Fortaleciendo el acceso al conocimiento y el análisis crítico sobre los derechos digitales, este buscador permite explorar de forma ágil una cuidada selección de materiales y documentos, con fuentes confiables y actualizadas.
William Francis Galvin - Secretary of the Commonwealth | 2020
Este documento oficial del Estado de Massachusetts ofrece una guía práctica sobre la Ley de Registros Públicos, incluyendo definiciones, procedimientos y excepciones. Explica cómo los ciudadanos pueden solicitar información a las administraciones públicas, el papel del Responsable de Acceso a los Registros (RAO), y las condiciones bajo las cuales se puede denegar el acceso. Promueve la transparencia y el derecho de los ciudadanos a interactuar digitalmente con las instituciones públicas.
ACLU of Massachusetts Technology for Liberty Program (ft. Kade Crockford) | Inside Politicz #45
Inside Politicz | 2020
El episodio aborda el trabajo del Technology for Liberty Program de la ACLU de Massachusetts, centrado en garantizar que los avances tecnológicos no vulneren derechos fundamentales. Se destacan logros como el caso Carpenter v. United States, que obligó a las autoridades a obtener orden judicial para rastrear móviles. El programa combate la vigilancia masiva (drones, reconocimiento facial, rastreo digital) y promueve transparencia en el sistema judicial mediante el proyecto Data for Justice. Crockford subraya que la privacidad no está muerta: es un problema político que requiere leyes estrictas frente al poder corporativo y estatal para proteger derechos digitales.
Assessment List for Trustworthy Artificial Intelligence (ALTAI) for self-assessment
Hight Level Expert Group (HLEG) | 2020
El informe presenta una herramienta de autoevaluación creada por el High‑Level Expert Group on AI (AI HLEG) de la Comisión Europea para ayudar a desarrolladores y responsables de IA a aplicar los principios de una IA confiable en la práctica. Publicada el 17 de julio de 2020 tras un proceso piloto con más de 350 participantes, convierte los requisitos éticos de las Ethics Guidelines for Trustworthy AI en un listado dinámico de verificación. Estos requisitos son: agencia humana y supervisión, robustez técnica y seguridad, privacidad y gobernanza de datos, transparencia, diversidad, no discriminación y equidad, bienestar ambiental y social y rendición de cuentas. ALTAI permite que las organizaciones evalúen si sus sistemas de IA cumplen estos principios y adoptan medidas concretas para mitigar riesgos y asegurar que los usuarios se beneficien de la IA sin exponerse a peligros innecesarios; también existe como herramienta web interactiva.
AI HLEG – Sectoral Considerations on Policy and Investment Recommendations for Trustworthy AI
Hight Level Expert Group (HLEG) | 2020
El informe desarrolla las recomendaciones generales sobre IA confiable desde una perspectiva sectorial, reconociendo que la aplicación y los retos de la IA varían según el contexto. Partiendo de las Policy and Investment Recommendations de 2019, el informe explora cómo adaptar esas recomendaciones en tres sectores clave: el sector público, la sanidad y la manufactura e Internet de las Cosas (IoT), considerados esenciales para el bienestar social, la competitividad y la innovación europea. El análisis sectorial busca refinar las políticas y estrategias de inversión para IA confiable, incorporando experiencias y necesidades específicas de cada ámbito, con el fin de orientar a los responsables políticos sobre cómo aplicar principios de transparencia, equidad, seguridad y beneficios sociales en la práctica dentro de sectores concretos
El informe propone un conjunto de criterios éticos para guiar el desarrollo y uso de sistemas de inteligencia artificial confiables. Estas directrices establecen que una IA debe ser lícita (cumplir con las leyes y reglamentos vigentes), ética (respetar valores y principios éticos como dignidad humana, no discriminación y justicia) y robusta (técnica y socialmente segura para minimizar daños accidentales). El documento ofrece orientaciones para aplicar estos principios a lo largo del ciclo de vida de los sistemas de IA, contribuyendo a fortalecer la seguridad, transparencia, responsabilidad y confianza pública en tecnologías basadas en IA dentro de la Unión Europea, como base para futuras normas y prácticas sectoriales en este ámbito
Mobile driver’s license project announced in Delaware
Colin Wood | 2018
Delaware lanzó un programa piloto de licencias de conducir móviles (mDL) en colaboración con IDEMIA, con la participación de 200 empleados estatales y ciudadanos. Estas licencias digitales permiten verificar la identidad y edad sin mostrar información sensible, como la fecha de nacimiento completa. También ofrecen funciones de seguridad como autenticación facial y códigos QR. El piloto evaluó su uso en interacciones con la policía y comercios, buscando mejorar la privacidad, seguridad y comodidad del usuario. El objetivo es modernizar la identificación estatal y facilitar servicios digitales más seguros y eficientes.
