Referencias documentales

Actualización del informe ADEME-Arcep de 2020 sobre el impacto medioambiental del sector digital en Francia. En este nuevo informe no solo se rectifican los datos publicados, sino que se abordan algunas limitaciones del informe previo, que, por ejemplo, no había tomado en consideración los centros de datos localizados en el extranjero pero que alojan páginas webs o aplicaciones francesas. El resultado es una revisión al alza de las emisiones de CO2 de la industria y de los porcentajes de contribución de los distintos actores (usuarios, centros de datos, fabricantes…) a dichas emisiones.

Informe del Ministére de la Justice sobre el impacto de la Loi n.º 2019-222, de 23 de marzo de 2019, por el que se introducen diversas reformas en el sistema judicial francés para fomentar el acceso abierto a las decisiones de los tribunales. En el trabajo se destaca la importancia de este cambio de sistema para cumplir con el ideal de transparencia y con el proyecto de digitalización de las Administraciones públicas, pero también se advierte de ciertas dificultades concernientes a la intimidad de las partes, que en ocasiones pueden ser identificadas pese a haber sido pseudonimizadas. Concluye reflexionando acerca de la posibilidad de repensar el sistema para diferenciar el grado de acceso en función de los fines, además de adoptar medidas de protección más eficaces para los interesados.

El rápido auge de la inteligencia artificial ha contribuido a la aparición de entidades digitales sin precedentes cuya calificación jurídica resulta especialmente delicada. Entre estas innovaciones, los deadbots, también llamados avatares post mortem o thanabots, cuestionan profundamente los fundamentos del ordenamiento jurídico. Estos dispositivos, que combinan la IA generativa y los datos personales recopilados durante la vida del individuo (mensajes, fotos, vídeos), son capaces de reproducir los patrones de pensamiento, el estilo de expresión y los rasgos de su personalidad para crear una ilusión de interacción póstuma. El artículo insiste en la necesidad de elaborar un marco jurídico para esta nueva realidad, ante las carencias del RGPD y de la legislación francesa, que únicamente contempla unas disposiciones mínimas sobre el destino post mortem de los datos personales.

Los datos personales sensibles gozan de una protección especial. Tal protección ha experimentado una importante evolución desde la adopción del RGPD, pasando del control previo por parte de una autoridad independiente, a su garantía mediante un «análisis de impacto relativo a la protección de datos», realizado por el responsable del tratamiento. El estudio plantea, como cuestión central, si este cambio normativo resulta conforme con el derecho fundamental a la protección de los datos personales. Se analiza, desde una perspectiva comparada, la legislación de cuatro países europeos (Alemania, Francia, Grecia y Reino Unido), junto con el propio Derecho de la Unión Europea.

Comentario del Decreto n.º 2025-146, de 18 de febrero de 2025, relativo a la retirada de contenidos de carácter pedopornográfico e imágenes de torturas o actos de barbarie. Dicho Decreto permite implementar el dispositivo previsto en la ley «SREN» de mayo de 2024, consistente en el bloqueo o la retirada de imágenes de torturas o actos de barbarie, a petición de la oficina contra la ciberdelincuencia. El dispositivo retoma el ya existente, aplicable a los contenidos de pornografía infantil y al terrorismo. Podría perpetuarse en 2027, en función de las recomendaciones de un informe de evaluación que previsiblemente será publicado en ese momento.

La Ley de 13 de junio de 2025 tendente a sacar a Francia de la trampa del narcotráfico transpone al narcotráfico los dispositivos preexistentes en la LCEN de retirada y bloqueo de contenidos ilícitos por parte de los proveedores de servicios de intermediación en línea, a petición de la autoridad administrativa (oficina contra la ciberdelincuencia). Dado que las solicitudes pueden ser impugnadas ante la justicia administrativa, el Consejo Constitucional consideró que esta ampliación no suponía una vulneración desproporcionada de la libertad de comunicación, siempre y cuando el carácter ilícito de los contenidos fuera manifiesto.

Comentario de la Sentencia de 22 de mayo de 2025 del Tribunal de Apelación de Chambéry, que considera que la publicación de opiniones en línea sobre una dentista constituye un tratamiento de datos sin base legal. En consecuencia, la dentista en cuestión tiene derecho a solicitar la supresión de sus datos (artículo 17 RGPD). Se trata de la primera decisión de un tribunal de apelación en el litigio Google My Business. La misma muestra sus reservas en cuanto a la publicación de opiniones en línea sobre los médicos, por considerarlas poco fiables y no verificarse la identidad de las personas que las redactan. La CNIL, por el contrario, parece mantener una posición más matizada. Sin duda, sería necesaria una sentencia de la Corte de Casación, cuando no del TJUE, para zanjar el debate sobre el equilibrio entre la libertad de información de los pacientes y el derecho a la protección de datos.

Existe un gran reconocimiento del valor de los datos personales de las personas, y estos no pierden su valor tras su fallecimiento. Los datos post mortem no tienen menos valor que los datos «vivos», y la llegada de la inteligencia artificial lo demuestra al dar más consistencia al concepto de “muerte digital”. Existe un marco jurídico en Francia para proteger los datos post mortem de las personas, pero este ha sido puesto en entredicho con la inteligencia artificial. Los usos lucrativos de los datos post mortem, gracias a esta tecnología, ofrecen servicios peligrosos para la privacidad y la salud mental de las personas. Todo ello también supone un peligro para el Derecho, que debe maximizar la seguridad jurídica de las personas teniendo más en cuenta estos nuevos retos.

El Tribunal Constitucional de Rumanía ha anulado recientemente los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales tras constatar irregularidades masivas. El tribunal constitucional, basándose en información publicada por los servicios de inteligencia, denunció la existencia de injerencias extranjeras a favor de un candidato prorruso, en particular en las redes sociales. Se habría constatado incluso un uso masivo de la inteligencia artificial durante la campaña electoral. Ante las amenazas reales que plantea el uso malintencionado de estas herramientas, nuestras democracias parecen hoy especialmente vulnerables. Esta decisión ilustra la dificultad de los poderes públicos para hacer frente a los posibles efectos negativos del uso de las herramientas digitales, en particular en período electoral, también en Francia. Ello exige la continuación de políticas públicas ambiciosas, especialmente a nivel europeo, en un contexto geopolítico particularmente tenso.

La ley del 7 de octubre de 2016 para una República digital regula los datos abiertos de las decisiones judiciales. En este sentido, no recomienda la anonimización, sino la seudonimización de las decisiones publicadas en línea. La seudonimización tiene como objetivo ocultar únicamente la información que permite una identificación «directa» (apellidos, direcciones, etc.). No pretende impedir la identificación indirecta, es decir, la que se podría realizar cotejando los detalles del caso con otra información. Su dificultad radica en trazar la línea entre la información demasiado identificativa, que debe ocultarse, y la información que se decide dejar visible.