Referencias documentales

La Política de Tecnología de la Información (ITP) proporciona directrices para garantizar que todo el contenido y los servicios digitales de COPA sean accesibles digitalmente. Esta política describe las mejores prácticas para planificar, diseñar, desarrollar, probar, mantener y adquirir tecnología accesible. El objetivo es asegurar que los residentes, visitantes, empleados del Estado y cualquier persona que interactúe con los recursos digitales de Pensilvania, incluyendo a las personas con discapacidades, puedan acceder a la información y a los servicios sin barreras. Aplica a todas las agencias estatales, proveedores externos y contratistas. La política define responsabilidades para agencias, Oficina de Accesibilidad, personal de TI y proveedores de servicios, incluyendo pruebas de accesibilidad, remediación, documentación y reporte.

El informe evalúa los avances de la UE hacia los objetivos digitales de 2030. Identifica mejoras en cobertura básica de 5G y despliegue de nodos periféricos, pero señala que la UE sigue lejos de metas clave como IA, semiconductores, 5G autónoma, habilidades digitales y protección de grupos vulnerables. Las hojas de ruta nacionales suman inversiones de 288 600 millones € pero el informe pide más inversión pública y privada para fortalecer infraestructura y capacidades digitales. También se ofrecen resúmenes de 27 informes por país y se vincula con otros documentos de monitoreo y recomendaciones horizontales.

En la era de los datos abiertos sobre las resoluciones judiciales, la protección de los datos personales de los justiciables se convierte, más que nunca, una prioridad. Desde la adopción de la ley de 7 de octubre de 2016 para una República digital, las decisiones judiciales han de ponerse a disposición del público de forma gratuita, respetando la privacidad de las personas afectadas. Por ello, esta puesta a disposición debe ir precedida de un análisis del riesgo de identificación de las personas. Resulta así importante reflexionar sobre las condiciones de difusión de los datos relativos a la identidad, por cuanto contribuyen a la elaboración de perfiles de las personas por parte de los motores de búsqueda. La seudonimización no excluye por completo el riesgo de que una persona pueda ser identificada, lo que invita a una especial vigilancia.

La ley del 7 de octubre de 2016 para una República digital regula los datos abiertos de las decisiones judiciales. En este sentido, no recomienda la anonimización, sino la seudonimización de las decisiones publicadas en línea. La seudonimización tiene como objetivo ocultar únicamente la información que permite una identificación «directa» (apellidos, direcciones, etc.). No pretende impedir la identificación indirecta, es decir, la que se podría realizar cotejando los detalles del caso con otra información. Su dificultad radica en trazar la línea entre la información demasiado identificativa, que debe ocultarse, y la información que se decide dejar visible.

Informe del Ministére de la Justice sobre el impacto de la Loi n.º 2019-222, de 23 de marzo de 2019, por el que se introducen diversas reformas en el sistema judicial francés para fomentar el acceso abierto a las decisiones de los tribunales. En el trabajo se destaca la importancia de este cambio de sistema para cumplir con el ideal de transparencia y con el proyecto de digitalización de las Administraciones públicas, pero también se advierte de ciertas dificultades concernientes a la intimidad de las partes, que en ocasiones pueden ser identificadas pese a haber sido pseudonimizadas. Concluye reflexionando acerca de la posibilidad de repensar el sistema para diferenciar el grado de acceso en función de los fines, además de adoptar medidas de protección más eficaces para los interesados.

Bob McLaughlin, Director Ejecutivo de la Colaboración Nacional para la Equidad Digital y Charlie French, Líder del Programa de Desarrollo Comunitario y Económico de la Extensión Cooperativa de la Universidad de New Hampshire comentan como cerrar la brecha de acceso al internet, favorecer la inclusión a la economía actual, mejorar la accesibilidad y sobre todo aminorar la diferencia competencial que se ha hecho notable después de la pandemia. Bajo la FCC existe el Affordable Connectivity Programme, aunque tan solo 20% de los hogares se han unido a la iniciativa, aunque los expertos prevén la triplicación de estas cifras en los próximos años.

El reportaje narra cómo el Southern Vermont Communication Union District logra cobertura universal de fibra en 14 municipios mediante alianza con Consolidated Communications (Fidium). Con 9 millones públicos canalizados por el Vermont Community Broadband Board y 19 millones privados (28 en total), conectan zonas rurales “de final de camino”, garantizando tarifas iguales y velocidades de 50 Mbps a 2 Gbps simétricos. La fibra, “future-proof”, impulsa negocios, teletrabajo y turismo. Aprovecharon infraestructura existente para desplegar 400 millas en meses. Aún 58.000 direcciones dependen de DSL; el Estado, único con meta de fibra a cada hogar, prevé completar parte en 3-5 años.

El Mass Broadband Institute (MBI) lidera en Massachusetts un proceso estatal de Internet for All con sesiones de escucha, encuesta pública y mapeo de activos para cerrar la brecha digital. Anuncian inversiones en Boston (p. ej., 5 M$ para Wi-Fi en vivienda pública y apoyo a más de 50 entidades), programas de conectividad gratuita en viviendas asequibles y subvenciones de planificación municipal. Prioridades: conexión de calidad y asequible, dispositivos adecuados y alfabetización digital (con Tech Goes Home y registro en ayudas como ACP). Datos regionales: hasta 17% de hogares sin suscripción y 55% de municipios con un solo proveedor; próximo challenge process para corregir mapas de cobertura.

Dinamarca destaca por una infraestructura digital robusta, servicios públicos de alta calidad e innovación sólida, aunque enfrenta escasez de trabajadores cualificados y brechas de digitalización entre pymes y grandes empresas. Su hoja de ruta nacional contempla 67 medidas con un presupuesto de 1 070 M € (≈0,21 % del PIB) para fortalecer conectividad, investigación en semiconductores y tecnologías cuánticas, habilidades digitales y uso de soluciones digitales sostenibles. El enfoque “digital por defecto” permite servicios eficientes y centrados en la persona, con altos niveles de competencias digitales entre la población y atención al bienestar en línea de grupos vulnerables. Según el Eurobarómetro 2025, 81 % de los daneses considera que la digitalización facilita su vida y 88 % desea que las empresas europeas compitan globalmente

Paolo Balboa, recién nombrado chief digital equity officer de la ciudad, plantea nuevas estrategas para el estado de Nueva York con vistas a mejorar la equidad digital. Balboa subraya que el principal reto no es tanto el acceso a internet como la adopción efectiva de la tecnología, que depende de factores como la confianza, la asequibilidad y el acompañamiento. Defiende un enfoque integral en el que bibliotecas, programas públicos y personal capacitado actúen como “navegadores digitales” para apoyar a colectivos vulnerables. Iniciativas como Big Apple Connect y Liberty Link buscan ofrecer conectividad de alta calidad a residentes de viviendas públicas y asequibles, reforzando además oportunidades económicas y de empleo. La equidad digital se concibe como un ecosistema interconectado, alineado con prioridades de desarrollo económico, vivienda y formación, y con continuidad política ante el cambio de alcaldía, consolidando el papel del sector público como facilitador de inclusión tecnológica.