Referencias documentales

La verificación de la mayoría de edad del internauta que accede a un sitio web con contenido pornográfico implica inevitablemente un tratamiento de datos personales. Los retos son significativos, dado que la relación entre la identidad de una persona y su actividad en Internet – incluida la consulta de sitios web de carácter pornográfico – permite deducir información íntima (así, la relativa a vida sexual o la orientación sexual) cuyo tratamiento se encuentra, en principio, prohibido.

Comentario de la sentencia de la Corte de Casación francesa de 18 de octubre de 2023 (Cass. 1re civ., 18 oct. 2023, n° 22-18.926 :JurisData n° 2023-017683). El Alto Tribunal francés sostiene que las asociaciones protectoras de los intereses del menor pueden requerir directamente a los proveedores de acceso a Internet para que adopten las medidas necesarias a los efectos de impedir el acceso a los sitios web de contenido pornográfico bajo el fundamento del art. 6-I.8 LCEN. No constituye una condición de admisibilidad de la demanda que previamente los actores se hayan dirigido contra otros servicios de intermediación en línea, en particular los prestadores de servicios de alojamiento de datos.

Las actividades digitales ya no son solo objeto de estudio, sino un inmenso campo en constante expansión: Internet, las plataformas, las aplicaciones para teléfonos inteligentes y ahora la inteligencia artificial se han instalado en todos los ámbitos del derecho. Sin embargo, el desarrollo sin trabas de estos operadores, que ha prevalecido con el fin de construir una nueva economía, está dando paso a su regulación. Así, los reglamentos denominados «Digital Services Act» y «Digital Markets Act» de 2022 establecen numerosas restricciones para las grandes plataformas y los motores de búsqueda. Estas normativas tan importantes fueron precedidas en 2016 por el RGPD, destinado a proteger los datos personales disponibles, que se acumulan a un ritmo exponencial en la era de las nuevas tecnologías (IA, cámaras aumentadas) y los nuevos usos (cookie walls, dark patterns, etc.). Por otra parte, el desarrollo de la web 2.0, e incluso de la web 3, plantea nuevos retos para la protección de los derechos de propiedad intelectual. Blockchain, metaverso, NFT… son nuevos conceptos que pueden alterar las normas del derecho de autor, el derecho de marcas y los nombres de dominio. Por último, el inmenso campo de la IA se abre con el reglamento denominado «legislación sobre IA» de 2023, que intenta alcanzar un compromiso entre la regulación y la libertad de innovación. Todos estos cambios siguen articulándose en la obra entre contratos, valores inmateriales, restricciones y litigios.

Internet plantea retos constantemente renovados a todos los ámbitos del derecho. Ahora que el dispositivo nacional de protección de datos personales se basa tanto en el RGPD como en la ley modificada de Informática y Libertades, ¿cuáles son las normas para la recopilación, el uso y la conservación de datos personales? ¿Cómo se ejerce el derecho al olvido, a la portabilidad o al control de los datos tras el fallecimiento? ¿Cómo puede el empleador garantizar el respeto de la vida privada del empleado que utiliza sus propios equipos informáticos en su actividad profesional? ¿Cómo debe organizar el procedimiento de notificación de alertas? ¿Cómo se armonizan las normas de transparencia y lealtad aplicables al comercio electrónico con las disposiciones europeas de protección del consumidor en línea? ¿Qué lugar y qué marco jurídico se debe otorgar al pago en bitcoins? Ya sea internauta o no, ciudadano, padre, menor, consumidor, creador de sitios web, empleado, empresario, responsable de una misión de interés general, abogado o magistrado, el lector encontrará en esta séptima edición muchas respuestas.

Estudio sobre la respuesta normativa del legislador francés al fenómeno de la desinformación, particularmente en plataformas digitales. La autora analiza la regulación vigente, con particular énfasis en la Ley de 22 de diciembre de 2018, destacando las competencias del Conseil Supérieur de l’audiovisuel (CSA), las nuevas obligaciones de los titulares de plataformas digitales (especialmente, la transparencia algorítmica y la implementación de mecanismos de denuncia de contenidos) y la implantación de un procedimiento de urgencia ágil para retirar contenidos manifiestamente falsos durante períodos electorales. Advierte, no obstante, de los conflictos que puede presentar con la libertad de expresión, que pueden hacer que esta normativa resulte poco operativa.

