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Pressemitteilung: Offener Brief gegen Passwortherausgabepflicht und Strafverschärfungen
Digitale Gesellschaft | 2020
La organización Digitale Gesellschaft, junto con otras doce entidades, firma una carta dirigida al Ministerio de Justicia para alertar sobre graves riesgos en dos propuestas legislativas destinadas a combatir delitos de odio. Denuncian que permitir a las autoridades exigir contraseñas y obligar a redes sociales a enviar direcciones IP y otros datos supone una intromisión desproporcionada en la privacidad y la libertad de información. También critican la creación de categorías de víctimas y agresores, que podría derivar en registros sensibles y peligrosos. Señalan que muchas medidas son ineficaces contra el extremismo y piden evitar que plataformas privadas asuman funciones estatales.
Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur Bekämpfung des Rechtsextremismus und der Hasskriminalität
Digitale Gesellschaft | 2020
La organización Digitale Gesellschaft valora la intención del Gobierno de combatir delitos motivados por odio, pero considera que el proyecto legislativo propuesto es ineficaz y perjudicial. Advierte que las medidas planteadas implican fuertes invasiones en la privacidad y en la seguridad de la información, afectando también a personas no involucradas en delitos. Critica que el plan se centre casi exclusivamente en vigilancia y persecución penal dentro de redes sociales, ignorando causas sociales y la protección de víctimas. Señala que endurecer delitos y ampliar obligaciones de entrega de datos es desproporcionado, poco útil y puede erosionar la confianza en las instituciones.
El documento analiza los riesgos de la publicidad política en línea en Alemania y la UE. Señala tres problemas principales: polarización por microtargeting, interferencia de grandes financiadores y falta de transparencia. A diferencia de la publicidad tradicional, las plataformas digitales permiten segmentar audiencias con datos conductuales, invisibles para la ciudadanía y difíciles de supervisar. El estudio propone limitar el uso de datos personales, establecer tamaños mínimos de grupos objetivo, imponer cuotas o techos de gasto, y ampliar la supervisión financiera más allá de partidos. También recomienda archivos obligatorios de anuncios, auditorías independientes de algoritmos y un organismo regulador con poder sancionador, preferiblemente a nivel europeo, para garantizar debates democráticos abiertos
Assessment List for Trustworthy Artificial Intelligence (ALTAI) for self-assessment
Hight Level Expert Group (HLEG) | 2020
El informe presenta una herramienta de autoevaluación creada por el High‑Level Expert Group on AI (AI HLEG) de la Comisión Europea para ayudar a desarrolladores y responsables de IA a aplicar los principios de una IA confiable en la práctica. Publicada el 17 de julio de 2020 tras un proceso piloto con más de 350 participantes, convierte los requisitos éticos de las Ethics Guidelines for Trustworthy AI en un listado dinámico de verificación. Estos requisitos son: agencia humana y supervisión, robustez técnica y seguridad, privacidad y gobernanza de datos, transparencia, diversidad, no discriminación y equidad, bienestar ambiental y social y rendición de cuentas. ALTAI permite que las organizaciones evalúen si sus sistemas de IA cumplen estos principios y adoptan medidas concretas para mitigar riesgos y asegurar que los usuarios se beneficien de la IA sin exponerse a peligros innecesarios; también existe como herramienta web interactiva.
