Referencias documentales

El 23 de enero de 2025, la Comisión Nacional Consultiva de Derechos Humanos adoptó un dictamen sobre la protección de la intimidad de los jóvenes en Internet. En él se establecen cuatro ejes: la prevención de la violencia sexual, el control de las redes sociales, la regulación de la inteligencia artificial y la mejora de la respuesta penal. Célia Zolynski, profesora de Derecho privado en la Universidad Paris 1 Panthéon-Sorbonne y ponente del dictamen, presenta sus recomendaciones a lo largo de la presente entrevista.

Los jóvenes están muy presentes en las redes sociales, tanto para informarse, jugar y comunicarse como para compartir su día a día a través de mensajes, fotos y vídeos. A veces intercambian contenidos íntimos, exponiendo así su vida sexual y afectiva, con el riesgo de enfrentarse a actos maliciosos y a importantes violaciones de su intimidad. El dictamen propone cuatro ejes prioritarios de acción: 1. La prevención de la violencia sexual y sexista en línea a través de acciones de sensibilización; 2. La regulación de las redes sociales; 3. La regulación de la inteligencia artificial; y 4. El refuerzo de la respuesta penal.

La protección de los menores se impone como un eje central de la regulación digital tanto en la Unión Europea como en el Reino Unido. El año 2025 ha visto la materialización de las grandes leyes adoptadas en los últimos años en materia de regulación digital, entre las que destacan el Reglamento Europeo sobre Servicios Digitales (DSA) y la Ley de Seguridad en Línea del Reino Unido, que se basan en una lógica de evaluación de riesgos por parte de los proveedores de servicios en línea que pueden ser utilizados por niños y adolescentes. Entre las medidas de mitigación de riesgos recomendadas por los reguladores, la más emblemática es la de verificar la edad de los usuarios para acceder a servicios en línea potencialmente perjudiciales para los menores. Por ello, el pasado 14 de julio, la Comisión Europea publicó sus directrices para «ayudar a los proveedores de plataformas a aplicar estas medidas de protección de los menores».

El informe evalúa los avances de la UE hacia los objetivos digitales de 2030. Identifica mejoras en cobertura básica de 5G y despliegue de nodos periféricos, pero señala que la UE sigue lejos de metas clave como IA, semiconductores, 5G autónoma, habilidades digitales y protección de grupos vulnerables. Las hojas de ruta nacionales suman inversiones de 288 600 millones € pero el informe pide más inversión pública y privada para fortalecer infraestructura y capacidades digitales. También se ofrecen resúmenes de 27 informes por país y se vincula con otros documentos de monitoreo y recomendaciones horizontales.

La web explica la Declaración Europea de Derecho y Principios Digitales que establece un marco para que la UE dirija la transformación digital conforme a valores europeos, poniendo a las personas en el centro y protegiendo sus derechos online y offline. Se articula en seis principios: poner a las personas y sus derechos en el centro; promover solidaridad e inclusión con acceso a servicios y habilidades digitales; garantizar libertad de elección y protección frente a contenidos dañinos; fomentar la participación democrática y control de datos; asegurar un entorno digital seguro y protegido para todos; y apoyar la sostenibilidad y el impacto ambiental de las tecnologías digitales. La declaración sirve de guía para políticas y legislación de la UE y se monitoriza periódicamente, con cifras que muestran percepciones de los ciudadanos sobre protección de derechos digitales, inclusión y sostenibilidad.

El Eurobarómetro Especial sobre la Década Digital 2025 es una encuesta realizada entre febrero y marzo de 2025. Analiza las percepciones y expectativas de los ciudadanos sobre el uso futuro de tecnologías digitales en la vida diaria, su beneficio o desafío y la importancia prevista de herramientas digitales en ámbitos como educación, trabajo o salud hasta 2030. Evalúa el apoyo público a las prioridades políticas de la UE (habilidades digitales, servicios públicos digitales, acceso equitativo), así como los desafíos en línea como el bloqueo geográfico y la protección de menores. Finalmente, explora el conocimiento y confianza de los ciudadanos sobre sus derechos digitales y la eficacia de la UE y los gobiernos nacionales en protegerlos, examinando la confianza en las instituciones para mantener un entorno digital seguro y con valores democráticos.

