Referencias documentales

El artículo explica que entran en vigor nuevas exigencias de la Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea, que imponen a los modelos de IA generativa —como ChatGPT, Gemini o Grok— obligaciones de transparencia y seguridad para evitar posibles multas de hasta el 7 % de la facturación global o 35 millones € por infracciones. Bajo esta normativa, los sistemas de IA deben implementar criterios que respeten los derechos de autor y cumplir con normas de protección y trazabilidad, alineándose con el marco legal europeo para garantizar la protección de contenidos protegidos y la no vulneración de derechos fundamentales. El régimen forma parte de un despliegue progresivo de la regulación hasta 2027, en el que los desarrolladores deben demostrar conformidad para operar en el mercad

El artículo explica que la regulación del uso de algoritmos para controlar a trabajadores en España y Europa todavía está en fases iniciales, aunque ya hay normas que empiezan a abordarlo. En España, el Estatuto de los Trabajadores obliga a las empresas a informar a los representantes laborales sobre los parámetros y reglas de los algoritmos que afectan condiciones de empleo, y su incumplimiento se sanciona como infracción grave. Además, la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de Derechos Digitales regula el uso de dispositivos digitales y protege la intimidad en el trabajo. A nivel europeo, el Reglamento de Inteligencia Artificial (AI Act) califica el ámbito laboral como de “alto riesgo” y exige prevención e información sobre su uso, y la directiva sobre trabajo en plataformas impone reglas estrictas sobre algoritmos que afectan tareas, tarifas o evaluación de rendimiento. La normativa aún se está implementando y los mecanismos sancionadores completos entrarán en vigor en 2026.

El informe presenta una herramienta de autoevaluación creada por el High‑Level Expert Group on AI (AI HLEG) de la Comisión Europea para ayudar a desarrolladores y responsables de IA a aplicar los principios de una IA confiable en la práctica. Publicada el 17 de julio de 2020 tras un proceso piloto con más de 350 participantes, convierte los requisitos éticos de las Ethics Guidelines for Trustworthy AI en un listado dinámico de verificación. Estos requisitos son: agencia humana y supervisión, robustez técnica y seguridad, privacidad y gobernanza de datos, transparencia, diversidad, no discriminación y equidad, bienestar ambiental y social y rendición de cuentas. ALTAI permite que las organizaciones evalúen si sus sistemas de IA cumplen estos principios y adoptan medidas concretas para mitigar riesgos y asegurar que los usuarios se beneficien de la IA sin exponerse a peligros innecesarios; también existe como herramienta web interactiva.

El informe desarrolla las recomendaciones generales sobre IA confiable desde una perspectiva sectorial, reconociendo que la aplicación y los retos de la IA varían según el contexto. Partiendo de las Policy and Investment Recommendations de 2019, el informe explora cómo adaptar esas recomendaciones en tres sectores clave: el sector público, la sanidad y la manufactura e Internet de las Cosas (IoT), considerados esenciales para el bienestar social, la competitividad y la innovación europea. El análisis sectorial busca refinar las políticas y estrategias de inversión para IA confiable, incorporando experiencias y necesidades específicas de cada ámbito, con el fin de orientar a los responsables políticos sobre cómo aplicar principios de transparencia, equidad, seguridad y beneficios sociales en la práctica dentro de sectores concretos

La página ofrece las “Preguntas frecuentes sobre el Espacio Europeo de Datos de Salud (EHDS)”, un marco normativo de la UE diseñado para facilitar el uso, acceso, intercambio y reutilización de datos de salud electrónicos de manera segura, interoperable y controlada. El EHDS regula tanto el uso primario de datos (para atención sanitaria directa) como el uso secundario (investigación, innovación, definición de políticas y regulación), y da a las personas mayor control sobre sus datos de salud electrónicos en toda la UE. También aborda aspectos prácticos como las autoridades y estructuras de gobernanza, la protección de la privacidad y la seguridad, los beneficios para pacientes, profesionales e investigadores, y cómo este espacio facilita la interoperabilidad de sistemas de historial clínico electrónico entre Estados miembros. El documento aclara dudas habituales sobre objetivos, alcance y requisitos del EHDS para actores sanitarios y ciudadanos.

