Referencias documentales

La política S11 de la Junta Estatal de Educación de Nebraska establece una visión estratégica para garantizar que todos los residentes del Estado tengan acceso equitativo a oportunidades de éxito. Define la «educación digital» como el uso de herramientas y recursos tecnológicos para la enseñanza y el aprendizaje, disponibles en modalidades sincrónicas, asincrónicas o combinadas. La política enfatiza la importancia de una infraestructura sólida, acceso a banda ancha, estándares tecnológicos basados en la industria y la privacidad de la información estudiantil. Además, apoya la creación e implementación de un plan estatal de aprendizaje digital que aborde áreas clave como presupuesto, asociaciones comunitarias, currículo, datos y privacidad, aprendizaje profesional personalizado, infraestructura robusta y uso del espacio y el tiempo.

El Senado de Connecticut aprobó por unanimidad (35-0) un proyecto de ley que busca reducir los altos costos de los contratos de libros electrónicos para bibliotecas. La medida entraría en vigor solo cuando otros Estados que sumen al menos siete millones de habitantes adopten legislaciones similares, con el objetivo de ganar poder de negociación frente a las editoriales. Actualmente, los e-books cuestan a las bibliotecas hasta tres veces más que los impresos y con licencias limitadas a dos años o 26 préstamos. El proyecto prohíbe contratos que restrinjan préstamos digitales y exige condiciones “razonables”.

Nueva Jersey impulsa la adopción responsable de la inteligencia artificial (IA) y la GenAI para transformar la economía, el empleo y los servicios públicos. El informe del AI Task Force propone cuatro áreas clave: seguridad y privacidad, capacitación laboral y futuro del empleo, equidad y alfabetización digital, y consolidación del Estado como hub de innovación en IA. Se recomienda mantener supervisión humana, proteger datos, implementar pilotos controlados, fomentar habilidades en todos los niveles educativos, apoyar a pequeñas empresas, garantizar diversidad en el desarrollo de IA, atraer inversión, y fortalecer colaboración entre industria, universidades y gobierno. Ya se han lanzado herramientas, programas de formación y subvenciones.

La pandemia de COVID-19 evidenció y agravó la dependencia del sistema educativo Estadounidense respecto a la tecnología, profundizando desigualdades preexistentes. El acceso desigual a internet y dispositivos, vinculado al nivel de ingresos, alimenta la brecha digital, especialmente en comunidades rurales y BIPOC. Según datos de 2021, solo el 73,6% de familias con ingresos menores a 20.000 dólares acceden a internet de banda ancha, frente al 96,5% de las que superan los 75.000. Esta desigualdad limita la alfabetización digital y aumenta la vulnerabilidad frente a la desinformación. Para reducir estas brechas, Nueva Jersey aprobó un programa de alfabetización digital en escuelas K-12, incorporando estándares de investigación, pensamiento crítico, uso ético de la información y diferenciación entre hechos y opiniones. El objetivo es dotar a todos los estudiantes de competencias digitales básicas que garanticen mayor equidad educativa y preparación para el futuro.

En junio de 2024, el Departamento de Trabajo e Industria de Pensilvania anunció 4,9 millones de dólares en subvenciones para 50 organizaciones comunitarias con el fin de mejorar la alfabetización digital de buscadores de empleo. El programa busca enseñar competencias básicas, ciudadanía digital y manejo de información en comunidades con escaso acceso a internet de alta velocidad. Esta fue la quinta ronda de fondos desde 2021. Computer Reach recibió 100.000 dólares para gestionar programas de capacitación como Digital Navigator en seis condados. La iniciativa se apoya en la plataforma Northstar, reconocida a nivel nacional para evaluar habilidades digitales.

El estudio desarrolla y evalúa un mapa interactivo basado en GIS para mejorar el acceso a alimentos en Windham (Connecticut), una comunidad con alta pobreza y problemas de transporte. El mapa integra supermercados, bancos de alimentos, rutas de autobuses y filtros de programas de ayuda (SNAP, WIC). Se probó con 74 residentes: los participantes con mayor seguridad alimentaria, educación y vehículos tuvieron mejores resultados de usabilidad, mientras que los más vulnerables encontraron mayores barreras. La herramienta fomenta conciencia de recursos, apoya decisiones informadas y busca reducir desigualdades en acceso a alimentos saludables, aunque requiere mejoras en inclusión digital.

Allison Macrina, directora del Library Freedom Project, presentó las líneas de trabajo de la organización, centradas en la formación política de bibliotecarios y en la creación de comunidades de práctica para defender la democracia informacional. Destacó dos áreas prioritarias: la privacidad de quienes buscan información sobre salud reproductiva y la protección frente al doxing y el acoso digital. Se están elaborando guías y herramientas que incluyen prácticas de minimización de datos, reducción de dependencias de terceros, uso de cifrado, formación en privacidad y protocolos institucionales de apoyo. Todo ello busca proteger a colectivos vulnerables frente a la vigilancia y la hostilidad política.

El artículo estudia el papel de las bibliotecas públicas en la reducción de la brecha digital mediante la promoción de la equidad digital y la inclusión. Expone la evolución histórica del acceso tecnológico en bibliotecas, los desafíos persistentes en conectividad y alfabetización digital, así como el impacto de políticas públicas y programas de financiación en Estados Unidos, como el Infrastructure Investment and Jobs Act. Los autores subrayan la importancia de asociaciones público-privadas, iniciativas locales y programas de alfabetización para garantizar que todas las comunidades, especialmente las más vulnerables, puedan acceder a internet, dispositivos y formación digital, considerándolo esencial para la participación social y laboral en el siglo XXI.

Este documento aborda el papel de la IA en la educación. Señala que vivimos en una sociedad cada vez más marcada por sistemas digitales y de IA, lo que exige competencias informáticas básicas para una participación ciudadana responsable. Destaca tanto las oportunidades como los riesgos: la IA puede favorecer la inclusión y personalización del aprendizaje, pero también plantea problemas de costes, privacidad y fiabilidad. Se rechazan las prohibiciones absolutas y propone un uso transparente y regulado. En la educación escolar, se recomienda integrar la IA en los currículos de informática, fomentando análisis técnico, social y práctico. Para docentes, se subraya la necesidad de formación continua en competencias digitales y reflexivas. En universidades y formación profesional, se pide desarrollar las competencias en IA y abordar cuestiones éticas y legales.

Análisis crítico de la Ley de la República Digital francesa (Loi sur la République numérique, o Loi Lemaire), como ejemplo de un nuevo enfoque sobre la participación ciudadana en el proceso legislativo. La autora destaca cómo las tecnologías digitales permiten una mayor intervención de la ciudadanía en la redacción de leyes, participando en la elaboración de proyectos de ley y en el debate parlamentario. No obstante, también advierte de los importantes riesgos que presenta, como la concentración de participación (posibilidad de que unos pocos ciudadanos especialmente activos controlen el proceso) y la consiguiente falta de representatividad, o la probable infiltración de grupos de interés (lobbies) en estos procesos.