Étude Annuelle 2018. La citoyenneté – Être (un) citoyen aujourd’hui
Conseil d'État | 2018
Informe anual del Conseil d’État (2018), que propone reflexionar sobre el concepto de ciudadanía a la luz de ciertos retos (pérdida de confianza en la clase política, persistencia de desigualdades, debilitamiento de los deberes cívicos…). El informe apunta a los espacios digitales como herramienta para fomentar la participación ciudadana, a través de mecanismos de tecnología ciudadana (civic tech), pero también como fuente de riesgos (desinformación, perpetuación de desigualdades), y aboga por adoptar una estrategia global basada en la educación cívica, el refuerzo de la democracia local y la reducción de brechas sociales.
La protection des données personnelles à l’épreuve de l’open data des décisions de justice : l’exemple des données des justiciables
Nathalie Mallet-Poujol | 2018
En la era de los datos abiertos sobre las resoluciones judiciales, la protección de los datos personales de los justiciables se convierte, más que nunca, una prioridad. Desde la adopción de la ley de 7 de octubre de 2016 para una República digital, las decisiones judiciales han de ponerse a disposición del público de forma gratuita, respetando la privacidad de las personas afectadas. Por ello, esta puesta a disposición debe ir precedida de un análisis del riesgo de identificación de las personas. Resulta así importante reflexionar sobre las condiciones de difusión de los datos relativos a la identidad, por cuanto contribuyen a la elaboración de perfiles de las personas por parte de los motores de búsqueda. La seudonimización no excluye por completo el riesgo de que una persona pueda ser identificada, lo que invita a una especial vigilancia.
Policy and investment recommendations for trustworthy Artificial Intelligence
Hight Level Expert Group (HLEG) | 2018
El informe presenta 33 recomendaciones dirigidas a las instituciones de la UE y los Estados miembros para promover una inteligencia artificial confiable que combine sostenibilidad, crecimiento, competitividad e inclusión, al mismo tiempo que empodere, beneficie y proteja a las personas. El documento forma parte de la estrategia europea de IA y acompaña las orientaciones éticas sobre IA confiable, destacando la necesidad de políticas públicas e inversiones que refuercen la gobernanza, la transparencia, la seguridad y el respeto de derechos fundamentales, e impulse la adopción de IA que favorezca la economía de datos y la innovación responsable en Europa. La UE, como actor clave en el desarrollo e implementación de IA, debe apoyar la creación de un ecosistema robusto con normas claras y financiación estratégica, equilibrando la protección de las personas con el fomento de tecnologías avanzadas
New Rules for Online Access to Databases and Other Records
Frayda S. Bluestein | 2017
l artículo analiza las modificaciones legales en Carolina del Norte que permiten a las agencias públicas cumplir con la ley de acceso a registros mediante su publicación online. Desde julio de 2017, si los registros están disponibles en formato digital que permita su visualización y descarga, no es obligatorio proporcionar copias físicas. Esto facilita el acceso ciudadano, especialmente en casos de solicitudes voluminosas o continuas