El factsheet explica el European Health Data Space (EHDS) como un marco regulatorio de la UE para crear un espacio común de datos sanitarios que permita un acceso y uso seguro de los datos de salud electrónicos en toda la Unión. Empodera a los ciudadanos dándoles control y acceso a sus datos de salud y facilita su intercambio seguro transfronterizo para atención médica (por ejemplo, historias clínicas o e‑prescripciones). Además, establece normas estrictas para el reuse de datos anonimizados o seudonimizados con fines de investigación, innovación, políticas y estadísticas de salud, fomentando un mercado único para servicios y productos de salud digital y apoyando mejores diagnósticos, tratamientos y toma de decisiones sanitarias. La regulación (publicada en marzo de 2025) impulsa interoperabilidad, seguridad y un entorno de datos sólido para profesionales, investigadores y reguladores.

La infografía expone cómo la digitalización de los sistemas sanitarios en la UE puede mejorar la atención médica, empoderar a los pacientes y fortalecer los sistemas de salud, aprovechando el potencial de los datos de salud. Propone que los ciudadanos tengan acceso seguro a sus datos sanitarios, incluso a través de fronteras, facilitando mejores diagnósticos, tratamientos personalizados y prevención de enfermedades; que estos datos sean compartidos de forma interoperable entre profesionales y Estados miembros; y que herramientas digitales fomenten la participación activa de los pacientes en su salud. El informe también identifica barreras—como la falta de infraestructuras comunes y formatos estandarizados—y subraya la necesidad de políticas y marcos que garanticen la seguridad, protección de la privacidad y calidad de la atención mediante tecnologías digitales, incluyendo inteligencia artificial y sistemas electrónicos de salud.

En la página web se expone la política de privacidad y seguridad en línea de la Unión Europea. Describe cómo las normas comunes del bloque garantizan un alto nivel de privacidad cuando se navega por Internet, protegiendo la información personal que los usuarios comparten con sitios y proveedores de servicios, desde datos de contacto hasta detalles financieros, y dando a las personas mayor control sobre sus datos y dispositivos. Incluye las reglas de ePrivacy, que se aplican a las comunicaciones electrónicas, y se complementa con el RGPD, que exige condiciones estrictas y fines legítimos para recopilar y tratar datos personales. La página también aborda la necesidad de proteger y empoderar a niños y jóvenes en línea, señalando riesgos como el ciberacoso o contenido dañino, y hace referencia a la Estrategia “Una Internet Mejor para los Niños” (BIK+) como parte de ese esfuerzo.

El informe explora cómo se entienden, practican y protegen los derechos digitales en el Reino Unido, la UE y globalmente ante el avance tecnológico. Define “derechos digitales” como una combinación de derechos humanos fundamentales extendidos al espacio digital (como libertad de expresión e información) y nuevos derechos emergentes (por ejemplo, acceso digital y participación en el desarrollo tecnológico). Señala tendencias históricas en gobernanza digital, el papel de instrumentos como la Declaración Europea de Derechos Digitales y desafíos comunes, como la brecha entre derechos y poder de la industria tecnológica, lagunas en la aplicación y recursos para proteger derechos y la necesidad de marcos coherentes que incluyan acceso, inclusión y transparencia. El documento propone oportunidades para avanzar, incluyendo redes de derechos digitales, procesos deliberativos y mayor apoyo ciudadano para fortalecer la protección y la confianza en tecnologías emergentes.

El artículo critica la Declaración Europea sobre los Derechos y Principios Digitales para la Década Digital como un texto políticamente ambicioso pero jurídicamente débil, publicado en el Diario Oficial de la UE el 23 de enero de 2023 tras negociaciones entre Estados miembros, Parlamento y Comisión Europea. Señala que aunque la declaración enuncia principios como poner a los ciudadanos en el centro, inclusión, libertad de elección, educación digital, seguridad y sostenibilidad, no crea derechos directamente aplicables ni añade mucho valor jurídico nuevo para las personas en comparación con la protección ya existente en la legislación de la UE. El texto replica valores previos, carece de mecanismos de ejecución y deja la aplicación efectiva a políticas futuras y a instrumentos ya existentes, por lo que algunos principios quedan vagos o incompletos