Referencias documentales

La noticia alerta de que las propuestas de “Digital Omnibus” de la Comisión Europea —presentadas como un paquete de simplificación normativa— en realidad supondrían un retroceso grave en las protecciones de derechos humanos digitales en la UE, debilitando marcos como el GDPR, ePrivacy y el AI Act que protegen la privacidad, limitan la vigilancia y evitan decisiones automatizadas injustas. Denuncian que el proceso se está llevando a cabo con poca transparencia y sin supervisión democrática adecuada, lo que podría facilitar seguimiento constante de personas, control de dispositivos y acceso a datos sensibles, y permitir que empresas e instituciones esquiven responsabilidades y obligaciones de rendición de cuentas. Las organizaciones instan a la Comisión a detener estos cambios, reafirmar un enfoque basado en derechos y mantener mecanismos efectivos de defensa y responsabilidad para proteger a la ciudadanía en el entorno digital.

El informe documenta que las mujeres y niñas tienen brechas significativas en competencias digitales (menos acceso, menos programación y menos participación en tecnologías avanzadas) y que estas desigualdades se mantienen o incluso aumentan en un mundo laboral cada vez más digitalizado. Destaca el papel de la educación sensible al género para cambiar percepciones, ampliar oportunidades y cerrar estas brechas, proponiendo recomendaciones para políticas educativas y formación que favorezcan habilidades digitales en mujeres y niñas. Identifica además el paradigma paradójico por el cual países con mayor igualdad de género a veces tienen menos mujeres en estudios técnicos avanzados y examina tecnologías de IA con sesgos de género, como asistentes de voz femeninos, que pueden reforzar estereotipos dañinos si no se abordan.

El informe estudia por primera vez la relación entre creadores de contenido digital y los derechos de propiedad intelectual (IP) en la UE. Analiza cómo 300 influencers de Instagram, TikTok y YouTube perciben, usan y respetan los derechos de autor, marcas y diseños en su actividad profesional, que para la mayoría es una fuente de ingresos. El informe muestra que solo una minoría tiene registrados sus propios derechos de IP, a pesar de que la posesión de estos está asociada a un mayor desarrollo empresarial. La mayoría de influencers se siente responsable de su contenido y evita promover productos falsificados o contenido pirata, aunque existe variación en la familiaridad con normas de IP. El informe también aborda el uso y riesgos de la inteligencia artificial y propone acciones futuras para aumentar la capacitación y sensibilización sobre IP entre los creadores y los legisladores

La noticia explica que la Comisión Europea ha obligado a Google a abrir partes de su sistema operativo Android para que proveedores externos de IA y motores de búsqueda rivales puedan competir en igualdad de condiciones con los servicios propios de Google. Esta medida se basa en la DMA y responde a preocupaciones sobre el dominio de Google en dispositivos móviles y servicios de IA como su asistente Gemini. Bruselas ha iniciado dos procedimientos formales para especificar cómo Google debe garantizar interoperabilidad y acceso efectivo a las funciones de Android que utiliza su propia IA, así como al acceso a datos anónimos de búsquedas de Google Search para terceros en términos justos, razonables y no discriminatorios. Google tiene un plazo de seis meses para cumplir; de lo contrario podría enfrentar sanciones. La Comisión afirma que estas normas buscan fomentar la competencia y la innovación, mientras Google advierte que algunas obligaciones podrían afectar la privacidad y seguridad de los usuarios.

El artículo desarrolla como los centros de datos son una infraestructura esencial que soporta servicios digitales como almacenamiento en la nube, redes sociales, transmisión de vídeo y inteligencia artificial, pero que también representan un reto energético creciente debido a su elevado consumo de electricidad. Según estimaciones de la Agencia Internacional de la Energía, los centros de datos ya representaban unos 415 TWh a nivel mundial en 2024 y su consumo podría más que duplicarse hacia 2030, impulsado principalmente por la computación intensiva para IA, lo que plantea desafíos para la eficiencia energética y la capacidad de las redes eléctricas. En la UE, esto ha llevado a nuevas obligaciones de monitoreo y reporte energético, la creación de una base de datos europea sobre rendimiento energético y huella hídrica, y la preparación de un paquete de eficiencia energética para centros de datos con etiquetas y una hoja de ruta estratégica para integrar digitalización e IA de forma sostenible y alineada con la transición energética limpia.

Se trata de un informe técnico encargado por la Unión Europea que establece criterios de Compra Pública Verde (GPP) para ayudar a las autoridades públicas a adquirir centros de datos, salas de servidores y servicios en la nube de forma que se consigan mejoras ambientales concretas. Su objetivo es orientar las compras hacia soluciones que contribuyan a los objetivos europeos de energía, clima y eficiencia de recursos, al tiempo que se reducen los costes a lo largo del ciclo de vida de los equipos y servicios. El informe propone criterios ambientales basados en indicadores verificables y buenas prácticas para integrar estos requisitos en los procesos de contratación pública, fomentando así infraestructura digital más eficiente y sostenible en la Unión Europea.

El artículo se centra en el análisis de los riesgos que entraña el uso de la inteligencia artificial. En primer lugar, se centra en el propio concepto de IA, analizando todos sus contornos. Posteriormente divide su estudio en dos partes, que a su vez se dividen en dos secciones. En la primera se centra en las posibles injerencias sobre la esfera de la intimidad de los individuos que puede suponer el uso de la IA. Seguidamente, se centra más en la esfera pública. Así, analiza los riesgos sobre las garantías encesarias en una democracia y las posibles infracciones de libertades públicas. En la segunda parte se dedica al estudio de la actual regulación de la IA contenida en el Reglamento europeo de 2024. Ahí se interesa especialmente por su enfoque preventivo y ético.

La multiplicación en Internet de mensajes a menudo anónimos, llenos de odio o desinformación, principalmente a través de las redes sociales, sitúa el tema de su moderación en el centro del debate. Los proveedores técnicos de acceso y alojamiento son ahora los nuevos auxiliares de la publicación, en lugar de los impresores y vendedores ambulantes. La moderación previa notificación —o moderación ex post— frente a contenidos manifiestamente nocivos se ha complementado con la DSA mediante una moderación masiva, espontánea o previa denuncia, para las grandes plataformas, con respecto a contenidos manifiestamente prohibidos. La primera parte de este estudio se centra en los mecanismos de moderación de los contenidos de odio en línea manifiestamente ilícitos, por un lado, y los contenidos que requieren un olvido digital, manifiestamente perjudiciales, por otro.

El presente artículo ofrece una primera interpretación destinada a los profesionales del derecho sobre los fundamentos y las acciones emprendidas en Francia para retirar un deepfake difundido a través de un servicio de comunicación pública en línea, exigir responsabilidades a los distintos actores implicados y obtener una indemnización.

El marco jurídico francés parece hoy en día inadecuado para luchar contra la desinformación difundida por los deepfakes, esos vídeos y/o audios hiperfalsificados generados por inteligencia artificial, que a veces se utilizan para influir o desestabilizar un proceso democrático. La prevención de esta desinformación sigue siendo limitada y se basa, por un lado, en la reciente creación de una policía de sistemas de inteligencia artificial y en la aplicación del marco preventivo existente relativo a la manipulación de la información. Por otro lado, se basa en un refuerzo de la regulación institucional, garantizada esencialmente por la Arcom, cuya eficacia depende, sin embargo, de la cooperación de las plataformas digitales en un marco de autorregulación. Así, la legislación, aún vacilante, tiene dificultades para dar una respuesta adecuada a los retos que plantean estos contenidos generados por la inteligencia artificial y sus posibles repercusiones en los procesos democráticos.