Referencias documentales

La singularidad del dispositivo europeo en materia de protección de datos reside en la existencia de márgenes de maniobra que permiten a los Estados miembros precisar determinadas normas o liberarse de las previstas a nivel europeo. Si bien el legislador se ha mostrado prudente en el uso de estos espacios de libertad, se tratan en la presente obra las cuestiones reguladas de manera específica en el derecho interno. Asimismo, recoge todas las revisiones de la Ley “Informática y Libertades” con motivo de la transposición de la Directiva 2016/680/UE.

Apenas 40 años después de la entrada en vigor en Francia de la ley «Informática y libertades», el derecho de los datos personales ha sufrido una importante evolución. Durante el año 2018, entró en vigor del RGPD. Una Ley y, posteriormente, una Ordenanza, adaptaron la legislación interna francesa al nuevo texto europeo. Inmediatamente, ello se tradujo e un aumento de las sanciones impuestas por la CNIL. La obra reúne diversas contribuciones que abordan cuestiones transversales relacionadas con la nueva normativa, como su ámbito de aplicación territorial, la competencia con el modelo estadounidense, el alcance del concepto de responsable del tratamiento, la existencia de derechos post mortem sobre los datos o los límites del principio de transparencia frente a la opacidad de los algoritmos predictivos. Otras se centran en un sector concreto, como la banca, la sanidad, los seguros o los datos relativos a los responsables públicos.

Artículo que analiza la evolución del marco normativo francés en el ámbito concreto de los efectos de la muerte de una persona sobre sus bienes digitales, destacando en particular cómo la Loi Informatique e Libertés habilita a los individuos para hacer disposiciones post mortem, yendo más allá de lo previsto por el Reglamento General de Protección de Datos. El autor examina críticamente el surgimiento de una nueva industria, los servicios funerarios digitales, que no se limita a la eliminación de perfiles en redes sociales, sino que ofrece otras prestaciones, como cementerios virtuales o deadbots (bots que utilizan IA para simular conversaciones con la persona fallecida).

Informe sobre el estado y las perspectivas de la Inteligencia Artificial (IA), para ofrecer una estrategia nacional y europea para su desarrollo. El autor destaca el impacto, positivo y negativo, que puede tener la IA en distintos ámbitos: investigación, trabajo, medioambiente, educación, agricultura, defensa… A lo largo del trabajo se articulan propuestas para reforzar la apertura de estas tecnologías, la construcción de un marco ético que evite discriminaciones y permita auditar los resultados generados artificialmente, o la mayor inclusividad y diversidad en el entrenamiento de estos sistemas para reducir sesgos. El informe destaca el papel central del Estado francés como regulador e impulsor de la IA.

En la era de los datos abiertos sobre las resoluciones judiciales, la protección de los datos personales de los justiciables se convierte, más que nunca, una prioridad. Desde la adopción de la ley de 7 de octubre de 2016 para una República digital, las decisiones judiciales han de ponerse a disposición del público de forma gratuita, respetando la privacidad de las personas afectadas. Por ello, esta puesta a disposición debe ir precedida de un análisis del riesgo de identificación de las personas. Resulta así importante reflexionar sobre las condiciones de difusión de los datos relativos a la identidad, por cuanto contribuyen a la elaboración de perfiles de las personas por parte de los motores de búsqueda. La seudonimización no excluye por completo el riesgo de que una persona pueda ser identificada, lo que invita a una especial vigilancia.

El informe evalúa los avances de la UE hacia los objetivos digitales de 2030. Identifica mejoras en cobertura básica de 5G y despliegue de nodos periféricos, pero señala que la UE sigue lejos de metas clave como IA, semiconductores, 5G autónoma, habilidades digitales y protección de grupos vulnerables. Las hojas de ruta nacionales suman inversiones de 288 600 millones € pero el informe pide más inversión pública y privada para fortalecer infraestructura y capacidades digitales. También se ofrecen resúmenes de 27 informes por país y se vincula con otros documentos de monitoreo y recomendaciones horizontales.

La web explica la Declaración Europea de Derecho y Principios Digitales que establece un marco para que la UE dirija la transformación digital conforme a valores europeos, poniendo a las personas en el centro y protegiendo sus derechos online y offline. Se articula en seis principios: poner a las personas y sus derechos en el centro; promover solidaridad e inclusión con acceso a servicios y habilidades digitales; garantizar libertad de elección y protección frente a contenidos dañinos; fomentar la participación democrática y control de datos; asegurar un entorno digital seguro y protegido para todos; y apoyar la sostenibilidad y el impacto ambiental de las tecnologías digitales. La declaración sirve de guía para políticas y legislación de la UE y se monitoriza periódicamente, con cifras que muestran percepciones de los ciudadanos sobre protección de derechos digitales, inclusión y sostenibilidad.

La web explica la Regulación sobre la Identidad Digital Europea (EUDI) que establece un marco legal para una identidad digital común en la Unión Europea que permitirá a ciudadanos y empresas disponer de carteras digitales de identidad fiables, seguras e interoperables en toda la UE. Estas carteras vinculan la identidad nacional con atributos personales (como carnés de conducir, títulos o cuentas bancarias) y permiten a los usuarios controlar qué datos comparten al acceder a servicios digitales públicos y privados, reduciendo el intercambio de datos innecesarios. El reglamento mejora el anterior marco eIDAS y armoniza la seguridad y ciberseguridad de las soluciones de identidad digital en la UE, promoviendo transparencia, confianza y facilidad de uso. Los Estados miembros deben ofrecer estas carteras digitales a más tardar a finales de 2026. Las carteras también facilitan firmas electrónicas, servicios de confianza y aumentan la seguridad y eficiencia en transacciones en línea, con beneficios para ciudadanos, gobiernos, proveedores de servicios y la sociedad en general.

La web explica que la identificación electrónica (eID) en la Unión Europea es una herramienta clave para garantizar acceso seguro a servicios en línea y transacciones digitales, actuando como prueba digital de identidad para personas y empresas, especialmente en ámbitos sensibles como la banca. Antes de 2014, la falta de una base jurídica común dificultaba el reconocimiento mutuo de identidades electrónicas entre Estados miembros; el Reglamento eIDAS de 2014 estableció ese marco y permitió la interoperabilidad transfronteriza, aunque con adopción limitada. Para responder a la expansión de servicios digitales y crecientes preocupaciones sobre privacidad, la UE ha actualizado el marco con el Reglamento de Identidad Digital Europea (EUDI) de 2024, que introduce carteras digitales de identidad seguras y privadas que dan a los ciudadanos control sobre sus datos personales y facilitan su uso en toda la UE. La Comisión ha fijado objetivos, como que todos los ciudadanos tengan acceso a una identificación electrónica segura reconocida en toda la Unión para 2030.

El informe presenta 33 recomendaciones dirigidas a las instituciones de la UE y los Estados miembros para promover una inteligencia artificial confiable que combine sostenibilidad, crecimiento, competitividad e inclusión, al mismo tiempo que empodere, beneficie y proteja a las personas. El documento forma parte de la estrategia europea de IA y acompaña las orientaciones éticas sobre IA confiable, destacando la necesidad de políticas públicas e inversiones que refuercen la gobernanza, la transparencia, la seguridad y el respeto de derechos fundamentales, e impulse la adopción de IA que favorezca la economía de datos y la innovación responsable en Europa. La UE, como actor clave en el desarrollo e implementación de IA, debe apoyar la creación de un ecosistema robusto con normas claras y financiación estratégica, equilibrando la protección de las personas con el fomento de tecnologías avanzadas