Referencias documentales

El artículo explora cómo se entiende la participación digital de las personas mayores y muestra que los conceptos de participación, inclusión y exclusión suelen usarse sin una definición clara. Explica que reducir la participación al simple acceso o uso de tecnologías es insuficiente: implica también derechos, autonomía, capacidad de influir y sentido de pertenencia. A partir de estudios del proyecto Digitales Deutschland, se identifican cuatro dimensiones: acceder (uso y acceso a servicios digitales), aportar (contribuir con conocimientos propios), participar (incidir en decisiones y procesos digitales) y pertenecer (ser reconocido como parte de la comunidad). El texto concluye que la participación digital de mayores requiere condiciones estructurales, educativas y sociales que hoy aún no están plenamente garantizadas.

En este artículo se analiza cómo la digitalización afecta a las personas mayores, especialmente a quienes tienen discapacidad o historia migratoria. Explica que la exclusión digital no se debe solo a la edad, sino a desigualdades sociales, como nivel educativo, ingresos, salud o acceso a recursos. Se revisa la evolución del concepto de brecha digital, desde el acceso a dispositivos hasta las competencias digitales y la capacidad de beneficiarse realmente de la tecnología. También muestra cómo la política y la investigación han intentado responder mediante programas de apoyo, formación y medición de competencias, aunque persisten carencias estructurales. Se examinan dos grupos especialmente vulnerables (mayores con discapacidad y mayores migrantes) y se concluye que aún faltan ofertas educativas inclusivas, coordinación institucional y estrategias sostenidas para garantizar una participación digital equitativa.

El documento se refiere a las personas en situación de analfabetismo digital (“illectronisme”), que define como aquellas que carecen de las competencias digitales básicas o que no hacen uso de Internet. El mismo afecta a algo más de un 15% de las personas que residen en Francia (con la exclusión del territorio de Mayotte), y se extiende con mayor amplitud entre las personas de la tercera edad, las clases socioeconómicas más pobres, los habitantes de los departamentos de ultramar, aquellos que tienen menor formación académica o las personas que viven solas o en pareja pero sin hijos. Se apunta, no obstante, un descenso del analfabetismo digital en el período comprendido entre 2019 y 2021.

En 2021, el 15,4 % de las personas mayores de 15 años residentes en Francia se encuentran en
situación de analfabetismo digital: el 13,9 % no ha utilizado Internet en los últimos tres meses y el 1,5 % lo ha utilizado, pero no posee las competencias digitales básicas. El analfabetismo digital aumenta notablemente con la edad y es más frecuente entre las personas con menos recursos. Además, el 28 % de los usuarios de Internet tienen capacidades digitales débiles, es decir, carecen de competencias en uno, dos o tres de los cinco ámbitos siguientes: búsqueda de información, comunicación en línea, uso de programas informáticos, protección de la vida privada y resolución de problemas en línea. No obstante, el analfabetismo digital ha disminuido 3 puntos entre 2019 y 2021, en el contexto de la crisis sanitaria.

Si las personas con discapacidad y, en general, las minorías fueran objeto de una mayor consideración, este artículo no tendría sentido. Sin embargo, no es así. La doctrina y la jurisprudencia no se han pronunciado sobre esta cuestión. Intentemos modestamente colmar esta laguna y mostrar todo el interés doctrinal de ciertos conceptos utilizados en este ámbito por el legislador. La brecha digital, si es que existe entre generaciones y entre el mundo urbano, periurbano y rural, es especialmente tangible para determinadas categorías de personas con discapacidad. En lo que respecta a las personas con discapacidad visual, y especialmente a las personas ciegas, el simple hecho de que un archivo sea una imagen o que el enlace a un sitio web sea gráfico les impide seguir adelante, al igual que una escalera para una persona en silla de ruedas. Por el contrario, para las personas sordas y con discapacidad auditiva, son las señales auditivas sin subtítulos las que no son accesibles. Por último, la accesibilidad también puede plantear problemas a algunas personas epilépticas, disléxicas o disfásicas, por no hablar de las personas con discapacidad intelectual.

El artículo analiza el refuerzo de los poderes concedidos a ARCOm para garantizar la protección de los menores en el entorno digital.

La obra pretende reflejar la relación de los individuos con el mundo digital, incluso en su vínculo con el acceso a prestaciones sociales. En el primer apartado se proponen algunos análisis sobre la actitud frente a la “tecnología” y sobre el tema de las competencias digitales básicas. Le sigue un estudio más detallado sobre la identidad digital y la posesión del SPID y de la firma digital. El tercer apartado, utilizando los datos del panel 2021-2022, examina cómo ha variado en este período el conocimiento del ISEE, de las medidas genéricas de apoyo a los ingresos y del Ingreso de ciudadanía. En el último apartado se analizan las opiniones sobre distintos aspectos relativos al Asignación única y universal, instaurada a finales de 2021 como nueva medida de apoyo económico dirigida a las familias.

La memoria expone un análisis crítico y propositivo sobre la transformación digital, con especial atención a los perfiles de gobernanza pública, derechos fundamentales, inclusión social y desarrollo económico. Se subraya la necesidad de una estrategia digital coherente, centrada en la persona, orientada a la reducción de las brechas tecnológicas, al fortalecimiento de las competencias digitales y a la protección efectiva de los derechos en línea. El documento insiste en la urgencia de coordinar políticas públicas, inversiones estructurales y marcos normativos, promoviendo una transición digital equitativa, sostenible y constitucionalmente orientada, capaz de conjugar innovación, cohesión social, transparencia administrativa y tutela de la dignidad humana en el entorno digital.

El artículo critica la Declaración Europea sobre los Derechos y Principios Digitales para la Década Digital como un texto políticamente ambicioso pero jurídicamente débil, publicado en el Diario Oficial de la UE el 23 de enero de 2023 tras negociaciones entre Estados miembros, Parlamento y Comisión Europea. Señala que aunque la declaración enuncia principios como poner a los ciudadanos en el centro, inclusión, libertad de elección, educación digital, seguridad y sostenibilidad, no crea derechos directamente aplicables ni añade mucho valor jurídico nuevo para las personas en comparación con la protección ya existente en la legislación de la UE. El texto replica valores previos, carece de mecanismos de ejecución y deja la aplicación efectiva a políticas futuras y a instrumentos ya existentes, por lo que algunos principios quedan vagos o incompletos

El artículo destaca que la vicegobernadora Bethany Hall-Long y el gobernador John Carney están promoviendo el acceso a internet asequible para todos los residentes de Delaware. En el marco de actividades de verano y aprendizaje, animan a los ciudadanos a verificar si califican para opciones gratuitas o de bajo costo de internet, como parte del programa federal Affordable Connectivity Program (ACP). Esta iniciativa busca reducir la brecha digital, especialmente en comunidades de bajos ingresos, proporcionando descuentos en servicios de internet y dispositivos conectados.