Referencias documentales

Explica en lenguaje claro el nuevo marco del DSA para que personas que llevan a cabo investigaciones de interés público accedan a datos de ciertas plataformas. En el documento se indica quién puede solicitar datos, cómo se puede acceder a ellos, qué obligaciones tienen las plataformas y cómo se tramita el acceso, con ejemplos prácticos y advertencias sobre límites y garantías. Es un texto útil para la ciudadanía, empresas tecnológicas e investigadores.

Comentario de la sentencia del Consejo de Estado de 5 de julio de 2021 (CE, 10e et 9e ch. réunies, 5 juill. 2021, n° 447088), sobre un asunto relativo al derecho de acceso a los datos de una persona fallecida por parte de su heredera, solicitud dirigida a un banquero suizo. La jurisdicción administrativa observa que los tratamientos de datos relativos a las personas fallecidas quedan en principio excluidos del campo de aplicación del RGPD y quedan únicamente sometidos a la Ley Informatique et Libertés. Dicha Ley únicamente se aplica a los responsables de tratamiento establecidos en el territorio francés, lo que no ocurría en el presente caso. La jurisdicción administrativa no excluye, sin embargo, que los herederos puedan ser considerados como personas afectadas a efectos del RGPD dado que se trata de datos relativos al causante. Examina así, adicionalmente, la cuestión del ámbito de aplicación territorial del RGPD. La sentencia aporta una serie de precisiones sobre el ámbito de aplicación territorial de la Ley IL cuando se encuentran involucrados datos de las personas fallecidas.

La Ley destinada a reducir el impacto de la tecnología digital en Francia fue publicada en el Boletín Oficial de la República Francesa el 16 de noviembre de 2021, si bien previendo una entrada en vigor escalonada, entre 2021 y 2026. Con carácter previo al estudio del contenido de esta nueva ley, el trabajo analiza el impacto medioambiental de la tecnología digital.

Las innovaciones en materia de salud conectada o las terapias digitales están experimentando un auge espectacular, impulsado por la inteligencia artificial, los datos abiertos y la convergencia de tecnologías. Encontrar el enfoque adecuado para proteger y valorizar estas invenciones requiere adoptar un enfoque holístico. El estudio ofrece una panorámica de las herramientas y las buenas prácticas.

La inteligencia artificial se encuentra en una fase de desarrollo que permite plantearse su regulación por parte del derecho. Sus aplicaciones se están materializando y ya no es necesario proyectarse en el futuro para imaginar tanto los avances como los riesgos. De hecho, ya existe un proyecto de normativa, ya que la Comisión Europea publicó el 21 de abril de 2021 una propuesta de reglamento por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial. Los trabajos preparatorios ya están muy avanzados, ya se trate de evaluar las situaciones actuales, comprobar la adaptabilidad de las normas del derecho positivo, preparar las orientaciones que deben adoptarse y las decisiones que deben tomarse, o incluso plantearse los métodos, entre el enfoque ético y el enfoque prescriptivo.
En este contexto, académicos de renombre han aunado sus reflexiones para que cada estudio en su ámbito de especialidad contribuya a una presentación completa de las cuestiones que plantea el desarrollo de la inteligencia artificial.

La organización de los sistemas sanitarios se ha visto afectada por el uso de la tecnología digital. Los objetos conectados, los robots dotados de inteligencia artificial y los algoritmos se han convertido en herramientas indispensables para la organización y la mejora del funcionamiento de los actores sanitarios, los centros, las empresas, los profesionales y las autoridades sanitarias. Si bien este uso generalizado es una fuente de progreso para la salud individual y colectiva, también representa importantes riesgos. El marco jurídico y normativo de la tecnología digital en el ámbito de la salud pasa sin duda por la elaboración de normas vinculantes destinadas a la protección del paciente, pero también por el recurso a normas jurídicas flexibles, dictámenes, recomendaciones, cartas y directrices. El marco jurídico de la tecnología digital en el ámbito de la salud se orienta hacia un enfoque ágil comprometido con la corregulación entre los actores públicos y privados.

El intercambio de datos entre administraciones es una condición indispensable para la aplicación del principio que rige la simplificación y la búsqueda de la eficiencia del servicio público. Los intercambios electrónicos de información entre administraciones y con los usuarios se han ido consolidando poco a poco desde el punto de vista jurídico, hasta las recientes disposiciones de la ley denominada 3DS, de 21 de febrero de 2022, destinada a acelerar el intercambio de datos entre administraciones en beneficio del usuario, que permiten acercarse al usuario. Ya no se trata solo de que las administraciones intercambien la información necesaria para tramitar una solicitud o una declaración de un usuario del servicio público; ahora este intercambio también es posible para «informar a las personas sobre su derecho a beneficiarse de una prestación o ventaja (…) y para concederles eventualmente dichas prestaciones o ventajas». Así, asistimos a una auténtica revolución jurídica desencadenada por la irrupción de los datos en el servicio público, que lleva a los derechos «reclamables» (abiertos a petición de las personas) por el camino de los derechos «portátiles» (abiertos automáticamente). Si los derechos de las personas sobre sus datos personales son el núcleo de este sistema de intercambio de datos, cabe preguntarse si las expectativas razonables de las personas afectadas no deberían seguir respetándose una vez que estos datos se han seudonimizado, para su reutilización en beneficio del interés general.

Analizar el teletrabajo desde la perspectiva del servicio público revela la resiliencia de este ante el fenómeno de la digitalización del derecho en nombre del principio de mutabilidad, así como ante la crisis sanitaria en nombre del principio de continuidad. En la práctica, el teletrabajo conlleva cambios espaciotemporales en la prestación del servicio público.

El informe examina la situación actual del uso de datos sanitarios, la salud digital y la IA en el sector sanitario europeo, incluyendo servicios de salud transfronterizos. Analiza cómo se están adoptando tecnologías digitales y sistemas de IA, identifica barreras a su implementación (tecnológicas, legales, organizativas y sociales) y ofrece una evaluación detallada de los principales retos y oportunidades para integrar estas innovaciones de forma segura y eficaz. También estudia la cooperación entre Estados miembros y marco normativo existente, proporcionando una base para futuras intervenciones de política de la UE que promuevan la interoperabilidad de datos, la calidad de los sistemas de IA y la mejora de los servicios de salud para pacientes, profesionales y sistemas sanitarios

El documento constituye un dictamen interpretativo y aplicativo del Garante italiano de protección de datos, relativo al tratamiento de datos personales en contextos digitales complejos, con especial atención a los principios de minimización, proporcionalidad, seguridad y limitación de la finalidad. El texto examina críticamente determinadas prácticas administrativas y tecnológicas que comportan riesgos de duplicación, interconexión excesiva y conservación indebida de datos, subrayando la necesidad de garantizar un equilibrio riguroso entre eficiencia organizativa y tutela reforzada de los derechos fundamentales. El Garante reafirma el valor central de la autodeterminación informativa, la transparencia, la responsabilidad proactiva del responsable del tratamiento y la protección desde el diseño y por defecto. Se insiste, además, en la exigencia de bases jurídicas claras, evaluaciones de impacto y medidas técnicas adecuadas, con el fin de evitar usos indebidos, accesos no autorizados y fenómenos de profilación ilegítima, consolidando así un modelo de gobernanza digital respetuoso con la dignidad de la persona.