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Development of the EU Green Public Procurement (GPP) Criteria for Data Centres, Server Rooms and Cloud Services
Dodd, N., Alfieri, F., De Oliveira Gama Caldas, M., Maya-Drysdale, L., Viegand, J., Flucker, S., Tozer, R., Whitehead, B., Wu, A. y Brocklehurst, F | 2020
Se trata de un informe técnico encargado por la Unión Europea que establece criterios de Compra Pública Verde (GPP) para ayudar a las autoridades públicas a adquirir centros de datos, salas de servidores y servicios en la nube de forma que se consigan mejoras ambientales concretas. Su objetivo es orientar las compras hacia soluciones que contribuyan a los objetivos europeos de energía, clima y eficiencia de recursos, al tiempo que se reducen los costes a lo largo del ciclo de vida de los equipos y servicios. El informe propone criterios ambientales basados en indicadores verificables y buenas prácticas para integrar estos requisitos en los procesos de contratación pública, fomentando así infraestructura digital más eficiente y sostenible en la Unión Europea.
Energy-efficient Cloud Computing Technologies and Policies for an Eco-friendly Cloud Market
Montevecchi, F., Stickler, T., Hintemann, R. y Hinterholzer, S | 2020
Informe sobre tecnologías y políticas de computación en la nube eficientes energéticamente. Aborda el crecimiento del consumo energético de los servicios en la nube en Europa y la necesidad de frenar su impacto ambiental dentro de la Estrategia Digital Europea, con el objetivo de lograr centros de datos sostenibles y energéticamente eficientes para 2030. El informe también analiza el aumento previsto del consumo eléctrico de los centros de datos, el papel de la computación en el borde y la falta de una única solución técnica para alcanzar los objetivos.
Strategic roadmap for digitalisation and AI in energy
Comisión Europea | 2025
El artículo desarrolla como los centros de datos son una infraestructura esencial que soporta servicios digitales como almacenamiento en la nube, redes sociales, transmisión de vídeo y inteligencia artificial, pero que también representan un reto energético creciente debido a su elevado consumo de electricidad. Según estimaciones de la Agencia Internacional de la Energía, los centros de datos ya representaban unos 415 TWh a nivel mundial en 2024 y su consumo podría más que duplicarse hacia 2030, impulsado principalmente por la computación intensiva para IA, lo que plantea desafíos para la eficiencia energética y la capacidad de las redes eléctricas. En la UE, esto ha llevado a nuevas obligaciones de monitoreo y reporte energético, la creación de una base de datos europea sobre rendimiento energético y huella hídrica, y la preparación de un paquete de eficiencia energética para centros de datos con etiquetas y una hoja de ruta estratégica para integrar digitalización e IA de forma sostenible y alineada con la transición energética limpia.
Droit de l’open data. La construction du droit de l’open data. Les régimes juridiques de l’open data
William Gilles | Desconocida
Los datos abiertos se articulan, según la concepción europea, en torno a dos ramas: el derecho de acceso a los documentos administrativos y el derecho de reutilización de la información del sector público. El trabajo ofrece un estudio exhaustivo del marco europeo y francés en materia de open data (en particular, aquel desarrollado con la adopción de la Ley de 7 de octubre de 2016 para una República Digital).
Consejo Europeo y Consejo de la Unión Europea | 2025
La web explica que la IA es una tecnología digital que permite a los sistemas realizar tareas que normalmente requieren intervención humana, aprendiendo de datos y mejorando con el tiempo. La IA se usa en sectores como salud, educación, transporte, energía e industria para automatizar procesos, mejorar diagnósticos, personalizar aprendizaje y optimizar recursos. Aunque aporta beneficios sociales, económicos y medioambientales, también plantea riesgos como discriminación, sesgos, intrusión en la privacidad o manipulación de comportamiento. Por ello, la Unión Europea trabaja para promover una IA centrada en las personas, fiable, segura y respetuosa con valores europeos. El Reglamento de Inteligencia Artificial de la UE, primer marco legal de este tipo en el mundo, establece normas para usos específicos de IA, prohíbe prácticas de riesgo y busca equilibrar la innovación con la protección de derechos fundamentales.
