Referencias documentales

La revolución digital ha provocado importantes consecuencias, incluso desde la perspectiva sucesoria, que exigen la capacidad de adaptar las categorías tradicionales y las teorías clásicas a la luz de la evolución (digital) del propio concepto de “identidad”, de “muerte” y de “herencia”.
En el estado actual se reconoce una protección normativa limitada, dejando a la jurisprudencia la tarea de colmar ciertos vacíos de tutela y al testador la responsabilidad de regular la sucesión relativa a las “entidades digitales” con los instrumentos jurídicos disponibles, tal como los contempla el ordenamiento vigente.
El presente estudio, sin pretensión de exhaustividad, intenta ofrecer algunos puntos de reflexión para un encuadre general de la materia en cuestión, tan compleja como sugestiva y en constante evolución.

La legislatura de Connecticut ha iniciado su sesión de 2026 con un amplio paquete de proyectos de ley tecnológicos centrados en privacidad, menores, reconocimiento facial e inteligencia artificial. Destaca una propuesta del senador Bob Duff para prohibir el uso de reconocimiento facial en comercios, ante el riesgo que supone la recopilación de datos biométricos sin un consentimiento real. En paralelo, se han presentado iniciativas para limitar el acceso de menores a redes sociales, exigir consentimiento parental, restringir notificaciones nocturnas y reforzar la privacidad infantil. También se apoya una prohibición del uso de teléfonos móviles en aulas K-12. Asimismo, el fiscal general William Tong impulsa una reforma de la legislación de protección de datos para adaptarla a la IA y la geolocalización. Finalmente, se prevé reabrir el debate sobre una regulación estatal de la inteligencia artificial que combine protección de derechos, innovación y capacitación digital.

Con la New Jersey Innovation Authority (NJIA), iniciativa del gobernador Phil Murphy, Nueva Jersey se convierte así en el primer estado en consagrar por ley una oficina estatal de innovación, consolidando un modelo basado en diseño centrado en las personas, metodologías ágiles y uso responsable de inteligencia artificial. La nueva autoridad continuará modernizando servicios públicos, reduciendo cargas administrativas y mejorando la eficiencia, con logros recientes como la ampliación del acceso a beneficios sociales, la modernización de centros de llamadas y la simplificación de trámites digitales. La NJIA estará dirigida por un consejo de 13 miembros y coordinará esfuerzos tecnológicos interagenciales, garantizando continuidad institucional más allá de cambios políticos y reforzando el liderazgo estatal en innovación y gobernanza digital.

La New Jersey Data Privacy Act (NJDPA), firmada el 16 de enero de 2024 y en vigor desde el 15 de enero de 2025, establece un marco general de protección de datos para residentes de Nueva Jersey y fija obligaciones para responsables y encargados, aplicable a entidades que operen en el estado o dirijan servicios a sus residentes y superen ciertos umbrales de tratamiento o venta de datos. Reconoce derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad y oposición (publicidad dirigida, venta y perfiles), e incorpora un principio de minimización ligado a fines legítimos. Exige consentimiento expreso para datos sensibles y prohíbe “patrones oscuros”. Obliga a habilitar vías para solicitudes verificables (45 días, ampliables), prevé evaluaciones de impacto y medidas de seguridad razonables, y manda respetar mecanismos universales de exclusión (como GPC). La ejecución corresponde al Fiscal General, sin acción privada.

El episodio analiza los desafíos críticos de la privacidad de datos en las industrias de salud y servicios financieros, las cuales operan bajo regímenes regulatorios estrictos como la Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico (HIPAA) y la Ley Gramm-Leach-Bliley (GLBA). Los autores destacan que, ante el aumento de ciberataques y filtraciones, las organizaciones deben ir más allá del simple cumplimiento normativo, adoptando una postura proactiva en la gestión de riesgos. El texto subraya la importancia de implementar controles de acceso rigurosos, encriptación de datos y programas de capacitación continua para empleados. Asimismo, advierte sobre la creciente convergencia de las leyes estatales de privacidad de los consumidores con estas regulaciones federales, lo que obliga a las empresas a armonizar sus políticas internas para proteger la integridad de la información confidencial y evitar sanciones legales o daños reputacionales severos.

