Referencias documentales

La guía de participación cívica de SEADA, publicada por Able South Carolina, ofrece estrategias accesibles para fomentar la implicación ciudadana de personas con discapacidad. Incluye recomendaciones sobre diseño universal, comunicación inclusiva y herramientas digitales para facilitar el acceso a procesos democráticos. El documento promueve la equidad en la participación política y social mediante el uso de tecnologías accesibles y prácticas inclusivas.

El libro blanco propone opciones de política para impulsar el desarrollo y uso de la IA en la UE, equilibrando innovación con gestión de riesgos y respeto por derechos y valores fundamentales. Plantea dos pilares: crear un “ecosistema de excelencia” para investigación, innovación y competitividad, y un “ecosistema de confianza” con reglas que aborden riesgos de ciertos usos de la IA (especialmente en sectores críticos) mediante requisitos como transparencia, robustez, supervisión humana y otros mecanismos regulatorios. El documento se abrió a consulta pública y sirvió de base para el posterior desarrollo del marco legislativo europeo sobre IA, como la Ley de Inteligencia Artificial de la UE.

El “Digital Decade 2025 Report: Country Fact Pages” es una sección del paquete del State of the Digital Decade 2025 que ofrece resúmenes país por país sobre el progreso de cada Estado miembro de la UE hacia los objetivos de la Década Digital 2030. Estos fact‑pages muestran hasta qué punto cada país está avanzando en áreas clave de la transformación digital, como infraestructura digital, digitalización empresarial, habilidades digitales, servicios públicos digitales y tecnologías fundamentales, utilizando una serie de indicadores de rendimiento para comparar con los objetivos europeos para 2030. El informe forma parte de un ejercicio más amplio de seguimiento anual que busca evaluar el progreso de la UE en su transformación digital competitiva, soberana y sostenible, destacando tanto logros como brechas en el camino hacia los compromisos europeos de digitalización

l estudio presenta el seguimiento anual del objetivo eHealth de la Década Digital: que el 100 % de la población de la UE tenga acceso a sus registros electrónicos de salud (EHR) para 2030. A 31 de diciembre de 2024, la madurez media en los 27 Estados miembros era del 83 %, mejorando cuatro puntos respecto a 2023. Dieciséis países aumentaron su puntuación, con más tipos de datos disponibles y más proveedores sanitarios conectados. El cumplimiento del Reglamento de Identidad Digital Europea y la cobertura poblacional también han crecido. Aun así, persisten limitaciones: los proveedores conectados siguen siendo mayoritariamente del sector público, el acceso a categorías de datos (como imágenes médicas o dispositivos) es todavía reducido, y el acceso por representantes legales es limitado. Lograr el acceso seguro y completo de los EHR exige esfuerzos adicionales, en línea con el Reglamento europeo del Espacio Europeo de Datos de Salud.

La web explica que la IA es una tecnología digital que permite a los sistemas realizar tareas que normalmente requieren intervención humana, aprendiendo de datos y mejorando con el tiempo. La IA se usa en sectores como salud, educación, transporte, energía e industria para automatizar procesos, mejorar diagnósticos, personalizar aprendizaje y optimizar recursos. Aunque aporta beneficios sociales, económicos y medioambientales, también plantea riesgos como discriminación, sesgos, intrusión en la privacidad o manipulación de comportamiento. Por ello, la Unión Europea trabaja para promover una IA centrada en las personas, fiable, segura y respetuosa con valores europeos. El Reglamento de Inteligencia Artificial de la UE, primer marco legal de este tipo en el mundo, establece normas para usos específicos de IA, prohíbe prácticas de riesgo y busca equilibrar la innovación con la protección de derechos fundamentales.

