Referencias documentales

El artículo analiza cómo la pandemia de COVID-19 obligó a trasladar numerosos procesos judiciales penales a entornos virtuales, afectando de manera significativa a los derechos de los acusados. A partir de la observación de 396 horas de juicios en línea en Nueva Jersey, se identificaron problemas como fallos técnicos, dificultades para comunicarse con la defensa, pérdida de solemnidad, retrasos procesales y una menor transparencia pública. Estas carencias agravaron desigualdades ya existentes, especialmente para personas de bajos recursos o encarceladas, limitando su derecho a un juicio justo, a la asistencia letrada efectiva y a un proceso ágil y equitativo.

El informe presenta los resultados de una encuesta realizada en el condado de Allegheny (Pensilvania) sobre el conocimiento, experiencias y actitudes de la ciudadanía respecto al uso de algoritmos en la administración pública. Aunque solo el 8% de los encuEstados sabía de su existencia, más de la mitad reconoció que estos sistemas impactaban en su vida diaria. Las principales preocupaciones fueron la falta de transparencia, la escasa participación pública y el acceso de terceros a los datos. La confianza en los algoritmos varió según el sector: se aceptaban más en transporte, pero generaban fuerte rechazo en justicia penal y servicios sociales. Los grupos históricamente marginados mostraron mayor conciencia y desconfianza hacia estas herramientas.

El dictamen analiza los riesgos de un modelo “digital only” en Alemania. Señala que millones de personas, especialmente mayores, con discapacidades o en situación de pobreza, quedan excluidas cuando servicios públicos y privados solo se ofrecen en formato digital. Ejemplos incluyen banca, sanidad, transporte y administración, donde ya no existen alternativas analógicas. El estudio examina la base legal y constitucional, destacando principios como dignidad humana, libertad de elección, igualdad y derecho a la accesibilidad. Concluye que la obligación de utilizar medios digitales puede ser discriminatorio y propone reconocer un derecho fundamental a la participación analógica, garantizando opciones no digitales para preservar inclusión, autonomía y protección de datos

Informe del Ministére de la Justice sobre el impacto de la Loi n.º 2019-222, de 23 de marzo de 2019, por el que se introducen diversas reformas en el sistema judicial francés para fomentar el acceso abierto a las decisiones de los tribunales. En el trabajo se destaca la importancia de este cambio de sistema para cumplir con el ideal de transparencia y con el proyecto de digitalización de las Administraciones públicas, pero también se advierte de ciertas dificultades concernientes a la intimidad de las partes, que en ocasiones pueden ser identificadas pese a haber sido pseudonimizadas. Concluye reflexionando acerca de la posibilidad de repensar el sistema para diferenciar el grado de acceso en función de los fines, además de adoptar medidas de protección más eficaces para los interesados.

La ley del 7 de octubre de 2016 para una República digital regula los datos abiertos de las decisiones judiciales. En este sentido, no recomienda la anonimización, sino la seudonimización de las decisiones publicadas en línea. La seudonimización tiene como objetivo ocultar únicamente la información que permite una identificación «directa» (apellidos, direcciones, etc.). No pretende impedir la identificación indirecta, es decir, la que se podría realizar cotejando los detalles del caso con otra información. Su dificultad radica en trazar la línea entre la información demasiado identificativa, que debe ocultarse, y la información que se decide dejar visible.

Informe anual del Conseil d’État (2018), que propone reflexionar sobre el concepto de ciudadanía a la luz de ciertos retos (pérdida de confianza en la clase política, persistencia de desigualdades, debilitamiento de los deberes cívicos…). El informe apunta a los espacios digitales como herramienta para fomentar la participación ciudadana, a través de mecanismos de tecnología ciudadana (civic tech), pero también como fuente de riesgos (desinformación, perpetuación de desigualdades), y aboga por adoptar una estrategia global basada en la educación cívica, el refuerzo de la democracia local y la reducción de brechas sociales.

En la era de los datos abiertos sobre las resoluciones judiciales, la protección de los datos personales de los justiciables se convierte, más que nunca, una prioridad. Desde la adopción de la ley de 7 de octubre de 2016 para una República digital, las decisiones judiciales han de ponerse a disposición del público de forma gratuita, respetando la privacidad de las personas afectadas. Por ello, esta puesta a disposición debe ir precedida de un análisis del riesgo de identificación de las personas. Resulta así importante reflexionar sobre las condiciones de difusión de los datos relativos a la identidad, por cuanto contribuyen a la elaboración de perfiles de las personas por parte de los motores de búsqueda. La seudonimización no excluye por completo el riesgo de que una persona pueda ser identificada, lo que invita a una especial vigilancia.

Análisis crítico de la Ley de la República Digital francesa (Loi sur la République numérique, o Loi Lemaire), como ejemplo de un nuevo enfoque sobre la participación ciudadana en el proceso legislativo. La autora destaca cómo las tecnologías digitales permiten una mayor intervención de la ciudadanía en la redacción de leyes, participando en la elaboración de proyectos de ley y en el debate parlamentario. No obstante, también advierte de los importantes riesgos que presenta, como la concentración de participación (posibilidad de que unos pocos ciudadanos especialmente activos controlen el proceso) y la consiguiente falta de representatividad, o la probable infiltración de grupos de interés (lobbies) en estos procesos.

El informe evalúa los avances de la UE hacia los objetivos digitales de 2030. Identifica mejoras en cobertura básica de 5G y despliegue de nodos periféricos, pero señala que la UE sigue lejos de metas clave como IA, semiconductores, 5G autónoma, habilidades digitales y protección de grupos vulnerables. Las hojas de ruta nacionales suman inversiones de 288 600 millones € pero el informe pide más inversión pública y privada para fortalecer infraestructura y capacidades digitales. También se ofrecen resúmenes de 27 informes por país y se vincula con otros documentos de monitoreo y recomendaciones horizontales.

La web explica la Declaración Europea de Derecho y Principios Digitales que establece un marco para que la UE dirija la transformación digital conforme a valores europeos, poniendo a las personas en el centro y protegiendo sus derechos online y offline. Se articula en seis principios: poner a las personas y sus derechos en el centro; promover solidaridad e inclusión con acceso a servicios y habilidades digitales; garantizar libertad de elección y protección frente a contenidos dañinos; fomentar la participación democrática y control de datos; asegurar un entorno digital seguro y protegido para todos; y apoyar la sostenibilidad y el impacto ambiental de las tecnologías digitales. La declaración sirve de guía para políticas y legislación de la UE y se monitoriza periódicamente, con cifras que muestran percepciones de los ciudadanos sobre protección de derechos digitales, inclusión y sostenibilidad.