Referencias documentales

En estados como Pensilvania ya se empiezan a materializar los riesgos que la inteligencia artificial plantea para los derechos digitales vinculados a la identidad personal. Jennifer Rothman, experta en derecho de la publicidad y privacidad, analiza cómo las tecnologías de clonación de voz, deepfakes y réplicas digitales tensionan los límites entre propiedad intelectual, privacidad y libertad de expresión. Rothman advierte que los marcos jurídicos actuales, incluidos proyectos legislativos como el NO FAKES Act, pueden legitimar usos engañosos de la identidad humana al permitir licencias amplias y transferibles sobre nombre, voz o imagen, incluso sin control efectivo de la persona afectada. El texto subraya el peligro de convertir la identidad en un activo comercial alienable, erosionando derechos fundamentales y facilitando la manipulación del público. Frente a ello, defiende que el consentimiento específico y la no decepción pública sean criterios centrales, alertando también contra un exceso de protección que pueda vulnerar la libertad de información y expresión.

Este informe analiza el desarrollo y la implementación de sistemas de identidad digital en Estados Unidos. Destaca la importancia de una infraestructura segura, interoperable y confiable que proteja la privacidad y fomente la innovación. También aborda los desafíos regulatorios y tecnológicos, proponiendo un marco que permita a individuos y organizaciones gestionar identidades digitales de manera segura y eficiente. El documento resalta cómo una identidad digital sólida puede mejorar el acceso a servicios públicos y privados, fortalecer la ciberseguridad y facilitar la participación económica y social.

Informe de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) sobre la identidad digital en Francia y en la Unión Europea. El trabajo pone el foco en las tecnologías que permiten al ciudadano identificarse en el entorno digital (como FranceConnect, France Identité o la futura Cartera Europea de Identidad Digital) y advierte de los riesgos de centralización, perfilado de la población y exclusión de ciertos colectivos por barreras o brechas digitales. De forma crítica, se aboga por la preservación de una pluralidad de identidades digitales y del pseudonimato, así como por el mantenimiento de alternativas no digitales.

La verificación de la mayoría de edad del internauta que accede a un sitio web con contenido pornográfico implica inevitablemente un tratamiento de datos personales. Los retos son significativos, dado que la relación entre la identidad de una persona y su actividad en Internet – incluida la consulta de sitios web de carácter pornográfico – permite deducir información íntima (así, la relativa a vida sexual o la orientación sexual) cuyo tratamiento se encuentra, en principio, prohibido.

Comentario de la sentencia de la Corte de Casación francesa de 18 de octubre de 2023 (Cass. 1re civ., 18 oct. 2023, n° 22-18.926 :JurisData n° 2023-017683). El Alto Tribunal francés sostiene que las asociaciones protectoras de los intereses del menor pueden requerir directamente a los proveedores de acceso a Internet para que adopten las medidas necesarias a los efectos de impedir el acceso a los sitios web de contenido pornográfico bajo el fundamento del art. 6-I.8 LCEN. No constituye una condición de admisibilidad de la demanda que previamente los actores se hayan dirigido contra otros servicios de intermediación en línea, en particular los prestadores de servicios de alojamiento de datos.

Informe anual del Conseil d’État (2018), que propone reflexionar sobre el concepto de ciudadanía a la luz de ciertos retos (pérdida de confianza en la clase política, persistencia de desigualdades, debilitamiento de los deberes cívicos…). El informe apunta a los espacios digitales como herramienta para fomentar la participación ciudadana, a través de mecanismos de tecnología ciudadana (civic tech), pero también como fuente de riesgos (desinformación, perpetuación de desigualdades), y aboga por adoptar una estrategia global basada en la educación cívica, el refuerzo de la democracia local y la reducción de brechas sociales.

La Guida dei diritti di cittadinanza digitali fue publicada por la Agenzia per l’Italia Digitale conforme al artículo 17 del Codice dell’Amministrazione Digitale con el objetivo de informar a ciudadanos y empresas sobre sus derechos digitales en la relación con la administración pública. La guía presenta en lenguaje claro los principales derechos de ciudadanía digital —como el acceso seguro y rápido a servicios públicos en línea, la identidad digital, la accesibilidad de sitios web, las comunicaciones electrónicas y los pagos digitales— y ofrece orientaciones sobre cómo ejercerlos. Sirve como herramienta de difusión y sensibilización para facilitar la comprensión y la concreción efectiva de estos derechos en la práctica diaria, promoviendo la inclusión digital y la transparencia institucional.

La web explica la Regulación sobre la Identidad Digital Europea (EUDI) que establece un marco legal para una identidad digital común en la Unión Europea que permitirá a ciudadanos y empresas disponer de carteras digitales de identidad fiables, seguras e interoperables en toda la UE. Estas carteras vinculan la identidad nacional con atributos personales (como carnés de conducir, títulos o cuentas bancarias) y permiten a los usuarios controlar qué datos comparten al acceder a servicios digitales públicos y privados, reduciendo el intercambio de datos innecesarios. El reglamento mejora el anterior marco eIDAS y armoniza la seguridad y ciberseguridad de las soluciones de identidad digital en la UE, promoviendo transparencia, confianza y facilidad de uso. Los Estados miembros deben ofrecer estas carteras digitales a más tardar a finales de 2026. Las carteras también facilitan firmas electrónicas, servicios de confianza y aumentan la seguridad y eficiencia en transacciones en línea, con beneficios para ciudadanos, gobiernos, proveedores de servicios y la sociedad en general.

La web explica que la identificación electrónica (eID) en la Unión Europea es una herramienta clave para garantizar acceso seguro a servicios en línea y transacciones digitales, actuando como prueba digital de identidad para personas y empresas, especialmente en ámbitos sensibles como la banca. Antes de 2014, la falta de una base jurídica común dificultaba el reconocimiento mutuo de identidades electrónicas entre Estados miembros; el Reglamento eIDAS de 2014 estableció ese marco y permitió la interoperabilidad transfronteriza, aunque con adopción limitada. Para responder a la expansión de servicios digitales y crecientes preocupaciones sobre privacidad, la UE ha actualizado el marco con el Reglamento de Identidad Digital Europea (EUDI) de 2024, que introduce carteras digitales de identidad seguras y privadas que dan a los ciudadanos control sobre sus datos personales y facilitan su uso en toda la UE. La Comisión ha fijado objetivos, como que todos los ciudadanos tengan acceso a una identificación electrónica segura reconocida en toda la Unión para 2030.

Alemania destaca en tecnologías avanzadas como semiconductores y nodos de borde y su cobertura 5G casi alcanza el objetivo de la Década Digital, pero la disponibilidad de fibra hasta el hogar (FTTP) es baja, alrededor de la mitad de la media de la UE, y debe acelerarse el despliegue de redes de muy alta capacidad. El informe señala progresos en capacidades digitales básicas (p. ej., iniciativa DigitalPakt Schule) y en conectar profesionales sanitarios a historiales electrónicos, aunque faltan especialistas TIC y la adopción de eID es débil, lo que limita la digitalización de servicios públicos. Alemania también supera la media de la UE en el reciclaje de dispositivos electrónicos y ha asignado un presupuesto de 102 100 M € para su hoja de ruta digital, de los cuales 46 800 M € son públicos.