Referencias documentales

Polonia tiene conectividad fija robusta, destaca en digitalización de servicios públicos y avanza en computación cuántica e IA, pero las pymes adoptan lentamente tecnologías avanzadas y el despliegue de 5G está retrasado. El nivel de habilidades digitales es bajo, con brechas urbano‑rurales, y hay escasez de especialistas TIC, lo que frena la innovación empresarial. El país cuenta con una hoja de ruta de 55 medidas y €12,4 mil millones (≈1,47 % del PIB) para acelerar la transformación digital. Polonia reconoce la importancia de la transformación digital verde e impulsa financiación significativa desde el Plan de Recuperación y fondos de cohesión. Según el Eurobarómetro, la mayoría de ciudadanos cree que la digitalización facilita la vida y que es importante combatir la desinformación online y apoyar el crecimiento de empresas europeas.

Portugal muestra crecimiento estable en digitalización de servicios públicos, con alto acceso a historiales de salud electrónicos y redes de conectividad robustas (5G y gigabit), aunque su uso está por debajo de la media europea. La adopción de IA y tecnologías avanzadas por las empresas es lenta, y las habilidades digitales básicas están por debajo del promedio de la UE, con brechas según nivel educativo y edad. El país tiene 157 medidas y €2.15 mil millones para impulsar la transformación digital y está implementando la agenda Digital and Smart Nation, abordando también desafíos territoriales y ambientales. El acceso a servicios digitales ha mejorado, hay crecimiento de especialistas TIC (incluidas mujeres), y los ciudadanos valoran positivamente la digitalización y la necesidad de mitigar la desinformación en línea.

El informe sostiene que Rumanía cuenta con una infraestructura de conectividad fija bien desarrollada y está reforzando su papel en tecnologías críticas como semiconductores y computación cuántica, pero presenta deficiencias en I+D, innovación de pymes y adopción de tecnologías emergentes, limitando su competitividad. El país tiene una hoja de ruta de 98 medidas y €3,6 mil millones para impulsar la transformación digital, financiada en parte por el Plan de Recuperación. La digitalización de servicios públicos y la disponibilidad de datos de e‑salud han mejorado, aunque las capacidades digitales básicas siguen por debajo de la media de la UE y hay dificultades para retener talento TIC. Rumanía también avanza hacia una infraestructura digital más ecológica. Según Eurobarómetro, la mayoría de ciudadanos considera que la digitalización facilita la vida y que es importante mitigar la desinformación y apoyar el crecimiento de empresas europeas competitivas.

Eslovaquia ha mejorado infraestructura digital básica (banda ancha y 5G), pero queda rezagada frente a la media de la UE, especialmente en el despliegue general de redes y la digitalización empresarial. La hoja de ruta nacional incluye 127 medidas con un presupuesto de ≈ 2,26 mil millones € (~1,74 % del PIB) para 2025. Los especialistas TIC y las habilidades digitales de jóvenes muestran avances prometedores, pero hay barreras estructurales (escasez de profesores de TIC/matemáticas; gestión fragmentada) que limitan las capacidades digitales de toda la población. Se adoptó una hoja de ruta para digitalizar procedimientos administrativos en 16 situaciones prioritarias y se recomienda mejorar la usabilidad y disponibilidad de servicios públicos digitales, especialmente para usuarios transfronterizos. Iniciativas como “Capacidades digitales para el futuro ecológico” apuntan a combinar la transición verde y digital. Según el Eurobarómetro 2025, la mayoría valora la digitalización y la lucha contra la desinformación.

Eslovenia cuenta con infraestructura digital sólida (alta cobertura de fibra y 5G) y está activa en tecnologías clave como IA, semiconductores, nube y computación cuántica. Su hoja de ruta tiene 81 medidas con un presupuesto de ≈ 685 millones € (~1,02 % del PIB) para 2025. La adopción de tecnologías digitales avanzadas por parte de pymes es baja y las capacidades digitales básicas de la población son inferiores a la media de la UE, al igual que la proporción de especialistas TIC. Se recomienda mejorar la formación y ajustar la educación a las necesidades del mercado laboral. La transformación digital pública supera la media, con servicios digitales accesibles. Aunque se están dando pasos hacia una transición verde inteligente, falta un enfoque sistemático de integración digital‑verde. Según el Eurobarómetro 2025, la mayoría de ciudadanos valora la digitalización y quiere combatir la desinformación.

