Referencias documentales

El artículo explica que la regulación del uso de algoritmos para controlar a trabajadores en España y Europa todavía está en fases iniciales, aunque ya hay normas que empiezan a abordarlo. En España, el Estatuto de los Trabajadores obliga a las empresas a informar a los representantes laborales sobre los parámetros y reglas de los algoritmos que afectan condiciones de empleo, y su incumplimiento se sanciona como infracción grave. Además, la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de Derechos Digitales regula el uso de dispositivos digitales y protege la intimidad en el trabajo. A nivel europeo, el Reglamento de Inteligencia Artificial (AI Act) califica el ámbito laboral como de “alto riesgo” y exige prevención e información sobre su uso, y la directiva sobre trabajo en plataformas impone reglas estrictas sobre algoritmos que afectan tareas, tarifas o evaluación de rendimiento. La normativa aún se está implementando y los mecanismos sancionadores completos entrarán en vigor en 2026.

El informe presenta una herramienta de autoevaluación creada por el High‑Level Expert Group on AI (AI HLEG) de la Comisión Europea para ayudar a desarrolladores y responsables de IA a aplicar los principios de una IA confiable en la práctica. Publicada el 17 de julio de 2020 tras un proceso piloto con más de 350 participantes, convierte los requisitos éticos de las Ethics Guidelines for Trustworthy AI en un listado dinámico de verificación. Estos requisitos son: agencia humana y supervisión, robustez técnica y seguridad, privacidad y gobernanza de datos, transparencia, diversidad, no discriminación y equidad, bienestar ambiental y social y rendición de cuentas. ALTAI permite que las organizaciones evalúen si sus sistemas de IA cumplen estos principios y adoptan medidas concretas para mitigar riesgos y asegurar que los usuarios se beneficien de la IA sin exponerse a peligros innecesarios; también existe como herramienta web interactiva.

El informe desarrolla las recomendaciones generales sobre IA confiable desde una perspectiva sectorial, reconociendo que la aplicación y los retos de la IA varían según el contexto. Partiendo de las Policy and Investment Recommendations de 2019, el informe explora cómo adaptar esas recomendaciones en tres sectores clave: el sector público, la sanidad y la manufactura e Internet de las Cosas (IoT), considerados esenciales para el bienestar social, la competitividad y la innovación europea. El análisis sectorial busca refinar las políticas y estrategias de inversión para IA confiable, incorporando experiencias y necesidades específicas de cada ámbito, con el fin de orientar a los responsables políticos sobre cómo aplicar principios de transparencia, equidad, seguridad y beneficios sociales en la práctica dentro de sectores concretos

La página ofrece las “Preguntas frecuentes sobre el Espacio Europeo de Datos de Salud (EHDS)”, un marco normativo de la UE diseñado para facilitar el uso, acceso, intercambio y reutilización de datos de salud electrónicos de manera segura, interoperable y controlada. El EHDS regula tanto el uso primario de datos (para atención sanitaria directa) como el uso secundario (investigación, innovación, definición de políticas y regulación), y da a las personas mayor control sobre sus datos de salud electrónicos en toda la UE. También aborda aspectos prácticos como las autoridades y estructuras de gobernanza, la protección de la privacidad y la seguridad, los beneficios para pacientes, profesionales e investigadores, y cómo este espacio facilita la interoperabilidad de sistemas de historial clínico electrónico entre Estados miembros. El documento aclara dudas habituales sobre objetivos, alcance y requisitos del EHDS para actores sanitarios y ciudadanos.

El factsheet explica el European Health Data Space (EHDS) como un marco regulatorio de la UE para crear un espacio común de datos sanitarios que permita un acceso y uso seguro de los datos de salud electrónicos en toda la Unión. Empodera a los ciudadanos dándoles control y acceso a sus datos de salud y facilita su intercambio seguro transfronterizo para atención médica (por ejemplo, historias clínicas o e‑prescripciones). Además, establece normas estrictas para el reuse de datos anonimizados o seudonimizados con fines de investigación, innovación, políticas y estadísticas de salud, fomentando un mercado único para servicios y productos de salud digital y apoyando mejores diagnósticos, tratamientos y toma de decisiones sanitarias. La regulación (publicada en marzo de 2025) impulsa interoperabilidad, seguridad y un entorno de datos sólido para profesionales, investigadores y reguladores.

