Referencias documentales

Informe del Ministére de la Justice sobre el impacto de la Loi n.º 2019-222, de 23 de marzo de 2019, por el que se introducen diversas reformas en el sistema judicial francés para fomentar el acceso abierto a las decisiones de los tribunales. En el trabajo se destaca la importancia de este cambio de sistema para cumplir con el ideal de transparencia y con el proyecto de digitalización de las Administraciones públicas, pero también se advierte de ciertas dificultades concernientes a la intimidad de las partes, que en ocasiones pueden ser identificadas pese a haber sido pseudonimizadas. Concluye reflexionando acerca de la posibilidad de repensar el sistema para diferenciar el grado de acceso en función de los fines, además de adoptar medidas de protección más eficaces para los interesados.

La ley del 7 de octubre de 2016 para una República digital regula los datos abiertos de las decisiones judiciales. En este sentido, no recomienda la anonimización, sino la seudonimización de las decisiones publicadas en línea. La seudonimización tiene como objetivo ocultar únicamente la información que permite una identificación «directa» (apellidos, direcciones, etc.). No pretende impedir la identificación indirecta, es decir, la que se podría realizar cotejando los detalles del caso con otra información. Su dificultad radica en trazar la línea entre la información demasiado identificativa, que debe ocultarse, y la información que se decide dejar visible.

El informe evalúa los avances de la UE hacia los objetivos digitales de 2030. Identifica mejoras en cobertura básica de 5G y despliegue de nodos periféricos, pero señala que la UE sigue lejos de metas clave como IA, semiconductores, 5G autónoma, habilidades digitales y protección de grupos vulnerables. Las hojas de ruta nacionales suman inversiones de 288 600 millones € pero el informe pide más inversión pública y privada para fortalecer infraestructura y capacidades digitales. También se ofrecen resúmenes de 27 informes por país y se vincula con otros documentos de monitoreo y recomendaciones horizontales.

La web explica la Declaración Europea de Derecho y Principios Digitales que establece un marco para que la UE dirija la transformación digital conforme a valores europeos, poniendo a las personas en el centro y protegiendo sus derechos online y offline. Se articula en seis principios: poner a las personas y sus derechos en el centro; promover solidaridad e inclusión con acceso a servicios y habilidades digitales; garantizar libertad de elección y protección frente a contenidos dañinos; fomentar la participación democrática y control de datos; asegurar un entorno digital seguro y protegido para todos; y apoyar la sostenibilidad y el impacto ambiental de las tecnologías digitales. La declaración sirve de guía para políticas y legislación de la UE y se monitoriza periódicamente, con cifras que muestran percepciones de los ciudadanos sobre protección de derechos digitales, inclusión y sostenibilidad.

El informe presenta la Década Digital de Europa, la estrategia de la Unión Europea para guiar la transformación digital hasta 2030 con una visión centrada en las personas, la equidad y los valores europeos. Establece un programa estratégico conjunto entre la Comisión y los Estados miembros con objetivos medibles en conectividad, capacidades digitales, digitalización de empresas y servicios públicos, y mecanismos para supervisar el progreso hacia las metas de 2030. El marco incluye proyectos transnacionales, hojas de ruta nacionales y una declaración de derechos y principios digitales que deben respetarse en el mundo digital. Su propósito es empoderar a los ciudadanos y las empresas, reducir brechas digitales, fomentar habilidades digitales, impulsar servicios públicos en línea y asegurar que la transformación digital sea inclusiva, segura y beneficiosa para todos.