En torno a ciertos sectores de la ciudadanía de Massachusetts existe cierta preocupación sobre el Massachusetts Data Privacy Act, ya que, aunque valorando positivamente sus objetivos de protección de datos, temen su posible impacto negativo en pequeñas empresas. Se sostiene que limitar la recopilación y el tratamiento de datos al mínimo necesario para prestar un servicio reduciría la eficacia de herramientas publicitarias y analíticas esenciales para que negocios locales compitan con grandes corporaciones. También critica el umbral de aplicación (60.000 consumidores), por considerarlo bajo en comparación con otros estados, lo que podría generar mayores costes de cumplimiento para empresas con menos recursos. Aunque respalda la protección de datos sensibles y la prohibición de publicidad dirigida a menores, defiende un enfoque equilibrado que salvaguarde la privacidad sin perjudicar la competitividad y viabilidad económica de pequeñas empresas.

La página web explica que la digitalización del sistema energético es una prioridad de la Unión Europea que busca modernizar toda la cadena de energía —generación, transporte, distribución, suministro y consumo— mediante tecnologías digitales seguras, eficientes y sostenibles, apoyando objetivos como el European Green Deal y la transición digital en Europa. Dentro de este marco, la “Strategic roadmap for digitalisation and AI in energy” es una hoja de ruta que se publicará a principios de 2026 y forma parte del Affordable Energy Action Plan; su propósito es acelerar la implantación de soluciones digitales y de inteligencia artificial (IA) en áreas clave para la descarbonización, como la optimización de redes eléctricas, la eficiencia energética en edificios e industria y la flexibilidad de la demanda. La hoja de ruta también abordará el consumo energético de los datos y la integración sostenible de centros de datos en el sistema energético, además de la necesidad de salvaguardias para mitigar riesgos derivados del uso a gran escala de IA en este sector.

La página web explica que la Ley de Mercados Digitales (Digital Markets Act, DMA) como conjunto de normas de la Unión Europea destinado a garantizar una competencia leal en el sector digital, especialmente entre los grandes actores tecnológicos y las pequeñas plataformas. Fue firmada por el Consejo y el Parlamento Europeo el 14 de septiembre de 2022 y entró en vigor el 2 de mayo de 2023. La DMA define criterios objetivos para identificar a las grandes plataformas dominantes, llamadas “guardianes de acceso”, que tienen una gran base de usuarios y una posición de mercado dominante. A estas empresas se les imponen obligaciones y prohibiciones (por ejemplo, no promocionar sus propios productos, no limitar métodos de pago ni reutilizar datos entre servicios) para evitar prácticas desleales y fomentar la innovación, la elección del consumidor y condiciones más justas para las pymes. El incumplimiento puede acarrear multas de hasta el 10 % o incluso 20 % del volumen de negocio global.

El artículo analiza el Reglamento de IA de la UE desde la perspectiva del derecho de autor y su interacción con las normas emergentes sobre sistemas de IA. El reglamento busca establecer un marco jurídico armonizado para la IA en la UE que promueva tecnologías seguras, transparentes y centradas en el ser humano, y clasifica los sistemas de IA en categorías de riesgo con obligaciones regulatorias distintas. Aunque inicialmente no fue concebido para abordar directamente cuestiones de copyright, el auge de la IA generativa llevó a incluir disposiciones específicas dirigidas a modelos de propósito general que implican transparencia sobre datos de entrenamiento y cumplimiento del derecho de autor europeo. El objetivo esencial es equilibrar los intereses de los titulares de derechos y los desarrolladores de IA para proteger derechos sin frenar la innovación.

El informe analiza como la IA generativa (GenAI) interactúa con el derecho de autor desde perspectivas técnica, legal y económica. Explora cómo los sistemas GenAI utilizan obras protegidas para entrenarse y generar nuevos contenidos, y qué marcos jurídicos de la UE son aplicables, incluyendo la Directiva sobre Derecho de Autor en el Mercado Único Digital y la Ley de Inteligencia Artificial. El informe discute los desafíos derivados de la recopilación masiva de datos, la falta de mecanismos estandarizados para que los titulares de derechos reserven o protejan sus obras (opt‑out) y las posibles soluciones técnicas para marcar y detectar contenido generado por IA. También aborda oportunidades para licenciar datos, transparencia de los modelos y la creación de un mercado funcional de datos de entrenamiento, además del lanzamiento previsto de un Centro de Conocimiento sobre Derecho de Autor para apoyar a creadores, desarrolladores y reguladores.