Referencias documentales

Art Chang, candidato a la alcaldía de Nueva York, propone una Carta de Derechos Digitales para garantizar que la tecnología sirva al interés público. Plantea que el acceso a internet de alta velocidad y a dispositivos adecuados sea un derecho humano básico. Critica la brecha entre la calidad de los servicios digitales privados y la ineficiencia de los portales gubernamentales, lo que afecta a la democracia. Destaca problemas de privacidad, seguridad y uso excesivo de datos por parte del ayuntamiento y la policía. Su propuesta busca transparencia, protección de datos, inclusión digital y servicios públicos accesibles y modernos.

Este artículo revisa sistemáticamente estudios sobre la paradoja de la privacidad en salud digital, donde los usuarios expresan preocupación por sus datos pero siguen utilizando servicios digitales. Analiza factores como la confianza, la percepción de riesgo y la utilidad percibida. Los autores destacan la necesidad de políticas que equilibren innovación tecnológica con protección de datos personales, especialmente en contextos sensibles como el sanitario.

Este vídeo, publicado por Workshop Digital Marketing, ofrece una introducción a la Ley de Protección de Datos del Consumidor de Virginia (CDPA). Explica los derechos que otorga a los ciudadanos sobre el uso de sus datos personales, comparándola con otras normativas como el GDPR y la CCPA. El contenido está dirigido a profesionales del marketing y empresas que deben adaptar sus prácticas para cumplir con esta legislación estatal.

Comentario de la Sentencia de la Corte de Casación francesa de 17 de febrero de 2021 (Cass. 1re civ., 17 févr. 2021, n° 19-24.780, P). El Alto Tribunal francés sostiene que, si bien el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos no puede ser invocado para denunciar un daño a la reputación que sea previsiblemente consecuencia de las propias acciones de la persona, como un delito penal, la mención en una publicación en línea de las condenas penales impuestas a una persona, varios años después de su pronunciamiento, vulnera su derecho al respeto de su vida privada. El hecho de que la información sea de dominio público no la excluye necesariamente de la protección del artículo 8 del CEDH, ya que el interés en publicar dicha información debe sopesarse con consideraciones relacionadas con la vida privada.

Comentario de la sentencia dictada por el Tribunal Judicial de París el 9 de marzo de 2021. En ella, el juez admite la licitud del tratamiento de los datos profesionales de un cirujano dentista contenidos en una ficha de Google My Business. El tratamiento no se considera sujeto al régimen de prospección comercial ni al de elaboración de perfiles, y la persona afectada carece de los derechos de oposición y de supresión. Los sistemas de calificación de profesionales en Internet son validados, en su mayoría, por los tribunales franceses cuando los comentarios de los internautas no son constitutivos de difamación.

Este estudio examina cómo las tecnologías digitales emergentes —como IA, vigilancia biométrica, algoritmos, apagones de internet y control de información— se han convertido en herramientas utilizadas por regímenes autoritarios y estados para reprimir derechos humanos y controlar sociedades, ampliando sus capacidades de vigilancia y limitando libertades. Señala que estas tecnologías, aunque pueden apoyar valores democráticos, en la práctica han profundizado problemas de derechos fundamentales, afectando la libertad de expresión e información, la privacidad, la no discriminación y el ejercicio de derechos civiles. El informe analiza marcos internacionales de derechos humanos, evalúa la herramienta de política exterior de la UE para contrarrestar tales abusos y propone recomendaciones para fortalecer las respuestas de la UE, incluyendo instrumentos legales más sólidos, cooperación multilateral y presión sobre terceros países y empresas tecnológicas.

El estudio analiza el uso de tecnologías biométricas impulsadas por IA en la Unión Europea y su impacto sobre derechos fundamentales y principios éticos. Examina casos como el reconocimiento facial en espacios públicos, la identificación remota, clasificación biométrica y sistemas de “reconocimiento de emociones”, subrayando que estas tecnologías pueden vulnerar la privacidad, la protección de datos y la libertad individual. Frente a los marcos legales actuales, centrados en la identificación, la investigación identifica lagunas regulatorias que dejan sin cubrir desarrollos emergentes que también afectan derechos y democracias. El documento sitúa estos debates dentro del contexto del proyecto de Reglamento de IA de la UE, proponiendo opciones políticas para fortalecer la protección de derechos, garantizar transparencia, justicia y responsabilidad en el despliegue de tecnologías biométricas y asegurar que la regulación atienda a los riesgos y a los rápidos avances técnicos

La web explica que la Declaración sobre derechos y principios digitales es un acuerdo interinstitucional del Consejo de la UE, el Parlamento Europeo y la Comisión que define un marco de derechos y valores europeos en la transformación digital, poniendo a las personas en el centro de ese proceso. Promueve una transformación digital inclusiva, justa, segura y sostenible que respete los valores fundamentales de la UE, como la dignidad, la libertad, la igualdad, el estado de derecho y la democracia, y asegure que la tecnología beneficie a individuos, empresas y sociedad. El texto recalca la importancia de privacidad, control individual de datos, acceso a servicios y educación digitales, conectividad, libertad de elección frente a algoritmos e IA, participación en el espacio público digital, y seguridad online, especialmente para niños y jóvenes. La declaración servirá de referencia para responsables políticos, empresas y otros agentes al desarrollar tecnologías y políticas digitales.

El estudio examina los desafíos éticos y sociales de la «tormenta tecnológica» que se aproxima debido a la convergencia de tecnologías digitales como inteligencia artificial (IA), internet de las cosas (IoT), robótica, blockchain y realidad aumentada/virtual, junto con redes 5G/6G. Analiza cómo esta combinación de tecnologías emergentes creará sistemas sociotécnicos complejos con características como autonomía, interconectividad, opacidad y gran recolección de datos, planteando retos para la privacidad, la equidad, la sostenibilidad energética y la justicia social. El estudio identifica nueve desafíos clave, como impactos en la vida íntima, riesgos cibernéticos y concentración de poder tecnológico, y propone opciones de política pública: gestionar infraestructuras digitales como bienes comunes, instituir un observatorio europeo de tecnologías convergentes, aumentar la alfabetización digital, promover el «diseño para valores» y fomentar la innovación digital orientada a retos sociales.

Este estudio del Parlamento Europeo analiza la digitalización y el derecho administrativo en la UE: identifica cinco lagunas regulatorias actuales que afectan la transparencia, la seguridad jurídica, la carga para ciudadanos y empresas, el acceso a la información y los recursos de reparación, especialmente en el contexto de herramientas digitales y decisiones automatizadas. Evalúa principales retos de la administración pública europea, muestra prácticas óptimas en Estados miembros y propone tres opciones políticas de acción a nivel de la UE: regulación del procedimiento administrativo, regulación de la actividad administrativa y un código no vinculante para una administración digital. La valoración de cada opción considera su impacto en eficiencia, certidumbre legal, cargas administrativas y confianza pública, subrayando el potencial valor añadido europeo para armonizar normas y mejorar la administración en la era digital