La infografía expone cómo la digitalización de los sistemas sanitarios en la UE puede mejorar la atención médica, empoderar a los pacientes y fortalecer los sistemas de salud, aprovechando el potencial de los datos de salud. Propone que los ciudadanos tengan acceso seguro a sus datos sanitarios, incluso a través de fronteras, facilitando mejores diagnósticos, tratamientos personalizados y prevención de enfermedades; que estos datos sean compartidos de forma interoperable entre profesionales y Estados miembros; y que herramientas digitales fomenten la participación activa de los pacientes en su salud. El informe también identifica barreras—como la falta de infraestructuras comunes y formatos estandarizados—y subraya la necesidad de políticas y marcos que garanticen la seguridad, protección de la privacidad y calidad de la atención mediante tecnologías digitales, incluyendo inteligencia artificial y sistemas electrónicos de salud.

El artículo critica la Declaración Europea sobre los Derechos y Principios Digitales para la Década Digital como un texto políticamente ambicioso pero jurídicamente débil, publicado en el Diario Oficial de la UE el 23 de enero de 2023 tras negociaciones entre Estados miembros, Parlamento y Comisión Europea. Señala que aunque la declaración enuncia principios como poner a los ciudadanos en el centro, inclusión, libertad de elección, educación digital, seguridad y sostenibilidad, no crea derechos directamente aplicables ni añade mucho valor jurídico nuevo para las personas en comparación con la protección ya existente en la legislación de la UE. El texto replica valores previos, carece de mecanismos de ejecución y deja la aplicación efectiva a políticas futuras y a instrumentos ya existentes, por lo que algunos principios quedan vagos o incompletos

El informe analiza cómo la revolución digital ha transformado profundamente la sociedad, la economía y la comunicación, y plantea que el acceso universal a redes abiertas y bidireccionales es esencial hoy en día. Describe el principio de neutralidad de la red como la no discriminación en el tratamiento de información, garantizando que usuarios puedan acceder, enviar y recibir datos sin bloqueo ni priorización injustificada. El documento examina el contexto técnico, económico y jurídico del internet abierto, subrayando tensiones entre prácticas no neutras de operadores y los valores de innovación y participación. Propone una definición amplia de neutralidad que abarque redes e infraestructuras, y sugiere que este principio debería integrarse en el marco legal con flexibilidad para adaptarse a la evolución tecnológica y de usos, incorporando servicios de acceso y comunicación que se han vuelto centrales para los usuarios.

El artículo explica cómo la UE protege los derechos digitales de los ciudadanos poniendo énfasis en la European Declaration on Digital Rights and Principles for the Digital Decade y su integración en marcos legislativos como el AI Act. Destaca derechos como el acceso universal a la conectividad y a Internet de alta calidad, así como el derecho a la formación y educación digital para garantizar inclusión y participación plena sin discriminación. Se presta atención especial a los derechos de los menores en entornos digitales, incluyendo protección contra contenidos dañinos, traza­miento y manipulación. También aborda derechos laborales digitales, como el equilibrio entre trabajo online y vida privada, y la libertad de expresión, privacidad y participación en espacios digitales pluralistas. Finalmente, subraya la importancia de una transición digital sostenible que proteja la seguridad, la privacidad y el medio ambiente.

El documento aborda la revisión de la ePrivacy Directive (2002/58/EC) aboga por un nuevo marco jurídico más claro, fuerte y actualizado que complemente y especifique las protecciones del GDPR, sin rebajar el nivel actual. Insiste en proteger la confidencialidad de las comunicaciones electrónicas como un derecho fundamental para todos los servicios, incluidos VoIP, mensajería móvil, IoT y redes Wi‑Fi públicas. El consentimiento debe ser genuino y libre, sin “muros de cookies”, y ampliarse la protección del tráfico y datos de localización. Se solicita que el nuevo instrumento permita el uso de cifrado de extremo a extremo sin puertas traseras y que mejore la protección contra comunicaciones no solicitadas, requiriendo consentimiento previo. Asimismo, el EDPS recomienda extender el alcance y armonizar la aplicación para cubrir tecnologías modernas y garantizar mecanismos eficaces de consentimiento y revocación.