Referencias documentales

En la página web se expone la política de privacidad y seguridad en línea de la Unión Europea. Describe cómo las normas comunes del bloque garantizan un alto nivel de privacidad cuando se navega por Internet, protegiendo la información personal que los usuarios comparten con sitios y proveedores de servicios, desde datos de contacto hasta detalles financieros, y dando a las personas mayor control sobre sus datos y dispositivos. Incluye las reglas de ePrivacy, que se aplican a las comunicaciones electrónicas, y se complementa con el RGPD, que exige condiciones estrictas y fines legítimos para recopilar y tratar datos personales. La página también aborda la necesidad de proteger y empoderar a niños y jóvenes en línea, señalando riesgos como el ciberacoso o contenido dañino, y hace referencia a la Estrategia “Una Internet Mejor para los Niños” (BIK+) como parte de ese esfuerzo.

El informe explora cómo se entienden, practican y protegen los derechos digitales en el Reino Unido, la UE y globalmente ante el avance tecnológico. Define “derechos digitales” como una combinación de derechos humanos fundamentales extendidos al espacio digital (como libertad de expresión e información) y nuevos derechos emergentes (por ejemplo, acceso digital y participación en el desarrollo tecnológico). Señala tendencias históricas en gobernanza digital, el papel de instrumentos como la Declaración Europea de Derechos Digitales y desafíos comunes, como la brecha entre derechos y poder de la industria tecnológica, lagunas en la aplicación y recursos para proteger derechos y la necesidad de marcos coherentes que incluyan acceso, inclusión y transparencia. El documento propone oportunidades para avanzar, incluyendo redes de derechos digitales, procesos deliberativos y mayor apoyo ciudadano para fortalecer la protección y la confianza en tecnologías emergentes.

El artículo critica la Declaración Europea sobre los Derechos y Principios Digitales para la Década Digital como un texto políticamente ambicioso pero jurídicamente débil, publicado en el Diario Oficial de la UE el 23 de enero de 2023 tras negociaciones entre Estados miembros, Parlamento y Comisión Europea. Señala que aunque la declaración enuncia principios como poner a los ciudadanos en el centro, inclusión, libertad de elección, educación digital, seguridad y sostenibilidad, no crea derechos directamente aplicables ni añade mucho valor jurídico nuevo para las personas en comparación con la protección ya existente en la legislación de la UE. El texto replica valores previos, carece de mecanismos de ejecución y deja la aplicación efectiva a políticas futuras y a instrumentos ya existentes, por lo que algunos principios quedan vagos o incompletos

El artículo explica cómo la UE protege los derechos digitales de los ciudadanos poniendo énfasis en la European Declaration on Digital Rights and Principles for the Digital Decade y su integración en marcos legislativos como el AI Act. Destaca derechos como el acceso universal a la conectividad y a Internet de alta calidad, así como el derecho a la formación y educación digital para garantizar inclusión y participación plena sin discriminación. Se presta atención especial a los derechos de los menores en entornos digitales, incluyendo protección contra contenidos dañinos, traza­miento y manipulación. También aborda derechos laborales digitales, como el equilibrio entre trabajo online y vida privada, y la libertad de expresión, privacidad y participación en espacios digitales pluralistas. Finalmente, subraya la importancia de una transición digital sostenible que proteja la seguridad, la privacidad y el medio ambiente.

El artículo reporta la reacción del representante estatal de Arkansas, Scott Richardson, tras la filtración de un borrador de orden ejecutiva del expresidente Donald Trump que impediría que los estados regulen la inteligencia artificial, incluidas las leyes destinadas a combatir deepfakes, pornografía sintética y otros riesgos asociados a modelos generativos. Según la cobertura, la medida federal —apodada el “Big Beautiful Bill”— podría bloquear las recientes leyes estatales de Arkansas orientadas a proteger a los residentes frente al uso abusivo de IA, especialmente en contextos de explotación sexual digital, deepfake porn y suplantación con fines de daño. Richardson afirma que las regulaciones estatales responden a necesidades urgentes de seguridad y privacidad, y que una prohibición federal de legislar limitaría la capacidad de los estados para proteger a sus ciudadanos frente a tecnologías emergentes. El legislador sostiene que el Congreso debería establecer estándares mínimos sin impedir que los estados actúen donde consideren necesario.

El blog describe en detalle las enmiendas a las reglas del Colorado Privacy Act (CPA) que abordan cómo y cuándo obtener consentimiento para el uso de funciones digitales que pueden “significativamente aumentar, sostener o extender” el uso por parte de menores. Las reglas establecen un marco para que el Fiscal General de Colorado evalúe cuándo un proveedor ha ignorado deliberadamente que un usuario es menor y exige consentimiento parental o del menor según la edad antes de activar ciertas funciones de diseño que puedan implicar riesgo.

El artículo describe los nuevos requisitos de accesibilidad digital que California ha adoptado para sitios web y aplicaciones, alineados con estándares como WCAG 2.1 AA. Explica qué entidades deben cumplir estas reglas, qué plazos y medidas técnicas son necesarios, y por qué estas obligaciones no solo mejoran la inclusión de personas con discapacidades sino que también influyen en el tratamiento de datos personales y el diseño tecnológico. Además, ofrece recomendaciones para que las organizaciones implementen controles de prueba y supervisión continua para asegurar cumplimiento efectivo y reducir riesgos legales asociados a la accesibilidad y al trato de información sensible en plataformas digitales

El Proyecto Wyoming Senate File 20 (SF0020) crea un marco de privacidad de datos para entidades gubernamentales. Prohíbe que agencias estatales vendan, transfieran o intercambien datos personales sin el consentimiento explícito de la persona, excepto en casos específicos (otras agencias o contratistas con protección contractual). Establece derechos de acceso y objeción para residentes, limita la retención de datos a tres años sin justificación y exige políticas de recolección, acceso y seguridad de datos para todas las entidades

El artículo explica la Montana Consumer Data Privacy Act (2025), una ley estatal que otorga a los residentes de Montana derechos de privacidad digital similares a otras leyes de privacidad en EE. UU. Permite a los consumidores acceder, corregir, eliminar o limitar el uso de sus datos personales, exigir transparencia en prácticas de recolección y aplicar mecanismos obligatorios como opt-out para la venta o uso de datos sensibles. La ley también define obligaciones para empresas respecto al tratamiento seguro de datos personales.

La guía explica la Montana Consumer Data Privacy Act (2025), una ley que otorga a los residentes de Montana derechos sobre sus datos personales frente a empresas y plataformas digitales. Detalla derechos como acceso, corrección, eliminación y limitación del uso de datos, obligaciones para controladores y procesadores de datos, requisitos de transparencia y seguridad, y mecanismos de opt-out para venta o uso de categorías sensibles. También compara la ley con otras estatales y ofrece recomendaciones para cumplimiento empresarial.