Referencias documentales

Se trata de una web donde se explica el AI Act Service Desk como un punto de apoyo oficial de la Comisión Europea para facilitar la interpretación y aplicación del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial (AI Act), que entró en vigor el 1 de agosto de 2024 y se implementará hasta 2027. Ofrece a ciudadanos, empresas, administraciones y otros interesados la posibilidad de enviar preguntas al equipo de expertos del AI Office sobre cómo entender y cumplir las obligaciones del AI Act mediante un formulario en línea accesible con EU Login, aceptando consultas en todas las lenguas oficiales de la UE. Este servicio forma parte de la plataforma única de información que centraliza recursos, herramientas interactivas (como un comprobador de cumplimiento y un explorador del texto del AI Act) y guías para ayudar a navegar el marco regulatorio europeo sobre IA y apoyar una implementación coherente y accesible en toda la Unión.

El documento aborda la revisión de la ePrivacy Directive (2002/58/EC) aboga por un nuevo marco jurídico más claro, fuerte y actualizado que complemente y especifique las protecciones del GDPR, sin rebajar el nivel actual. Insiste en proteger la confidencialidad de las comunicaciones electrónicas como un derecho fundamental para todos los servicios, incluidos VoIP, mensajería móvil, IoT y redes Wi‑Fi públicas. El consentimiento debe ser genuino y libre, sin “muros de cookies”, y ampliarse la protección del tráfico y datos de localización. Se solicita que el nuevo instrumento permita el uso de cifrado de extremo a extremo sin puertas traseras y que mejore la protección contra comunicaciones no solicitadas, requiriendo consentimiento previo. Asimismo, el EDPS recomienda extender el alcance y armonizar la aplicación para cubrir tecnologías modernas y garantizar mecanismos eficaces de consentimiento y revocación.

Artículo que analiza la evolución del marco normativo francés en el ámbito concreto de los efectos de la muerte de una persona sobre sus bienes digitales, destacando en particular cómo la Loi Informatique e Libertés habilita a los individuos para hacer disposiciones post mortem, yendo más allá de lo previsto por el Reglamento General de Protección de Datos. El autor examina críticamente el surgimiento de una nueva industria, los servicios funerarios digitales, que no se limita a la eliminación de perfiles en redes sociales, sino que ofrece otras prestaciones, como cementerios virtuales o deadbots (bots que utilizan IA para simular conversaciones con la persona fallecida).

Informe sobre el estado y las perspectivas de la Inteligencia Artificial (IA), para ofrecer una estrategia nacional y europea para su desarrollo. El autor destaca el impacto, positivo y negativo, que puede tener la IA en distintos ámbitos: investigación, trabajo, medioambiente, educación, agricultura, defensa… A lo largo del trabajo se articulan propuestas para reforzar la apertura de estas tecnologías, la construcción de un marco ético que evite discriminaciones y permita auditar los resultados generados artificialmente, o la mayor inclusividad y diversidad en el entrenamiento de estos sistemas para reducir sesgos. El informe destaca el papel central del Estado francés como regulador e impulsor de la IA.

El inciso (k) de la sección 21-6101 del Código Penal de Kansas establece que es ilegal instalar o utilizar dispositivos para escuchar, grabar, amplificar o transmitir sonidos en un lugar privado sin el consentimiento de las personas allí presentes. Esta disposición busca proteger la privacidad en espacios donde se espera confidencialidad, como viviendas o lugares de trabajo. La violación de esta ley puede resultar en sanciones penales, reflejando el compromiso del Estado con la protección de la privacidad individual frente a la vigilancia no autorizada.

Este documento presenta las Conclusiones del Consejo de la UE que subrayan la importancia de las tecnologías digitales y la inteligencia artificial (IA) para la competitividad, innovación y desarrollo de Europa, especialmente tras la pandemia de COVID‑19. Reconoce que las tecnologías digitales pueden mejorar la vida de las personas y contribuir a la protección y promoción de los derechos fundamentales y la democracia, siempre que se desarrollen y utilicen de forma responsable, centrada en las personas y respetuosa con los valores europeos. También señala que el uso indebido de estas tecnologías puede implicar riesgos para los derechos de los ciudadanos. El texto enfatiza la necesidad de abordar estos riesgos, promoviendo transparencia, supervisión humana, cumplimiento de normas existentes y adaptación de marcos legales para asegurar la compatibilidad de la IA con los derechos consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE.

El documento contiene Conclusiones del Consejo de la UE sobre la Carta de Derechos Fundamentales en el contexto de la inteligencia artificial (IA) y el cambio digital. El Consejo subraya la necesidad de que la transformación digital y el uso de tecnologías como la IA respeten y promuevan los valores y derechos fundamentales consagrados en la Carta de la UE, garantizando dignidad humana, libertad, igualdad, democracia, Estado de derecho y derechos humanos. Reconoce que la IA puede aportar beneficios en salud, servicios públicos y protección de derechos, pero también plantea riesgos (discriminación, opacidad, sesgo, amenazas a libertad de expresión y privacidad). Aboga por un enfoque centrado en las personas, con seguridad, transparencia, supervisión humana, protección de datos y medidas que aseguren que la digitalización y la IA respeten la igualdad, no discriminación y derechos sociales y democráticos

El Estado de Maine aprobó una ley que prohíbe el uso de tecnología de reconocimiento facial por parte de empleados públicos, incluidos cuerpos policiales, salvo excepciones muy limitadas. La norma, considerada la más estricta del país, busca proteger la privacidad y las libertades civiles. Permite acciones legales contra quienes la infrinjan y exige transparencia en las solicitudes de uso por parte de agencias como el FBI o el BMV

El artículo analiza la necesidad de establecer una legislación específica en Pensilvania para proteger los datos biométricos de los ciudadanos. Examina los riesgos asociados al uso creciente de huellas dactilares, reconocimiento facial y otros identificadores únicos, señalando que, a diferencia de contraseñas o números de seguridad social, los datos biométricos no pueden ser sustituidos en caso de robo. El texto compara modelos existentes como la BIPA de Illinois, la CCPA de California y el GDPR europeo, proponiendo que Pensilvania adopte un marco legal amplio que defina la biometría, garantice derechos de privacidad, permita acciones privadas de reclamación y establezca sanciones. La autora concluye que la regulación estatal es esencial para prevenir abusos y reforzar la confianza ciudadana.

El estudio analiza el uso de tecnologías biométricas impulsadas por IA en la Unión Europea y su impacto sobre derechos fundamentales y principios éticos. Examina casos como el reconocimiento facial en espacios públicos, la identificación remota, clasificación biométrica y sistemas de “reconocimiento de emociones”, subrayando que estas tecnologías pueden vulnerar la privacidad, la protección de datos y la libertad individual. Frente a los marcos legales actuales, centrados en la identificación, la investigación identifica lagunas regulatorias que dejan sin cubrir desarrollos emergentes que también afectan derechos y democracias. El documento sitúa estos debates dentro del contexto del proyecto de Reglamento de IA de la UE, proponiendo opciones políticas para fortalecer la protección de derechos, garantizar transparencia, justicia y responsabilidad en el despliegue de tecnologías biométricas y asegurar que la regulación atienda a los riesgos y a los rápidos avances técnicos