Fortaleciendo el acceso al conocimiento y el análisis crítico sobre los derechos digitales, este buscador permite explorar de forma ágil una cuidada selección de materiales y documentos, con fuentes confiables y actualizadas.
El plan establece la estrategia estatal para garantizar el acceso equitativo a Internet en Wisconsin. Propone metas de cobertura, velocidad y asequibilidad, especialmente para comunidades rurales y hogares con bajos ingresos. Incluye acciones para mejorar la infraestructura, recopilar datos precisos y coordinar esfuerzos interinstitucionales. Refuerza el derecho de acceso a Internet como condición esencial para la participación social, educativa y económica en el entorno digital.
La página del Departamento de Instrucción Pública de Wisconsin presenta el Programa de No Discriminación del Alumnado, que garantiza igualdad de oportunidades educativas sin importar sexo, raza, religión, discapacidad u orientación sexual. Ofrece asistencia técnica, regula el proceso de quejas y apelaciones, y exige a los distritos escolares informes anuales y autoevaluaciones periódicas. El contenido promueve un entorno educativo inclusivo y equitativo conforme a leyes estatales y federales.
Comprehensive Economic Development Strategy
(CEDS) for Southeastern Wisconsin: 2021-2025
Southeastern Wisconsin Regional Planning Commission (SEWRPC) and the Milwaukee 7 Regional Economic Development Partnership | 2021
La presentación del CEDS 2021-2025 para el sureste de Wisconsin expone una estrategia regional de desarrollo económico basada en colaboración público-privada. Identifica desafíos como el envejecimiento poblacional, la brecha digital y las disparidades raciales, proponiendo acciones para fomentar la innovación, la equidad y la resiliencia. El plan busca mejorar la infraestructura, diversificar la economía y preparar a la región para adaptarse a cambios tecnológicos y sociales
El artículo, escrito por Carol Hassler, bibliotecaria jurídica, ofrece una guía para investigar leyes de privacidad en Wisconsin. Presenta recursos como memorandos legislativos, tratados especializados y bases de datos jurídicas. También aborda temas emergentes como dispositivos inteligentes, vigilancia digital y protección de datos personales. El contenido destaca la importancia de comprender el marco legal para garantizar la privacidad en un entorno tecnológico en constante evolución.
La Ley HB21-1289 de Colorado, aprobada en 2021, establece programas de subvenciones para ampliar el acceso a banda ancha en comunidades desatendidas. Crea la Oficina de Banda Ancha, el Programa de Inclusión Digital y el Programa de Estímulo para la Conectividad, con una inversión de 70 millones de dólares. La ley busca mejorar el acceso a servicios digitales esenciales, especialmente en zonas rurales y entre poblaciones vulnerables.
Legislature: Broadband Access & Expansion Act Heads To Governor’s Desk
Los Alamos Reporter | 2021
El artículo informa sobre la aprobación legislativa en Nuevo México de la Broadband Access Expansion Act, que busca mejorar la conectividad en zonas rurales y desatendidas. La ley establece un fondo estatal para financiar proyectos de infraestructura de banda ancha y prioriza comunidades con baja cobertura. Se espera que el gobernador firme la ley, lo que marcaría un avance significativo en la equidad digital del Estado.
El artículo analiza el acceso a cuentas digitales de personas fallecidas en Oklahoma, destacando la necesidad de una estructura legal clara. Examina el estatuto estatal vigente y la posible adopción de la RUFADAA, que permitiría a representantes legales acceder a activos digitales con consentimiento previo del usuario. Se detallan procedimientos para obtener contenido o catálogos de comunicaciones electrónicas, y se discuten implicaciones éticas, de privacidad y operativas en el contexto del derecho sucesorio.
La normativa establece que la Comisión de Corporaciones de Oklahoma no puede regular los servicios de acceso a Internet de alta velocidad o banda ancha, sin importar la tecnología utilizada. También impone requisitos a los proveedores de servicios de telecomunicaciones locales para garantizar el acceso desagregado a elementos de red. La ley protege la neutralidad del servicio y limita la intervención estatal en la provisión de Internet.
Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend | 2021
En esta noticia se da cuenta de cómo el Ministerio Federal de Familia y Juventud impulsa la competencia digital de los jóvenes, es decir, la capacidad de niños y adolescentes para usar los medios digitales de forma segura, crítica y autónoma. Para ello combina protección frente a contenidos dañinos con la formación para un uso responsable. El Ministerio financia proyectos que apoyan a padres y profesionales en la educación mediática, ofrecen contenidos digitales de calidad y fomentan la creatividad juvenil. Entre las iniciativas destacan programas de asesoramiento, estudios sobre hábitos digitales, materiales educativos para la primera infancia y plataformas que promueven derechos infantiles en entornos digitales. También se apoyan ofertas seguras para niños, redes de creadores de contenidos y concursos que estimulan la participación y la producción digital juvenil.
Digitale Dienste – Digitale Rechte – 9 Forderungen zum Digital Services Act
Digitale Gesellschaft | 2021
La organización Digitale Gesellschaft analiza críticamente el borrador del Reglamento de Servicios Digitales (DSA) y plantea nueve demandas para garantizar una regulación de plataformas que proteja los derechos fundamentales. Señalan que el DSA, tal como está planteado, pierde la oportunidad de crear un marco realmente coherente y centrado en las personas, debido a numerosas excepciones y a la influencia de grandes plataformas. Entre sus exigencias destacan: que las reglas que afectan a la formación de opinión pública sean definidas democráticamente; evitar que las plataformas actúen como jueces privados sobre contenidos; reforzar mecanismos de notificación y acción sin automatismos; prohibir la vigilancia generalizada; vetar la publicidad basada en comportamiento; exigir transparencia real sobre algoritmos; crear un sistema de supervisión independiente; evitar privilegios para “informantes de confianza”; y garantizar interoperabilidad sin comprometer la seguridad.