Referencias documentales

La página web explica que el Código de Conducta de la UE para centros de datos, desarrollado por el Joint Research Center (JRC) de la Comisión Europea, es una iniciativa voluntaria que fomenta mejores prácticas para hacer que los centros de datos sean más innovadores, sostenibles y seguros, reduciendo su elevado consumo energético y su impacto ambiental. Utiliza métricas como la eficiencia energética (PUE) para evaluar y mejorar el rendimiento y anima a los operadores a aplicar medidas que reduzcan el uso de energía sin comprometer las funciones críticas. La UE también reconoce anualmente a los centros de datos que implementan con éxito estas prácticas con reducciones significativas en consumo y emisiones. El código se complementa con otras políticas y programas de la Comisión para promover la eficiencia energética, la sostenibilidad y la financiación de infraestructuras de computación en la UE.

El artículo explica el enfoque basado en el riesgo del Reglamento Europeo de IA. Detalla las diferencias entre sistemas de riesgo inaceptable, riesgo alto, riesgo limitado y riesgo bajo. También se aborda la necesidad de la regulación en un escenario cambiante en el que la protección de los derechos humanos en los entornos digitales es más importante que nunca.

El proyecto de ley HB0068 de Wyoming establece principios para el uso ético y transparente de sistemas de inteligencia artificial por parte de entidades públicas. La normativa busca evitar sesgos, proteger derechos fundamentales y garantizar supervisión humana en decisiones automatizadas. También promueve la rendición de cuentas y la evaluación de impacto de los sistemas de IA utilizados en servicios gubernamentales, reforzando la confianza ciudadana en el entorno digital.

La inteligencia artificial ha abierto un escenario hasta hace poco desconocido, en el que el Derecho está llamado a operar distinciones e identificar límites, así como a reconocer intereses emergentes, ámbitos de responsabilidad y objetos de tutela.
Con el propósito de ofrecer una perspectiva de análisis amplia y articulada, el volumen, de clara impronta interdisciplinar, examina en primer lugar a la persona y su esfera de derechos y protecciones, también después de la muerte, sin olvidar el baluarte del derecho al olvido. A continuación, se profundiza en el concepto de mercado, con las problemáticas relativas a los contratos, la inteligencia artificial y el smart contract, pasando por la negociación robótica, los tokens y la criptomoneda. La obra analiza asimismo la importancia del Estado y de la Administración pública, atendiendo a las novedades en materia de digitalización y de servicios públicos.
Cierra la exposición el examen de los aspectos relativos a la legalidad y la justicia, tales como, por ejemplo, la responsabilidad penal por daños derivados de la inteligencia artificial o la que se plantea en procesos de elevada automatización, la prueba digital en el proceso civil y la IA en los sistemas de ADR y ODR. En el ámbito de la administración de justicia, se pone de relieve el impacto de la IA, en el presente y, sobre todo, en el futuro, en el procedimiento decisorio del juez y en el razonamiento probatorio, pero también en la previsibilidad de la decisión y en el precedente en la era digital.

El informe ofrece directrices éticas para el uso de la IA y de los datos en contextos educativos, orientadas principalmente a docentes y agentes educativos para que comprendan tanto las oportunidades como los riesgos de la IA en la enseñanza y el aprendizaje. Señala que las tecnologías de IA pueden aportar valor añadido a la educación cuando se usan de forma positiva, crítica y ética, pero también pueden provocar problemas si se implementan sin atención a valores fundamentales. Las directrices promueven prácticas que protejan a las personas y refuercen la calidad educativa, fomentando la reflexión sobre cuestiones como la equidad, la transparencia y el impacto en estudiantes y profesorado. En conjunto, buscan orientar la adopción responsable de IA y de los datos en educación, ayudando al personal docente a aprovechar su potencial sin vulnerar derechos ni introducir aplicaciones tecnológicas que puedan ser perjudiciale

El estudio aborda la gobernanza de datos y la IA desde una perspectiva de “justicia de datos”, que prioriza la equidad, la representación de intereses plurales y la creación de bienes públicos dentro de la economía de datos. Analiza cómo el actual marco de la UE —incluyendo el AI Act, el Data Governance Act y el Data Act— articula la producción de valor de datos tanto para fines públicos como privados, pero advierte que carece de una visión normativa global que equilibrie poder, acceso y beneficios. Propone cuatro capacidades para una buena gobernanza: infraestructuras públicas fuertes, inclusividad, mecanismos efectivamente responsables y responsabilidad global. El estudio también explora modelos alternativos de gobernanza de datos (trusts, cooperativas, soberanía de datos) y ofrece opciones políticas para democratizar el control de datos y la IA, fortalecer el valor público y garantizar que los derechos y beneficios se distribuyan de forma equitativa en la sociedad europea.

En esta página se ofrece un panorama de investigación sobre cómo se definen la IA y las competencias relacionadas con IA en estudios empíricos, especialmente en el contexto alemán. El análisis muestra que muchas investigaciones utilizan definiciones vagas de IA y se centran más en aplicaciones concretas (asistentes de voz, algoritmos en redes sociales, robots, smart toys) que en fundamentos teóricos. Se destaca la distinción entre IA débil (sistemas especializados que resuelven tareas concretas) e IA fuerte, aún no realizable por limitaciones técnicas. El texto identifica qué competencias son necesarias para un uso autónomo y crítico de la IA: conocimientos cognitivos y reflexivos, habilidades instrumentales para manejar tecnologías digitales, y también competencias emocionales, sociales y creativas para interpretar discursos y efectos sociales de la IA. Finalmente, subraya la necesidad de enfoques más integrales y centrados en las experiencias de las personas en su vida cotidiana.

Las múltiples aplicaciones de la inteligencia artificial, algunas de las cuales aún están en desarrollo, no están exentas de riesgos, como cualquier avance. Ponen en tela de juicio los derechos humanos y las libertades fundamentales y, en términos más generales, la autonomía humana y su corolario, la responsabilidad. Si bien la necesidad de una regulación es indiscutible, sus modalidades aún se están elaborando. Se da prioridad al recurso a la ética y a la responsabilidad social de las empresas, pero esta «ley blanda» no excluye el recurso a la «ley dura».

El informe examina cómo la IA puede amplificar discriminaciones existentes y perpetuar sesgos de género si no se incorpora una perspectiva socio‑técnica en su diseño y uso, analizando las estrategias de la UE, Suecia y España al respecto. Destaca que la UE incluye principios éticos y normas que pueden apoyar un enfoque de género, mientras que Suecia desarrolla iniciativas más explícitas para usar la IA en favor de la igualdad en ámbitos como educación, trabajo y salud. En España, aunque hay documentos base y referencias al género en sus estrategias, faltan proyectos concretos y medidas específicas. El informe ofrece recomendaciones como guías de implementación con perspectiva de género y sistemas de IA que aborden violencia de género, brecha salarial y salud.

Primer instrumento de vocación universal sobre ética de la IA, adoptado por unanimidad de los 193 Estados miembros el 23 de noviembre de 2021. Establece diez principios incluyendo proporcionalidad, equidad, privacidad, supervisión humana, transparencia, explicabilidad y rendición de cuentas. Ha servido de referencia conceptual para la negociación del Convenio Marco del Consejo de Europa sobre IA (CETS n.º 225), que lo cita expresamente en su Memorando Explicativo.