El artículo explica que la Comisión Europea ha propuesto ampliar hasta diciembre de 2027 (unos 16 meses más) el plazo para que las empresas tecnológicas cumplan los requisitos de supervisión de los sistemas de IA de alto riesgo establecidos en el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, que entró en vigor en 2024 y clasifica la IA según el nivel de riesgo para usuarios y derechos. El aplazamiento desplaza la aplicación de obligaciones estrictas —como controles, transparencia y estándares técnicos— que debían comenzar en agosto de 2026, argumentando que aún no se han publicado todos los estándares necesarios para su cumplimiento. La Comisión defiende el cambio como necesario para brindar certeza legal y apoyo a pymes y startups, mientras que críticos sostienen que puede favorecer a grandes tecnológicas y debilitar la protección de derechos fundamentales si se reduce la exigencia regulatoria en nombre de la competitividad e innovación.

El informe examina cómo se está implementando la IA en la atención sanitaria y por qué, pese a su potencial para mejorar eficiencia operativa, reducir cargas administrativas y apoyar diagnósticos y tratamientos, su adopción clínica real sigue siendo lenta. A través de revisión bibliográfica y consultas con actores sectoriales, identifica múltiples obstáculos tecnológicos y de datos, complejidades legales y regulatorias, desafíos organizativos y barreras sociales o culturales que dificultan el despliegue de IA en hospitales y sistemas sanitarios. El estudio también señala estrategias exitosas aplicadas globalmente que pueden servir de inspiración y plantea consideraciones para actuaciones futuras, proponiendo un marco de indicadores para monitorizar e integrar la IA de manera sostenible, equilibrando la innovación con la protección de los derechos fundamentales de pacientes y profesionales.

Factsheet en el que se visualiza el plan que la UE ha lanzado para fortalecer la resiliencia del sector sanitario frente a ataques cibernéticos, especialmente ransomware y otras amenazas que pueden poner en riesgo datos sensibles y la continuidad de los servicios de salud. El plan se articula en torno a cuatro pilares: prevención (mejorar la preparación y gestión de riesgos, formación de personal), detección (herramientas y alertas tempranas), respuesta y recuperación (servicios de respuesta a incidentes y ejercicios de ciberseguridad), y disuasión de actores maliciosos. La iniciativa, desarrollada en colaboración con proveedores sanitarios, Estados miembros y la comunidad de ciberseguridad, también contempla la creación de un centro de apoyo europeo para hospitales y recursos específicos para fortalecer capacidades técnicas y operativas. El objetivo es proteger los sistemas sanitarios como infraestructuras críticas y garantizar un entorno más seguro para pacientes y profesionales en toda la UE.

La noticia alerta de que las propuestas de “Digital Omnibus” de la Comisión Europea —presentadas como un paquete de simplificación normativa— en realidad supondrían un retroceso grave en las protecciones de derechos humanos digitales en la UE, debilitando marcos como el GDPR, ePrivacy y el AI Act que protegen la privacidad, limitan la vigilancia y evitan decisiones automatizadas injustas. Denuncian que el proceso se está llevando a cabo con poca transparencia y sin supervisión democrática adecuada, lo que podría facilitar seguimiento constante de personas, control de dispositivos y acceso a datos sensibles, y permitir que empresas e instituciones esquiven responsabilidades y obligaciones de rendición de cuentas. Las organizaciones instan a la Comisión a detener estos cambios, reafirmar un enfoque basado en derechos y mantener mecanismos efectivos de defensa y responsabilidad para proteger a la ciudadanía en el entorno digital.