AI HLEG – Sectoral Considerations on Policy and Investment Recommendations for Trustworthy AI
Hight Level Expert Group (HLEG) | 2020
El informe desarrolla las recomendaciones generales sobre IA confiable desde una perspectiva sectorial, reconociendo que la aplicación y los retos de la IA varían según el contexto. Partiendo de las Policy and Investment Recommendations de 2019, el informe explora cómo adaptar esas recomendaciones en tres sectores clave: el sector público, la sanidad y la manufactura e Internet de las Cosas (IoT), considerados esenciales para el bienestar social, la competitividad y la innovación europea. El análisis sectorial busca refinar las políticas y estrategias de inversión para IA confiable, incorporando experiencias y necesidades específicas de cada ámbito, con el fin de orientar a los responsables políticos sobre cómo aplicar principios de transparencia, equidad, seguridad y beneficios sociales en la práctica dentro de sectores concretos
Liibro blanco sobre la inteligencia artificial – un enfoque europeo orientado a la excelencia y la confianza
Comisión Europea | 2020
El libro blanco propone opciones de política para impulsar el desarrollo y uso de la IA en la UE, equilibrando innovación con gestión de riesgos y respeto por derechos y valores fundamentales. Plantea dos pilares: crear un “ecosistema de excelencia” para investigación, innovación y competitividad, y un “ecosistema de confianza” con reglas que aborden riesgos de ciertos usos de la IA (especialmente en sectores críticos) mediante requisitos como transparencia, robustez, supervisión humana y otros mecanismos regulatorios. El documento se abrió a consulta pública y sirvió de base para el posterior desarrollo del marco legislativo europeo sobre IA, como la Ley de Inteligencia Artificial de la UE.
Conclusions on the Charter of Fundamental Rights in the context of Artificial Intelligence and Digital Change
Consejo Europeo y Consejo de la Unión Europea | 2020
El documento contiene Conclusiones del Consejo de la UE sobre la Carta de Derechos Fundamentales en el contexto de la inteligencia artificial (IA) y el cambio digital. El Consejo subraya la necesidad de que la transformación digital y el uso de tecnologías como la IA respeten y promuevan los valores y derechos fundamentales consagrados en la Carta de la UE, garantizando dignidad humana, libertad, igualdad, democracia, Estado de derecho y derechos humanos. Reconoce que la IA puede aportar beneficios en salud, servicios públicos y protección de derechos, pero también plantea riesgos (discriminación, opacidad, sesgo, amenazas a libertad de expresión y privacidad). Aboga por un enfoque centrado en las personas, con seguridad, transparencia, supervisión humana, protección de datos y medidas que aseguren que la digitalización y la IA respeten la igualdad, no discriminación y derechos sociales y democráticos
2020 Council Conclusions on the Charter of Fundamental Rights Focus on Artificial Intelligence and Digital Change
Consejo Europeo y Consejo de la Unión Europea | 2020
Este documento presenta las Conclusiones del Consejo de la UE que subrayan la importancia de las tecnologías digitales y la inteligencia artificial (IA) para la competitividad, innovación y desarrollo de Europa, especialmente tras la pandemia de COVID‑19. Reconoce que las tecnologías digitales pueden mejorar la vida de las personas y contribuir a la protección y promoción de los derechos fundamentales y la democracia, siempre que se desarrollen y utilicen de forma responsable, centrada en las personas y respetuosa con los valores europeos. También señala que el uso indebido de estas tecnologías puede implicar riesgos para los derechos de los ciudadanos. El texto enfatiza la necesidad de abordar estos riesgos, promoviendo transparencia, supervisión humana, cumplimiento de normas existentes y adaptación de marcos legales para asegurar la compatibilidad de la IA con los derechos consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE.
The Brussels Effect: How the European Union Rules the World
Bradford, Anu | 2020
Obra que acuña y desarrolla el concepto de ‘efecto Bruselas’: el mecanismo por el cual los estándares regulatorios de la UE se convierten en estándares globales de facto a través de la adaptación voluntaria de empresas y terceros países. El capítulo 5 analiza la economía digital y el RGPD como modelo global. Referencia sistemática en la doctrina sobre gobernanza digital.
Informe GGE 2021 — Comportamiento responsable de los Estados en el ciberespacio (A/76/135)
Grupo de Expertos Gubernamentales de la ONU sobre ciberseguridad | 2021
Informe del Grupo de Expertos Gubernamentales que por consenso afirma la aplicabilidad del derecho internacional al comportamiento de los Estados en el ciberespacio. Desarrolla once normas voluntarias de comportamiento responsable estatal. Documento central del marco normativo internacional sobre ciberseguridad.