El informe explica que España tiene infraestructura digital sólida, con conectividad avanzada (fibra óptica ≈ 95 % y 5G ≈ 95 % de cobertura poblacional) y un alto número de nodos edge, situándose por encima de la media de la UE. La hoja de ruta incluye 67 medidas con ≈ 33,8 mil millones € (≈ 1,68 % del PIB) para 2024–25, focalizadas en digitalización, IA, semiconductores y habilidades digitales. La digitalización de empresas, especialmente pymes, aún está rezagada respecto a objetivos y hay recomendaciones para acelerar la adopción de IA y aumentar especialistas TIC. España ha promovido derechos digitales y protección de menores en línea. Los servicios públicos digitales (Mi Carpeta Ciudadana, DNI digital) están muy desarrollados y la ciudadanía valora la digitalización, así como la lucha contra la desinformación. La transformación digital se vincula también a la ecologización inteligente y a la ciberseguridad.

Suecia cuenta con infraestructura digital sólida (VHCN, FTTP, 5G por encima de la media de la UE) y un ambiente favorable a startups, pero no alcanzará el 100 % de cobertura de fibra por el coste de conectar zonas remotas. La hoja de ruta tiene 40 medidas con un presupuesto de ~€3,5 bn (0,5 % del PIB). Su población tiene altos niveles de habilidades digitales y la mayor proporción de graduados en TIC de la UE, aunque enfrenta retos para mantener el crecimiento de especialistas TIC. Suecia está por debajo de la media de la UE en acceso en línea a historiales médicos electrónicos debido a factores administrativos y legales. El Plan de Recuperación y Resiliencia se orienta a la transición verde, pero los aspectos digitales de la ecologización no destacan. Según el Eurobarómetro 2025, el 85 % valora la digitalización y el 97 % considera importante combatir la desinformación

Existe cierta inquietud entre los ciudadanos de New Hampshire respecto al estado de sus derechos de privacidad frente a las tecnologías de vigilancia empleadas por las fuerzas del orden en New Hampshire y el marco jurídico que limita su uso. La normativa estatal y la jurisprudencia del Tribunal Supremo exigen orden judicial para acceder al contenido y localización histórica de teléfonos móviles, instalar dispositivos GPS o utilizar simuladores de antenas, imponiendo además obligaciones de borrado de datos. Existen restricciones específicas para lectores automáticos de matrículas y cámaras corporales, incluyendo límites de conservación y protección frente al reconocimiento facial. Sin embargo, no hay regulación sobre drones, software de monitorización de redes sociales o “policía predictiva”. Aunque en 2018 se incorporó un derecho constitucional a la privacidad, su alcance práctico aún depende de interpretación judicial.

La ACLU (American Civil Liberties Union) de Massachusetts denuncia que más de 40 departamentos policiales del estado utilizan lectores automáticos de matrículas (LPR) de la empresa Flock Safety y comparten esos datos en una red nacional con más de 7.000 agencias. Esto permite que policías de otros estados puedan rastrear en tiempo real a conductores en Massachusetts sin orden judicial ni sospecha razonable. Aunque la ley estatal “Shield Law” busca proteger a quienes acceden a servicios sanitarios legales en Massachusetts, el sistema de intercambio masivo de datos debilita esa protección. La ACLU reclama una ley estatal que limite el uso, conservación y cesión de estos datos, exija órdenes judiciales y refuerce las garantías de privacidad frente a esta vigilancia masiva.

El Innovation Impact Report 2025 de Nueva Jersey muestra una expansión significativa del uso de inteligencia artificial en la administración pública para mejorar la eficiencia y el acceso a servicios esenciales. El informe destaca cómo la Oficina de Innovación del estado utilizó análisis de datos e IA para identificar y matricular automáticamente a casi 100.000 niños adicionales en el programa federal de ayudas alimentarias de verano (SEBT), ampliando el acceso a prestaciones sociales. También subraya la implantación del asistente generativo NJ AI Assistant, ya utilizado por 15.000 empleados públicos, que ha permitido ahorrar millones de dólares con un coste mínimo. Otras iniciativas incluyen herramientas de automatización para la gestión documental y el análisis de llamadas, así como chatbots piloto en centros de atención telefónica, reduciendo drásticamente los tiempos de espera. El informe presenta la IA como un instrumento práctico para modernizar la administración, mejorar la prestación de servicios públicos y optimizar recursos.