Referencias documentales

El documento recoge declaraciones de varias delegaciones de Estados miembros tras la aprobación de unas Conclusiones del Consejo sobre el empoderamiento digital para proteger y hacer cumplir los derechos fundamentales en la era digital. Cada delegación expresa su apoyo o reservas respecto al texto general, destacando la importancia de proteger los derechos fundamentales en entornos digitales y garantizar la igualdad y dignidad humana, así como observaciones sobre conceptos como “género” y la definición de “discurso de odio”. El documento complementa las Conclusiones principales aportando matices nacionales sobre interpretación y aplicación de principios relacionados con la protección de derechos en el contexto digital.

El estudio examina los desafíos éticos y sociales de la «tormenta tecnológica» que se aproxima debido a la convergencia de tecnologías digitales como inteligencia artificial (IA), internet de las cosas (IoT), robótica, blockchain y realidad aumentada/virtual, junto con redes 5G/6G. Analiza cómo esta combinación de tecnologías emergentes creará sistemas sociotécnicos complejos con características como autonomía, interconectividad, opacidad y gran recolección de datos, planteando retos para la privacidad, la equidad, la sostenibilidad energética y la justicia social. El estudio identifica nueve desafíos clave, como impactos en la vida íntima, riesgos cibernéticos y concentración de poder tecnológico, y propone opciones de política pública: gestionar infraestructuras digitales como bienes comunes, instituir un observatorio europeo de tecnologías convergentes, aumentar la alfabetización digital, promover el «diseño para valores» y fomentar la innovación digital orientada a retos sociales.

Este estudio del Parlamento Europeo analiza la digitalización y el derecho administrativo en la UE: identifica cinco lagunas regulatorias actuales que afectan la transparencia, la seguridad jurídica, la carga para ciudadanos y empresas, el acceso a la información y los recursos de reparación, especialmente en el contexto de herramientas digitales y decisiones automatizadas. Evalúa principales retos de la administración pública europea, muestra prácticas óptimas en Estados miembros y propone tres opciones políticas de acción a nivel de la UE: regulación del procedimiento administrativo, regulación de la actividad administrativa y un código no vinculante para una administración digital. La valoración de cada opción considera su impacto en eficiencia, certidumbre legal, cargas administrativas y confianza pública, subrayando el potencial valor añadido europeo para armonizar normas y mejorar la administración en la era digital

La web explica que la Declaración sobre derechos y principios digitales es un acuerdo interinstitucional del Consejo de la UE, el Parlamento Europeo y la Comisión que define un marco de derechos y valores europeos en la transformación digital, poniendo a las personas en el centro de ese proceso. Promueve una transformación digital inclusiva, justa, segura y sostenible que respete los valores fundamentales de la UE, como la dignidad, la libertad, la igualdad, el estado de derecho y la democracia, y asegure que la tecnología beneficie a individuos, empresas y sociedad. El texto recalca la importancia de privacidad, control individual de datos, acceso a servicios y educación digitales, conectividad, libertad de elección frente a algoritmos e IA, participación en el espacio público digital, y seguridad online, especialmente para niños y jóvenes. La declaración servirá de referencia para responsables políticos, empresas y otros agentes al desarrollar tecnologías y políticas digitales.

El estudio aborda la gobernanza de datos y la IA desde una perspectiva de “justicia de datos”, que prioriza la equidad, la representación de intereses plurales y la creación de bienes públicos dentro de la economía de datos. Analiza cómo el actual marco de la UE —incluyendo el AI Act, el Data Governance Act y el Data Act— articula la producción de valor de datos tanto para fines públicos como privados, pero advierte que carece de una visión normativa global que equilibrie poder, acceso y beneficios. Propone cuatro capacidades para una buena gobernanza: infraestructuras públicas fuertes, inclusividad, mecanismos efectivamente responsables y responsabilidad global. El estudio también explora modelos alternativos de gobernanza de datos (trusts, cooperativas, soberanía de datos) y ofrece opciones políticas para democratizar el control de datos y la IA, fortalecer el valor público y garantizar que los derechos y beneficios se distribuyan de forma equitativa en la sociedad europea.

El artículo expone que la Virginia Consumer Data Protection Act (CDPA), vigente desde 2023, no es la única norma sobre privacidad en el Estado. También existen leyes como la Personal Information Privacy Act, que regula el uso de números de la seguridad social, y la Insurance Data Security Act, que impone medidas de ciberseguridad a aseguradoras. Además, Virginia cuenta con una ley de notificación de brechas de datos desde 2008

La Oficina de Privacidad y Protección de Datos de Carolina del Norte lidera el programa estatal de privacidad, ofreciendo orientación, formación y apoyo a agencias públicas. Su objetivo es integrar la protección de datos y la transparencia en todas las actividades gubernamentales. En 2022, se adoptaron los Principios de Prácticas de Información Justa para reducir riesgos, fomentar la confianza ciudadana y promover una cultura de privacidad en la gestión de datos.

El artículo analiza las regulaciones previas propuestas por la California Privacy Protection Agency (CPPA) para implementar la California Privacy Rights Act (CPRA), que enmienda la CCPA. Explica cómo las regulaciones proyectadas amplían derechos de los consumidores (opt-out, limitación de uso de datos sensibles, corrección) y aumentan las obligaciones de las empresas (políticas de privacidad, procesamiento proporcional de datos, auditorías) para el cumplimiento

El artículo explica la Ley de Registros Públicos de Mississippi, que garantiza el acceso ciudadano a documentos gubernamentales. Se detallan los derechos de los residentes, los deberes de los organismos públicos, los tipos de información exenta (como datos médicos, fiscales o personales) y las sanciones por incumplimiento. También se aborda la obligación de proteger datos sensibles mediante redacción y el uso de software accesible, promoviendo la transparencia y la seguridad de la información pública.

Comentario de la sentencia del Consejo de Estado de 5 de julio de 2021 (CE, 10e et 9e ch. réunies, 5 juill. 2021, n° 447088), sobre un asunto relativo al derecho de acceso a los datos de una persona fallecida por parte de su heredera, solicitud dirigida a un banquero suizo. La jurisdicción administrativa observa que los tratamientos de datos relativos a las personas fallecidas quedan en principio excluidos del campo de aplicación del RGPD y quedan únicamente sometidos a la Ley Informatique et Libertés. Dicha Ley únicamente se aplica a los responsables de tratamiento establecidos en el territorio francés, lo que no ocurría en el presente caso. La jurisdicción administrativa no excluye, sin embargo, que los herederos puedan ser considerados como personas afectadas a efectos del RGPD dado que se trata de datos relativos al causante. Examina así, adicionalmente, la cuestión del ámbito de aplicación territorial del RGPD. La sentencia aporta una serie de precisiones sobre el ámbito de aplicación territorial de la Ley IL cuando se encuentran involucrados datos de las personas fallecidas.