Este libro ofrece una panorámica amplia y actualizada sobre los derechos digitales desde una óptica jurídica aplicada a la sociedad contemporánea. Ziccardi aborda cómo la digitalización ha transformado no solo las comunicaciones y los medios, sino también las libertades y garantías fundamentales de las personas en Internet. El autor examina temas como el control, la libertad de expresión, el odio en línea (hate speech), la protección de datos y la seguridad digital, articulándolos con el desarrollo de capacidades profesionales en el entorno tecnológico. La obra no solo describe los fenómenos tecnológicos, sino que investiga cómo el derecho responde a ellos, señalando tensiones, lagunas y propuestas de regulación. Está dirigida tanto a estudiantes y profesionales del derecho como a un público general interesado en comprender el impacto de las tecnologías digitales en la vida cotidiana y en la configuración de los derechos en el espacio digital.

La reflexión se centra en los dos derechos constitucionales implicados, respecto de los cuales se considera todavía necesaria su distinción, y en los tres mass media que hoy vehiculan la manifestación del pensamiento, tanto en su forma individual como en cuanto información, comprobando cómo los dos medios tradicionales, prensa y televisión, se ven cada vez más atraídos hacia la órbita de la digitalización, con la consiguiente necesidad de nuevas reglas y de un nuevo equilibrio.
Un equilibrio igualmente necesario entre las diversas situaciones jurídicas subjetivas afectadas por los procesos comunicativos actuales, cada vez más dinámicos y cada vez más basados en los datos y en su reutilización. Es sabido que en estos primeros años del tercer milenio se han producido más datos que los generados a lo largo de toda la historia humana conocida, y que casi la totalidad de la información que se utiliza en este momento ha sido producida en el último bienio.

El documento examina de manera sistemática la protección de los datos personales y de la privacidad en el entorno digital, con especial atención a los fenómenos de perfilado con fines comerciales y políticos. Partiendo del marco normativo europeo y nacional, centrado en el Reglamento General de Protección de Datos y en la función de las autoridades de control, el texto expone los principales derechos reconocidos a los usuarios y los mecanismos para ejercerlos de forma consciente. Se destaca el valor del anonimato como instrumento de garantía de la libertad de expresión y de resistencia frente a las prácticas de vigilancia pública y privada. Asimismo, se analizan las tecnologías de rastreo, el uso de las redes sociales, los riesgos asociados a la recolección masiva de información y los procesos de manipulación informativa. El trabajo concede especial relevancia a los instrumentos prácticos de autoprotección digital, promoviendo una cultura jurídica basada en la responsabilidad, la alfabetización tecnológica y la tutela efectiva de los derechos fundamentales.

El informe evalúa los avances de la UE hacia los objetivos digitales de 2030. Identifica mejoras en cobertura básica de 5G y despliegue de nodos periféricos, pero señala que la UE sigue lejos de metas clave como IA, semiconductores, 5G autónoma, habilidades digitales y protección de grupos vulnerables. Las hojas de ruta nacionales suman inversiones de 288 600 millones € pero el informe pide más inversión pública y privada para fortalecer infraestructura y capacidades digitales. También se ofrecen resúmenes de 27 informes por país y se vincula con otros documentos de monitoreo y recomendaciones horizontales.

La web explica la Declaración Europea de Derecho y Principios Digitales que establece un marco para que la UE dirija la transformación digital conforme a valores europeos, poniendo a las personas en el centro y protegiendo sus derechos online y offline. Se articula en seis principios: poner a las personas y sus derechos en el centro; promover solidaridad e inclusión con acceso a servicios y habilidades digitales; garantizar libertad de elección y protección frente a contenidos dañinos; fomentar la participación democrática y control de datos; asegurar un entorno digital seguro y protegido para todos; y apoyar la sostenibilidad y el impacto ambiental de las tecnologías digitales. La declaración sirve de guía para políticas y legislación de la UE y se monitoriza periódicamente, con cifras que muestran percepciones de los ciudadanos sobre protección de derechos digitales, inclusión y sostenibilidad.