La web explica que la identificación electrónica (eID) en la Unión Europea es una herramienta clave para garantizar acceso seguro a servicios en línea y transacciones digitales, actuando como prueba digital de identidad para personas y empresas, especialmente en ámbitos sensibles como la banca. Antes de 2014, la falta de una base jurídica común dificultaba el reconocimiento mutuo de identidades electrónicas entre Estados miembros; el Reglamento eIDAS de 2014 estableció ese marco y permitió la interoperabilidad transfronteriza, aunque con adopción limitada. Para responder a la expansión de servicios digitales y crecientes preocupaciones sobre privacidad, la UE ha actualizado el marco con el Reglamento de Identidad Digital Europea (EUDI) de 2024, que introduce carteras digitales de identidad seguras y privadas que dan a los ciudadanos control sobre sus datos personales y facilitan su uso en toda la UE. La Comisión ha fijado objetivos, como que todos los ciudadanos tengan acceso a una identificación electrónica segura reconocida en toda la Unión para 2030.

El Eurobarómetro Especial sobre la Década Digital 2025 es una encuesta realizada entre febrero y marzo de 2025. Analiza las percepciones y expectativas de los ciudadanos sobre el uso futuro de tecnologías digitales en la vida diaria, su beneficio o desafío y la importancia prevista de herramientas digitales en ámbitos como educación, trabajo o salud hasta 2030. Evalúa el apoyo público a las prioridades políticas de la UE (habilidades digitales, servicios públicos digitales, acceso equitativo), así como los desafíos en línea como el bloqueo geográfico y la protección de menores. Finalmente, explora el conocimiento y confianza de los ciudadanos sobre sus derechos digitales y la eficacia de la UE y los gobiernos nacionales en protegerlos, examinando la confianza en las instituciones para mantener un entorno digital seguro y con valores democráticos.

Página web de la CE en la que se explica la Ley de Datos de la UE (Data Act). Este reglamento que entró en vigor el 11 de enero de 2024 y es aplicable desde el 12 de septiembre de 2025 para regular el acceso y uso de los datos generados por dispositivos conectados y servicios digitales en toda la Unión. Establece normas para que dispositivos en el mercado europeo permitan el intercambio de datos, da a usuarios (consumidores y empresas) más control sobre sus datos, facilita la transferencia entre proveedores de la nube, y prohíbe cláusulas contractuales injustas que impidan compartir datos. Introduce medidas para mitigar desequilibrios contractuales, permitir el acceso del sector público en casos de interés público y asegurar interoperabilidad de datos, con el objetivo de estimular una economía de datos justa, competitiva e innovadora en la UE

La web describe los proyectos plurinacionales de la Década Digital de la Unión Europea, grandes iniciativas coordinadas entre varios Estados miembros para ayudar a alcanzar las metas digitales de 2030 establecidas en la estrategia de la Década Digital. Estos proyectos reúnen inversiones de la UE y recursos nacionales para desarrollar capacidades que un solo país difícilmente podría conseguir por sí mismo. Entre las áreas identificadas para estos proyectos están infraestructuras y servicios europeos de datos, procesadores de confianza de baja potencia, corredores 5G paneuropeos, supercomputación y computación cuántica, comunicaciones ultra‑seguras, redes de centros de operaciones de seguridad, centros de innovación digital y servicios de blockchain europeos. Los objetivos incluyen reforzar la cooperación entre la UE y los Estados miembros, impulsar la excelencia tecnológica, abordar vulnerabilidades de la cadena digital, promover soluciones digitales seguras e inclusivas y fomentar habilidades digitales, así como la participación equilibrada de género en educación y empleo.

Web informa acerca del Programa de Política de la Década Digital de Europa 2030 que establece un marco estratégico acordado por la Comisión, el Parlamento y el Consejo de la UE para orientar y coordinar la transformación digital de Europa hasta 2030. Define metas y objetivos concretos en áreas como capacidades y habilidades digitales, infraestructuras digitales seguras y sostenibles, digitalización de empresas y servicios públicos, y busca garantizar que la digitalización beneficie a todos los ciudadanos y respete los valores europeos. El programa también crea un mecanismo de cooperación y seguimiento anual entre los Estados miembros y la Comisión para medir el progreso mediante indicadores clave de rendimiento (KPIs) y trayectorias hacia los objetivos de 2030. Además, habilita un marco para proyectos transnacionales que permitan a los países unir esfuerzos en iniciativas digitales a gran escala.