Referencias documentales

El informe se divide en tres partes. La primera de ellas – “Garantizar el buen funcionamiento de Internet en Francia” – contempla las siguientes medidas: mejorar la medida de la calidad de Internet, acelerar la transición hacia el IPv6 y supervisar la interconexión de los datos. La segunda parte – “Velar por la apertura de Internet” – promueve garantizar la neutralidad de Internet y construir una nueva regulación de las plataformas digitales y de los datos. Por último, la tercera parte – “Actuar frente a los desafíos medioambientales del entorno digital” – propone fomentar un entorno digital sostenible.

Comentario de la sentencia de la Corte de Casación francesa de 18 de octubre de 2023 (Cass. 1re civ., 18 oct. 2023, n° 22-18.926 :JurisData n° 2023-017683). El Alto Tribunal francés sostiene que las asociaciones protectoras de los intereses del menor pueden requerir directamente a los proveedores de acceso a Internet para que adopten las medidas necesarias a los efectos de impedir el acceso a los sitios web de contenido pornográfico bajo el fundamento del art. 6-I.8 LCEN. No constituye una condición de admisibilidad de la demanda que previamente los actores se hayan dirigido contra otros servicios de intermediación en línea, en particular los prestadores de servicios de alojamiento de datos.

Las actividades digitales ya no son solo objeto de estudio, sino un inmenso campo en constante expansión: Internet, las plataformas, las aplicaciones para teléfonos inteligentes y ahora la inteligencia artificial se han instalado en todos los ámbitos del derecho. Sin embargo, el desarrollo sin trabas de estos operadores, que ha prevalecido con el fin de construir una nueva economía, está dando paso a su regulación. Así, los reglamentos denominados «Digital Services Act» y «Digital Markets Act» de 2022 establecen numerosas restricciones para las grandes plataformas y los motores de búsqueda. Estas normativas tan importantes fueron precedidas en 2016 por el RGPD, destinado a proteger los datos personales disponibles, que se acumulan a un ritmo exponencial en la era de las nuevas tecnologías (IA, cámaras aumentadas) y los nuevos usos (cookie walls, dark patterns, etc.). Por otra parte, el desarrollo de la web 2.0, e incluso de la web 3, plantea nuevos retos para la protección de los derechos de propiedad intelectual. Blockchain, metaverso, NFT… son nuevos conceptos que pueden alterar las normas del derecho de autor, el derecho de marcas y los nombres de dominio. Por último, el inmenso campo de la IA se abre con el reglamento denominado «legislación sobre IA» de 2023, que intenta alcanzar un compromiso entre la regulación y la libertad de innovación. Todos estos cambios siguen articulándose en la obra entre contratos, valores inmateriales, restricciones y litigios.

La cuestión de los avatares post mortem y de una posible prolongación de los difuntos hacia una eternidad digital plantea, evidentemente, diversas cuestiones jurídicas (además de las éticas, filosóficas, técnicas, etc.). En primer lugar, hay que precisar que bajo la denominación «avatares post mortem» se engloban todas las propuestas técnicas que permiten recrear —o que proclaman recrear— interacciones entre personas vivas y fallecidas, ya sea mediante respuestas electrónicas escritas (chat), palabras y voces (asistente vocal o deadbot) o incluso a través de avatares de difuntos, inmersos o no en universos inmersivos. Se trata, por tanto, de todas las tecnologías que supuestamente permiten recuperar, mediante mensajes de texto, voz o avatares, relaciones o conversaciones con personas fallecidas. El caso de una madre coreana, afligida por la pérdida de su hija de 7 años, que encontró en un universo virtual el avatar de la niña instándola a dejar de llorar y seguir con su vida, dio la vuelta al mundo y popularizó la situación. Y podríamos multiplicar los ejemplos de modos de interacción que hoy en día están a disposición de las personas que desean reanudar una «conversación» con sus seres queridos o personas fallecidas: el mercado es jugoso y no deja de crecer; las propuestas diversas se multiplican.