La web explica como la Unión Europea ha adoptado el Reglamento de Inteligencia Artificial (AI Act), el primer marco jurídico mundial integral para regular los sistemas de IA, con el objetivo de que sean seguros, éticos y fiables. El reglamento clasifica las aplicaciones de IA según el nivel de riesgo que plantean, imponiendo normas más estrictas a las de mayor riesgo y prohibiendo aquellas que suponen un peligro para la seguridad o derechos de las personas, como la manipulación conductual o la puntuación social. El marco legal también establece obligaciones de transparencia, supervisión humana y sanciones proporcionales para quienes infrinjan las reglas. Además, crea estructuras de gobernanza (oficina, panel científico y grupo de expertos) para asegurar una aplicación uniforme en la UE. El Reglamento pretende equilibrar la protección de derechos fundamentales con la innovación y el desarrollo de un mercado único de IA en Europa.

La web aborda los beneficios y los riesgos de la IA. LA ofrecepotenciales beneficios a la sociedad y la economía, incluyendo mejoras en salud, transporte, educación, energía e industria, optimización de procesos y aumento de eficiencia. Sin embargo, su uso conlleva riesgos significativos: discriminación y sesgos algorítmicos, violación de la privacidad, perfilado y manipulación de comportamiento, ciberseguridad insuficiente y dependencia tecnológica. La Unión Europea busca equilibrar estos beneficios y riesgos mediante el Reglamento de Inteligencia Artificial (AI Act), que clasifica los sistemas de IA según su nivel de riesgo, prohíbe prácticas peligrosas y establece obligaciones de transparencia, supervisión humana y responsabilidad. El enfoque europeo promueve una IA centrada en las personas, segura, ética y confiable, compatible con los valores fundamentales de la UE, y fomenta un desarrollo innovador que impulse la competitividad y la protección de derechos en todos los sectores de la sociedad.

La página “Adapting to the digital age” del Parlamento Europeo explica cómo la protección de datos personales es un derecho fundamental consagrado en el Artículo 8 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, aplicable tanto dentro de la UE como cuando se ofrece bienes o servicios a residentes en la UE. El texto subraya que los datos deben procesarse de forma justa, con consentimiento o base legal, y que las personas tienen derechos como acceso, rectificación, borrado, limitación, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos personales. La legislación de la UE (como el Paquete de Protección de Datos y el RGPD) establece obligaciones para quienes tratan datos y mecanismos de control y sanción por parte de autoridades independientes. El balance entre seguridad (como lucha contra crimen y terrorismo) y privacidad/datos personales también es enfatizado como esencial en la era digital.

El estudio examina los desafíos éticos y sociales de la «tormenta tecnológica» que se aproxima debido a la convergencia de tecnologías digitales como inteligencia artificial (IA), internet de las cosas (IoT), robótica, blockchain y realidad aumentada/virtual, junto con redes 5G/6G. Analiza cómo esta combinación de tecnologías emergentes creará sistemas sociotécnicos complejos con características como autonomía, interconectividad, opacidad y gran recolección de datos, planteando retos para la privacidad, la equidad, la sostenibilidad energética y la justicia social. El estudio identifica nueve desafíos clave, como impactos en la vida íntima, riesgos cibernéticos y concentración de poder tecnológico, y propone opciones de política pública: gestionar infraestructuras digitales como bienes comunes, instituir un observatorio europeo de tecnologías convergentes, aumentar la alfabetización digital, promover el «diseño para valores» y fomentar la innovación digital orientada a retos sociales.

Este estudio del Parlamento Europeo analiza las implicaciones de la transformación digital en grupos sociales vulnerables, como personas con menores ingresos y nivel educativo, personas mayores, personas con discapacidades, grupos étnicos minoritarios y quienes viven en zonas remotas o aisladas. Examina la literatura académica, datos secundarios y tres estudios de caso sobre desigualdad digital en el comercio electrónico, servicios financieros digitales y acceso a la información. El informe revisa la legislación de la UE relacionada con estas áreas y muestra que el digital divide continúa afectando más a ciertos grupos, con brechas persistentes en uso de Internet, e‑commerce y servicios digitales. Propone recomendaciones de políticas europeas, como crear un Observatorio Europeo sobre la Brecha Digital, revalorizar la legislación digital considerando su impacto en vulnerables e incluir programas de cohesión que reduzcan dichas brechas.