Consejo Europeo y Consejo de la Unión Europea | 2026
La web explica como la Unión Europea ha adoptado el Reglamento de Inteligencia Artificial (AI Act), el primer marco jurídico mundial integral para regular los sistemas de IA, con el objetivo de que sean seguros, éticos y fiables. El reglamento clasifica las aplicaciones de IA según el nivel de riesgo que plantean, imponiendo normas más estrictas a las de mayor riesgo y prohibiendo aquellas que suponen un peligro para la seguridad o derechos de las personas, como la manipulación conductual o la puntuación social. El marco legal también establece obligaciones de transparencia, supervisión humana y sanciones proporcionales para quienes infrinjan las reglas. Además, crea estructuras de gobernanza (oficina, panel científico y grupo de expertos) para asegurar una aplicación uniforme en la UE. El Reglamento pretende equilibrar la protección de derechos fundamentales con la innovación y el desarrollo de un mercado único de IA en Europa.
Consejo Europeo y Consejo de la Unión Europea | 2025
La web aborda los beneficios y los riesgos de la IA. LA ofrecepotenciales beneficios a la sociedad y la economía, incluyendo mejoras en salud, transporte, educación, energía e industria, optimización de procesos y aumento de eficiencia. Sin embargo, su uso conlleva riesgos significativos: discriminación y sesgos algorítmicos, violación de la privacidad, perfilado y manipulación de comportamiento, ciberseguridad insuficiente y dependencia tecnológica. La Unión Europea busca equilibrar estos beneficios y riesgos mediante el Reglamento de Inteligencia Artificial (AI Act), que clasifica los sistemas de IA según su nivel de riesgo, prohíbe prácticas peligrosas y establece obligaciones de transparencia, supervisión humana y responsabilidad. El enfoque europeo promueve una IA centrada en las personas, segura, ética y confiable, compatible con los valores fundamentales de la UE, y fomenta un desarrollo innovador que impulse la competitividad y la protección de derechos en todos los sectores de la sociedad.
California AI Transparency Act Amendments Signed Into Law
Esther Kye & David Stauss | 2025
El artículo explica que el 13 de octubre de 2025 el gobernador de California firmó la ley que enmienda la California AI Transparency Act mediante el Assembly Bill 853 (AB 853). Las enmiendas amplían las obligaciones de transparencia para desarrolladores de IA generativa, plataformas en línea grandes y fabricantes de dispositivos de captura de multimedia, y retrasan la fecha de entrada en vigor de la ley hasta el 2 de agosto de 2026 para alinearla con estándares internacionales. Con estas modificaciones, California refuerza su régimen regulatorio de tecnologías emergentes y exige mayores requisitos de divulgación sobre IA
Washington’s AI Task Force Interim Report Explained: What Public Agencies, AI Vendors, and AI Deployers Need to Know
Heath Dixon | 2025
El artículo explica el Informe Interino de la Task Force de Inteligencia Artificial del Estado de Washington, publicado el 1 de diciembre de 2025, que ofrece recomendaciones para la gobernanza de la IA en el estado. Prioriza principios como transparencia, confiabilidad y gestión de riesgos, propone adoptar el NIST AI Risk Management Framework, transparencia en el desarrollo de IA y un enfoque regulatorio basado en el nivel de riesgo de los sistemas, con énfasis en prácticas éticas y supervisión responsable
TCAI Bill Guide: Utah’s HB 286, the AI Transparency Act
Transparency Coalition | 2026
La guía explica la propuesta legislativa HB 286, “AI Transparency Act” en Utah, que exige a desarrolladores de modelos de IA avanzados (frontier AI) publicar planes de seguridad pública y protección infantil, definir y mitigar riesgos catastróficos, reportar incidentes de seguridad y ofrecer protecciones a denunciantes (whistleblowers). La ley prohíbe declaraciones falsas sobre riesgos y establece penalidades, además de requerir informes periódicos a la Oficina de Política de IA del estado.