El artículo de Massimiliano Capitanio sostiene la necesidad de reconocer constitucionalmente la identidad digital como presupuesto indispensable para la garantía efectiva de los derechos fundamentales en la sociedad contemporánea. Partiendo de la constatación de que la vida personal, social y administrativa se desarrolla de forma integrada entre lo físico y lo digital, el autor propone una reinterpretación del artículo 2 de la Constitución italiana, incorporando explícitamente la red como espacio de ejercicio de los derechos inviolables. La identidad digital se configura así como derecho de la personalidad, esencial para la participación, la igualdad de acceso a los servicios públicos, la protección de datos y la dignidad individual, reforzando una tutela constitucional continua entre esfera offline y online

El texto ofrece un análisis crítico del impacto del smartphone en la sociedad contemporánea y en la vida individual, sin adoptar una posición tecnófoba. El autor denuncia la transformación de este dispositivo, inicialmente concebido como instrumento de emancipación, en un mecanismo de vigilancia y control dominado por grandes corporaciones multinacionales. Mediante un examen técnico y político detallado, se muestra cómo el diseño, los sistemas operativos cerrados y la recopilación masiva de datos erosionan progresivamente la privacidad y la autonomía del usuario. Se destaca el carácter paradójico de un dispositivo omnipresente que, pese a facilitar la comunicación permanente, fomenta dinámicas de dependencia y mercantilización de la atención. La obra invita a una reflexión colectiva orientada a reivindicar una tecnología verdaderamente democrática, basada en estándares abiertos, respeto de los derechos civiles y una gobernanza orientada al bien común y a la soberanía digital de los ciudadanos.

El informe es una versión accesible para niños de los Derechos y Principios Digitales Europeos, elaborada con la participación de menores para explicar de forma comprensible los derechos y valores que deben guiar la transformación digital en la Unión Europea. Presenta principios clave sobre cómo las tecnologías digitales deben colocar a las personas en el centro, promover inclusión y equidad, proteger la privacidad y la protección de datos personales, garantizar la seguridad en línea y reforzar la alfabetización digital. La publicación simplifica conceptos de la declaración más amplia de derechos digitales europeos, con el objetivo de hacerlos comprensibles y relevantes para niñas y niños, enfatizando la importancia de un entorno digital que respete la dignidad, libertad, igualdad y derechos fundamentales en el mundo digital.

El documento recoge declaraciones de varias delegaciones de Estados miembros tras la aprobación de unas Conclusiones del Consejo sobre el empoderamiento digital para proteger y hacer cumplir los derechos fundamentales en la era digital. Cada delegación expresa su apoyo o reservas respecto al texto general, destacando la importancia de proteger los derechos fundamentales en entornos digitales y garantizar la igualdad y dignidad humana, así como observaciones sobre conceptos como “género” y la definición de “discurso de odio”. El documento complementa las Conclusiones principales aportando matices nacionales sobre interpretación y aplicación de principios relacionados con la protección de derechos en el contexto digital.

El 11 de septiembre de 2023, Delaware aprobó la Delaware Personal Data Privacy Act, que entrará en vigor el 1 de enero de 2025. Esta ley impone obligaciones de transparencia a empresas que procesen datos personales de al menos 35.000 residentes o que obtengan ingresos significativos por su venta. A diferencia de otras leyes estatales, no exime a organizaciones sin fines de lucro ni a instituciones educativas. Reconoce derechos como acceso, corrección, eliminación y portabilidad de datos, y exige consentimiento para tratar datos sensibles. También obliga a realizar evaluaciones de impacto y a establecer contratos detallados entre controladores y procesadores.

La DPDPA, que entra en vigor el 1 de enero de 2025, establece derechos de privacidad para los residentes de Delaware y obligaciones para entidades que procesen sus datos. Abarca tanto empresas con fines de lucro como organizaciones sin fines de lucro, y no exime completamente a entidades cubiertas por HIPAA. Los consumidores pueden acceder, corregir, eliminar y portar sus datos, además de rechazar publicidad dirigida y decisiones automatizadas. La ley también exige evaluaciones de impacto para actividades de alto riesgo y promueve mecanismos universales de exclusión. Es una de las leyes estatales más inclusivas y estrictas en EE. UU.