso de datos sanitarios, la salud digital y la IA en el sector sanitario europeo, incluyendo servicios de salud transfronterizos. Analiza cómo se están adoptando tecnologías digitales y sistemas de IA, identifica barreras a su implementación (tecnológicas, legales, organizativas y sociales) y ofrece una evaluación detallada de los principales retos y oportunidades para integrar estas innovaciones de forma segura y eficaz. También estudia la cooperación entre Estados miembros y marco normativo existente, proporcionando una base para futuras intervenciones de política de la UE que promuevan la interoperabilidad de datos, la calidad de los sistemas de IA y la mejora de los servicios de salud para pacientes, profesionales y sistemas sanitarios

El texto expone cómo la acelerada evolución de las tecnologías digitales ha transformado de manera transversal las sociedades, las economías y la vida cotidiana, pero también ha intensificado desigualdades estructurales conocidas como brecha digital. Pese a los avances recientes, en 2024 permanecían desconectadas 2.600 millones de personas, lo que revela una distribución profundamente desigual del acceso y del uso de Internet y de tecnologías como la inteligencia artificial. La brecha se manifiesta, en primer lugar, entre países: los Estados de renta baja y media-baja presentan niveles de conectividad muy inferiores a los de renta media-alta y alta. En segundo término, dentro de cada país persisten diferencias relevantes entre áreas urbanas y rurales, asociadas sobre todo a déficits de infraestructura. A ello se suman factores sociales que agravan la exclusión digital, afectando especialmente a mujeres y jóvenes, con notables carencias de competencias digitales. Las consecuencias son amplias: reducción de oportunidades laborales, exclusión del acceso a servicios sanitarios esenciales, freno al crecimiento económico y debilitamiento de la inclusión financiera. Asimismo, las desigualdades digitales tienen impactos políticos, al disminuir la participación cívica y comprometer procesos democráticos. Por ello, cerrar la brecha digital no es solo un reto técnico, sino una condición para promover igualdad, inclusión y participación.

Informe de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) sobre la identidad digital en Francia y en la Unión Europea. El trabajo pone el foco en las tecnologías que permiten al ciudadano identificarse en el entorno digital (como FranceConnect, France Identité o la futura Cartera Europea de Identidad Digital) y advierte de los riesgos de centralización, perfilado de la población y exclusión de ciertos colectivos por barreras o brechas digitales. De forma crítica, se aboga por la preservación de una pluralidad de identidades digitales y del pseudonimato, así como por el mantenimiento de alternativas no digitales.

El documento se refiere a las personas en situación de analfabetismo digital (“illectronisme”), que define como aquellas que carecen de las competencias digitales básicas o que no hacen uso de Internet. El mismo afecta a algo más de un 15% de las personas que residen en Francia (con la exclusión del territorio de Mayotte), y se extiende con mayor amplitud entre las personas de la tercera edad, las clases socioeconómicas más pobres, los habitantes de los departamentos de ultramar, aquellos que tienen menor formación académica o las personas que viven solas o en pareja pero sin hijos. Se apunta, no obstante, un descenso del analfabetismo digital en el período comprendido entre 2019 y 2021.