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La UE concede a las tecnológicas 16 meses más para que su IA de “alto riesgo” cumpla la normativa
Silvia Ayuso y Manuel G. Pascual | 2025
El artículo explica que la Comisión Europea ha propuesto ampliar hasta diciembre de 2027 (unos 16 meses más) el plazo para que las empresas tecnológicas cumplan los requisitos de supervisión de los sistemas de IA de alto riesgo establecidos en el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, que entró en vigor en 2024 y clasifica la IA según el nivel de riesgo para usuarios y derechos. El aplazamiento desplaza la aplicación de obligaciones estrictas —como controles, transparencia y estándares técnicos— que debían comenzar en agosto de 2026, argumentando que aún no se han publicado todos los estándares necesarios para su cumplimiento. La Comisión defiende el cambio como necesario para brindar certeza legal y apoyo a pymes y startups, mientras que críticos sostienen que puede favorecer a grandes tecnológicas y debilitar la protección de derechos fundamentales si se reduce la exigencia regulatoria en nombre de la competitividad e innovación.
Reglamento de IA: una oportunidad para innovar con seguridad
Jorge Castiñeira | 2024
El artículo destaca que el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial ofrece un marco regulatorio comprensivo que regula el uso y despliegue de sistemas de IA con un enfoque basado en el riesgo, con el objetivo de proteger valores y derechos fundamentales al tiempo que permite la innovación en Europa. Clasifica usos de IA según riesgo —prohibidos, de alto, limitado o mínimo— y establece obligaciones de transparencia, supervisión humana y gestión de riesgos para proveedores y usuarios, además de sanciones por incumplimiento. Aunque algunos actores tecnológicos han advertido de posibles barreras competitivas por las exigencias normativas, el artículo argumenta que esta regulación ofrece seguridad jurídica y crea un entorno fiable donde las empresas pueden innovar con respeto a derechos y seguridad, lo que podría convertirse en una ventaja competitiva frente a mercados sin reglas claras.
La página web explica que la Ley de Servicios Digitales (Digital Services Act, DSA) como reglamento de la Unión Europea que establece normas claras y obligatorias para los servicios en línea y plataformas digitales que operan en toda la UE, como redes sociales, mercados en línea y tiendas de aplicaciones, con el objetivo de crear un entorno digital más seguro, responsable y transparente. La DSA protege los derechos de los usuarios reforzando la lucha contra contenido ilegal y nocivo, ofreciendo mecanismos de transparencia en moderación de contenidos, requisitos sobre publicidad y protección de menores, y opciones de recursos para decisiones de moderación. También adapta las obligaciones según el tamaño y el impacto de cada plataforma y posibilita una aplicación uniforme en los Estados miembros bajo supervisión nacional y de la Comisión Europea.
Policy and investment recommendations for trustworthy Artificial Intelligence
Hight Level Expert Group (HLEG) | 2018
El informe presenta 33 recomendaciones dirigidas a las instituciones de la UE y los Estados miembros para promover una inteligencia artificial confiable que combine sostenibilidad, crecimiento, competitividad e inclusión, al mismo tiempo que empodere, beneficie y proteja a las personas. El documento forma parte de la estrategia europea de IA y acompaña las orientaciones éticas sobre IA confiable, destacando la necesidad de políticas públicas e inversiones que refuercen la gobernanza, la transparencia, la seguridad y el respeto de derechos fundamentales, e impulse la adopción de IA que favorezca la economía de datos y la innovación responsable en Europa. La UE, como actor clave en el desarrollo e implementación de IA, debe apoyar la creación de un ecosistema robusto con normas claras y financiación estratégica, equilibrando la protección de las personas con el fomento de tecnologías avanzadas
A través de este dossier, la ARCOM pone a disposición del profesorado una serie de herramientas pedagógicas sobre la libertad de expresión, la libertad de comunicación audiovisual, la manipulación de la información y los discursos de odio en Internet.
La relación entre la norma suprema e Internet resulta de extrema importancia en la era digital. Internet no es una mera una innovación técnica, pues supone una revolución en los modos de vida, de comunicación y de consumo. En términos de libertades individuales y públicas, Internet constituye un elemento ineludible para el ejercicio de la libertad de comunicación e información, pero es también un factor de nuevos riesgos para la protección de la vida privada y de los datos personales. En este contexto, la aproximación entre Internet y la Constitución se ha producido tanto en la afirmación de las grandes libertades garantizadas constitucionalmente, como en la definición de los grandes equilibrios entre las libertades frente a los nuevos riesgos de Internet. La Constitución y la jurisprudencia constitucional han sabido adaptarse al reto digital del siglo XXI, aunque la era digital invita al reconocimiento de nuevos derechos.
Lutte contre la manipulation de l’information. À propos de la loi organique n° 2018-1201 et de la loi n° 2018-1202 du 22 décembre 2018
Emmanuel Derieux | 2019
Con el fin de luchar contra la difusión de información falsa a través de las comunicaciones electrónicas, especialmente en períodos electorales, las leyes del 22 de diciembre de 2018 amplían las facultades de prevención y sanción que ya tenían la justicia y el Consejo Superior Audiovisual. En el momento de su elaboración, fueron denunciadas como inútiles y peligrosas para la libertad de comunicación. Sin embargo, fueron validadas por el Consejo Constitucional. Las prácticas de pluralismo, transparencia y educación en los medios de comunicación, también previstas, deberían permitir protegerse contra todas las formas de manipulación de la información.
Estudio sobre la respuesta normativa del legislador francés al fenómeno de la desinformación, particularmente en plataformas digitales. La autora analiza la regulación vigente, con particular énfasis en la Ley de 22 de diciembre de 2018, destacando las competencias del Conseil Supérieur de l’audiovisuel (CSA), las nuevas obligaciones de los titulares de plataformas digitales (especialmente, la transparencia algorítmica y la implementación de mecanismos de denuncia de contenidos) y la implantación de un procedimiento de urgencia ágil para retirar contenidos manifiestamente falsos durante períodos electorales. Advierte, no obstante, de los conflictos que puede presentar con la libertad de expresión, que pueden hacer que esta normativa resulte poco operativa.
La liberté d’expression à l’heure du numérique ou la difficile quête de l’équilibre sur les réseaux sociaux
Claire Legros | 2021
El artículo reflexiona sobre la difícil búsqueda de un equilibrio entre el derecho a la libertad de expresión y la proliferación de mensajes de odio o la difusión de informaciones falsas en las redes sociales.
Google my business protégé par la liberté d’expression et d’information !
Anne Danis-Fatôme | 2021
Comentario de la sentencia dictada por el Tribunal Judicial de París el 9 de marzo de 2021. En ella, el juez admite la licitud del tratamiento de los datos profesionales de un cirujano dentista contenidos en una ficha de Google My Business. El tratamiento no se considera sujeto al régimen de prospección comercial ni al de elaboración de perfiles, y la persona afectada carece de los derechos de oposición y de supresión. Los sistemas de calificación de profesionales en Internet son validados, en su mayoría, por los tribunales franceses cuando los comentarios de los internautas no son constitutivos de difamación.
Ámbitos específicos 
Garantía 
IA 
Igualdad 
Libertad 
Participación